Por estas horas, el gobierno y algunos liberales se aferran a una mirada estrictamente legalista para tratar de comprender un problema político, del que el conflicto entre el gobierno nacional con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es apenas un emergente. 

Torres amenaza con cortar el suministro de petróleo de Vaca Muerta si el gobierno de Buenos Aires no le devuelve $13,000 millones de coparticipación que le detrajo en función de la cláusula de garantía de un préstamo que tomó el anterior gobernador peronista. En rigor, el gobernador chubutense no va a ordenar cerrar una válvula, sino que va a apelar a la relación directa que tiene con el sindicato petrolero de la provincia. Los trabajadores pueden hacer una huelga.

Espantados, periodistas de LN+ le planteaban al mandatario: “gobernador, ud no puede cometer un acto ilegal”. Pero Torres, técnicamente, no cometería ningún delito. 

Los liberales tienen que comprender que no alcanza con sacar el contrato de un cajón para mostrarle a propios y ajenos que el anterior gobernador peronista comprometió la coparticipación de su provincia en un préstamo con la Nación y que ahora a Milei lo asiste el peso de la legalidad.

La mirada estrictamente legalista diría que Torres debería quedarse en silencio, porque así lo dice el contrato. Y que tampoco el resto de los gobernadores radicales y del PRO deberían apoyar políticamente a Torres, porque no tiene razón contractual. 

Pero no se trata de un conflicto legal. Si así lo fuera, el propio Torres se sentaría en el sillón de la gobernación en Rawson a la espera de que la Corte Suprema defina. El gobernador, incluso, procuró negociar esa deuda con la Nación. Porque en definitiva, no la contrajo él sino su antecesor peronista.

Para aquellos liberales que procuran tener una mirada complaciente con los desplantes del presidente Javier Milei, desempolvar el contrato y agitarlo es solo una demostración de ingenuidad, similar al legalismo en el que suele incurrir la izquierda socialista cuando quiere justificar alguna posición política apelando a artículos de la Constitución.

Los problemas macro y micro de Milei

El conflicto con Chubut expone dos problemas. Uno de tipo macro, que tiene que ver con la relación fiscal y económica de las provincias con el gobierno federal. El otro es micro, de la interna del bloque liberal. 

En el primero, el gobierno de Milei pretende obligar a los mandatarios provinciales a que hagan un saneamiento presupuestario duro. El presidente tiene una mirada peyorativa de los gobernadores. Recientemente ha dicho que “ellos creen que la gente los ama y en realidad los desprecia”. Milei supone que los gobernadores van a dejar sin empleo a miles de empleados públicos, que en su imaginario son ñoquis. Hay que tener en cuenta que Argentina tiene unos 2,5 millones de empleados públicos. Solo unos 350.000 son nacionales. El resto son provinciales y municipales. 

Así como el 50% del presupuesto nacional se lo lleva el gasto en jubilaciones, en la mayoría de las provincias y las comunas, (sobre todo en el Gran Buenos Aires) el 70% de los presupuestos se destinan a pagar salarios de empleados públicos. Las dudas sobre qué función cumplen son razonables. Lo no razonable es pretender que un empleado que hace 20 años se dedica a dar un número en una oficina pública salga de ahí y vaya a trabajar al sector privado. En definitiva, no es su responsabilidad, ni tampoco es claro que todo ello implique militancia de fondo. 

Técnicamente, el empleo público apalancado por contactos políticos se denomina “patronazgo” y es un régimen muy extendido en Argentina que existe casi desde que se puso en vigencia la Constitución. Todo gobierno considera necesario crear algún instituto para llevar a cabo políticas públicas y poblarlo con militantes. Por más que al gobierno libertario no le guste, no se puede reducir una plantilla de 2,15 millones de empleos públicos a los chancletazos. Si no entiende eso, el conflicto con las provincias se va a extender. 

Las provincias tienen otro problema. La mayor parte de esos 2,15 millones de empleados son maestros, médicos, enfermeros y personal administrativo y de maestranza de colegios y hospitales cuya jurisdicción y gasto les fueron transferidos en la década del 90’, sin financiamiento. Los impuestos más importantes, el IVA y Ganancias, los sigue recaudando la Nación. Si se suma desfinanciamiento estructural con el mal manejo de parte de los gobernadores, el resultado es provincias siempre al borde de la quiebra.

En ese marco, hay un acuerdo político implícito entre Buenos Aires y los gobernadores. El dinero de las transferencias automáticas, la coparticipación, no se puede tocar unilateralmente. Frenar una coparticipación a una provincia es prácticamente una declaración de guerra. Eso es lo que ha hecho Javier Milei, encaprichado con Torres porque el chubutense le cuestionó ante un juez la eliminación de los subsidios al transporte de colectivo. En la mirada de Milei, Torres es un traidor que no acata su directiva y es del PRO.

La dimensión micro del conflicto va a la interna del espacio “liberal” por así decirlo. Son los gobernadores del PRO y la UCR que políticamente han demostrado mayor predisposición a acordar con Milei. El presidente no parece diferenciar entre potenciales aliados y enemigos. 

En su mirada es todo “casta”. Inclusive, parece tener mayor ensañamiento con sus adversarios “internos” que con los peronistas, quienes por ahora se ríen a la espera de que todo se vaya desgastando y la gente se canse.

La semana pasada Milei trató de “ratas” a los diputados, y calificó de “traidor” a Ricardo López Murphy.  El presidente aspira a que el tradicional espacio de pensamiento liberal y democrático, opuesto al nacionalismo peronista, sea absorbido íntegramente por su interpretación ideológica anti comunista. Una especie de trotskismo de derecha. Se busca la pureza de un supuesto pensamiento liberal como si eso fuera esencial para hacer una revolución conservadora.

Gobernadores a la defensiva

Los gobernadores de Juntos por el Cambio, por definir al espacio de alguna manera, salieron entonces en respaldo del chubutense. Entienden que hoy el conflicto puede ser con el patagónico y mañana con alguno de ellos. Si Torres apela a sus vínculos con los sindicatos petroleros para frenar la producción de petróleo en el país, no sería extraño que conflictos similares se vean entre los sindicatos aceiteros o los portuarios de Santa Fe, que son vitales para sacar la cosecha de soja ahora en apenas unas semanas. O que empiece a haber conflictos con los camioneros vitales para el transporte de mercaderías. 

Los liberales no tienen que perder de vista que no es un conflicto legal con una provincia. Tienen que comprender  que pueden estar ante una crisis más amplia con las provincias y varias corporaciones que no están dispuestas a cambiar o que no quieren ser corridas a los chancletazos y que el peronismo espera pacientemente.