«Es muy lamentable que el equipo de la Oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo aciones impropias favoreciendo grupos golpistas y terroristas, en contravención del acuerdo que lo regulaba», afirmó el embajador de Venezuela, Alexander Yánez. El documento es secreto, y su contenido se desconoce. Alimenta sin embargo la intriga en las labores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, máxima autoridad mundial en la materia.

«El pronunciamiento de la Oficina que motivó la cesación de funciones en Venezuela, estaba en perfecta correspondencia con el relato de los sectores más radicales de la oposición venezolana … justamente aquellos que planificaban o tenían comprobada participación en el asesinato del Presidente de la República», agregó el embajador Yánez, sin aportar ninguna prueba.

El Alto Comisariado que dirige Volker Turk, rechazó la acusación por «incompatible con la carta de entendimiento acordada por el Gobierno» venezolano y su personal enviado a Caracas, «como base para nuestra presencia». Ginebra mantiene no obstante la esperanza de «reanudar pronto plenamente su labor al servicio de la población venezolana… en el respeto mutuo, y el dialogo franco y transparente, en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina». Se pronunciaron en apoyo Argentina, Canada, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, y oeneges.

A continuación las deliberaciones prosiguieron en la sede de la ONU en Ginebra en torno a la «actualización oral», de la Misión de 3 expertos antes consignada, desde el informe anterior de septiembre de 2023 hasta hoy. Explicaron que la represión en Venezuela «funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».

Teniendo como referencia que «el 1 de marzo de 2024 la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre crímenes de lesa humanidad», las autoridades venezolanas y la oposición, habían con anterioridad pactado «la celebración de las elecciones presidenciales previstas» para el 28 de julio próximo, y «promover un proceso electoral pacífico y participativo».

El acuerdo precedió la liberación de 5 presos, «detenidos arbitrariamente» los cuales «siguieron enfrentando procesos penales». El partido de la oposición «Vente Venezuela» eligió como candidata a María Corina Machado, pero «un diputado de un partido afin al gobierno pidió la nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral». La Fiscalía General «anunció una investigación penal por traición a la patria y asociación para delinquir». El «Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo las primarias», y luego inhabilitó a Machado.

A su vez, el 3 de diciembre de 2023, el gobierno convocó a la población a «un referéndum consultativo» para apoyar la reivindicación sobre la «Guyana Esequiba». Entonces «el Fiscal General» lanzó pedidos de captura contra 14 personas, entre ellos varios lideres políticos en el exilio, 3 miembros del Comité Nacional de «Vente Venezuela» y el Presidente de la ONG «Súmate», detenido «y excarcelado semanas después con medidas alternativas».

A continuación, la Misión recuerda que, «como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan «conspiraciones » reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o criticas al gobierno». Añade que «de 25 venezolanos excarcelados por el gobierno, entre octubre y diciembre del 2023», 16 de los mismos fueron mencionados por la Misión en informes previos como víctimas del violaciones de los derechos humanos». Al despedir el año 2023, «el Presidente Maduro señaló haber desactivado 4 conspiraciones para organizar golpes de Estado o para asesinarlo». Pidió en respuesta activar la «Furia Bolivariana», algo similar a lo acontecido en 2020.

Al iniciar 2024, la Misión informa que «el Fiscal General dio a conocer una conspiración que denominó «Brazalete Blanco», atribuyéndole también como objetivo «asesinar a Maduro y otras personas». Al tiempo, «el Ministerio de Defensa publicó una lista de 33 militares que fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusados de estar implicados en varias conspiraciones», preludio de una «nueva ola de detenciones de sindicalistas, exilados, opositores y 1 militar: 14 en total.

Conmovió la detención «sin orden judicial» de «la destacada defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad», Rocío San Miguel, el 9 de febrero último en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar al exterior…..con detenciones paralelas de su hija y 4 familiares. Todos fueron presentados ante un juez el 13 de febrero, «superando el plazo de 48 horas establecido por la ley». Estaban secuestrados en El Helicoide, «uno de los centros de tortura ya documentado» por la Misión. El 15 de febrero, la Oficina de la ONU en Caracas denunció el caso en un tweet, reclamando «garantías procesales, incluido el derecho a la defensa», tal vez la causa, en represalia, del cierre de dicha Oficina de la ONU en Caracas.

Ademas de Rocío San Miguel, «la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en «conspiraciones», que según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años». Se añaden las detenciones de 6 miembros del movimiento opositor, «Vente Venezuela», 4 de los cuales continuan encarcelados. A juicio de la Misión, tales hechos restringen «el espacio cívico y democrático cada vez más frágil».

«A partir de finales del 2023, ha aumentado la represión, con arrestos arbitrarios, desaparición forzada y la incomunicación de personas, que si bien antes ocurrían, ahora se agudizan con las desapariciones por varios días, incluso semanas. A ello se suma el incremento del número de presos políticos. Se une a esto la criminalización hacia organizaciones de la sociedad civil, previsto por el proceso de aprobación de la ley de fiscalización de oeneges, que de aprobarse, significaría la ilegalización de las mismas, afectando a millones de personas beneficiarias de la labor que estas hacen en el ámbito humanitario y de derechos humanos», estimó Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, desde Venezuela.

«Continuan las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. En un año electoral como este, avanza el cierre del espacio público. La situación de los derechos económicos y sociales debe ser atendida. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe apoyar con firmeza el regreso de la Oficina del Alto Comisionado, y en septiembre próximo renovar el mandato de la Misión Internacional independiente de determinación de los Hechos», concluyó el Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos, PROVEA, con sede en Caracas.

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Los 3 expertos independientes mandatados por la ONU para investigar la represión en Venezuela son: Marta Valiñas (Presidenta, Portugal), Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).