La Argentina continúa destruyendo recursos pesqueros y, con ello, el trabajo de miles de personas, al igual que ayer cuando se privatizaban y liquidaban empresas de cualquier forma entregando la Patria. Con sólo ver la caída exportable de los recursos pesqueros de este semestre se entenderá la gravedad de un sector que urge de medidas sustentables.
    Es dable mencionar que hay todo un marco legal violado por anomia del gobierno y que nos lleva directo al tribunal internacional. Se trata de la Ley 24.543, de octubre de 1995: "Apruébase la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de julio de 1994, respectivamente".
    Argentina se compromete en el punto “C” a aplicar una Ley internacional con el alcance de ser la "ley de los Océanos":

    "c) El gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin".
    La Argentina tiene la obligación como Estado de ejercer eficazmente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolan su pabellón. Recordando que en el "Programa 21", aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se pide a los Estados que tomen medidas eficaces, acordes con el Derecho Internacional.
    Lo cierto es que, en la actualidad, la realidad argentina no tiene nada que ver con lo rubricado en el Programa 21. Tampoco lo suscripto por la Convemar. La única realidad nacional es pura corrupción.
    Adunaré que Argentina esta Adscripta al codigo de pesca responsable de la fao el cual tambien viola y es un tratado Internacional.(1)


    7.6.9 Los Estados deberían adoptar medidas apropiadas para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes, las capturas realizadas por artes de pesca perdidas o abandonadas, la captura de especies que no son objeto de pesca, tanto de peces como de especies distintas de los peces, y los efectos negativos en las especies asociadas o dependientes, en particular las especies que estén en peligro de extinción. Cuando proceda, estas medidas podrán incluir medidas técnicas relacionadas con la talla del pescado, la luz de malla o las artes de pesca, los descartes, temporadas y zonas de veda, y zonas reservadas para determinadas pesquerías, especialmente para la pesca artesanal. Estas medidas deberían ser aplicadas, cuando proceda, para proteger a los juveniles y los reproductores. Los Estados y las organizaciones o arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera deberían fomentar, en la medida de lo posible, el desarrollo y la utilización de artes y técnicas de pesca selectivas rentables e inofensivas para el medio ambiente.

    7.6.10 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales y regionales de ordenación pesquera, en el marco de sus respectivas competencias, deberían adoptar medidas referentes a los recursos agotados y a aquellos recursos en peligro de agotamiento a fin de facilitar la recuperación sostenida de dichas poblaciones. Deberían hacer todo lo posible para asegurar el restablecimiento de los recursos y de los hábitats que tienen una importancia fundamental para el bienestar de los mismos, y que hayan resultado perjudicados por las actividades de pesca o por otras actividades humanas.
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    En la actividad pesquera, el Gobierno premia a los responsables del colapso: El Dr. Pedro Ramiro Sánchez desde 1980 hasta abril de 2007 se mantuvo dentro del Instituto Nacional de Investigación Pesquera, a pesar de ser uno de los autores responsables de la RES 65/07, además de ser testigo silencioso del vaciamiento del mar argentino por la flota congeladora e ilegal. A su vez, insólitamente, desde mayo de 2006 percibe su salario del Ministerio de Economía y Producción.
    Su oficina, no casualmente, está pegada a la del corrupto Gerardo Nieto. Bien cerca, así los "fabricantes" de la depredación de ayer, son los "cajeros" de la entrega y depredación de hoy. Las responsabilidades son del Consejo Federal Pesquero, Ramiro Sánchez (Ex INIDEP) y el subsecretario de pesca Gerardo Nieto junto a Javier de Urquiza. Como ministro, al vulnerar este acuerdo internacional —sometiendo a la Argentina a una destrucción del patrimonio pesquero ex profeso— se produce una importante desprotección.
    Esto, mal que nos pese, es una vergüenza internacional, más aún para una Presidente que se dice defensora de los más pobres y hambreados, que deja vaciar el mar argentino a buques ilegales, favoreciendo a grandes grupos pesqueros internacionales en desmedro de la Patria, violando además la Constitución Nacional en sus artículos 41 y 43.


En la Argentina no hay justicia para los empresarios ilegales pesqueros

    No alcanza con echar a Gerardo Nieto, se debe ir toda la administración pesquera nacional por ser partícipe de la destrucción del caladero y procesados todos por "administración fraudulenta de bienes del Estado argentino", entre otras tipificaciones.
    Antes de la llegada de Nieto-Urquiza se había logrado duplicar la captura máxima permisible para el recurso merluza. En el año 2004 Nieto y su staff  negociaron "cuotificar" y para ello se utilizó hábilmente una parte de la Ley Federal de Pesca 24.922. argumentando una historia de "capturas por buque" y gente que era "ocupada laboralmente". Con esa base emitió resoluciones a medida de la flota congeladora-depredadora e ilegal, afectando a toda la flota fresquera nacional, que es la que más trabajo genera en tierra. Bajo estos parámetros benefició a 5/6 empresarios “aplicando la Ley parcializada” tomando lo que favorecía a unos pocos en desmedro de la mayoría.
    Esta responsabilidad es de Néstor Kirchner y transmitida a su esposa. Gerardo Nieto y el Consejo Federal Pesquero, staff de lobbystas provinciales perpetuados en sus cargos, lograron un caos pesquero, que públicamente se tradujo en la quema de fabricas en el Sur, y su reiteración en Mar del Plata visto por TV en el mundo. Los Kirchner, Nieto y Urquiza tienen facultades para sancionar a la flota que nos depreda aplicando la ley de manera fehaciente... pero no lo hacen.
    La corrupción es inocultable, tanto como la violación a la Ley 24.543 (CONVEMAR) de rango internacional, pues se permite que buques ilegales con dictámenes de nulidad —inaplicados— de la AGN-SIGEN-UBA-PTN sigan destruyendo el caladero argentino. Más claridad sobre la corruptela es haber dejado pescar a destajo a esta flota con recursos de amparo, sin importarles los recursos y el daño generado al permitir operar esa flota al Norte del grado 48, agravado por el hecho de que, cuando cayeron sus amparos, no se los sancionó.
    Tratar de buscar una explicación a la no aplicación de la ley es muy simple: se están robando el mar argentino como se robaron YPF, Elma, EnTel, Tandanor, etc. ¿Cómo puede un Gobierno hablar de sustentabilidad y derechos humanos si permite que se violen las leyes impunemente en perjuicio de todos los argentinos y se hacen resoluciones "a medida" del cliente pesquero congelador e ilegal?
    A la luz de todo lo denunciado estos años y lo reconocido por el propio Gobierno ante el ex Juez Silva Garretón, sólo queda interponer una denuncia de la violación argentina al tratado de pesca de altura ante el Tribunal Internacional , órgano de sanción de dicha convención. El Tribunal funciona de conformidad con las disposiciones de la Convención del Mar (básicamente, Parte XV y la Sección 5 de la Parte XI) y de su Estatuto, que figura en el Anexo VI de la Convención, desde 1996.
    El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tiene su sede en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, Alemania.


La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

    Esta autoridad define a los fondos marinos y oceánicos y sus recursos como "patrimonio común de la humanidad". La Autoridad tiene 149 Estados miembros, que son todos aquellos que son partes en la Convención sobre el Derecho del Mar.
    La situación pesquera argentina guarda tanta impunidad como la muerte de Cacho Espinosa y sus autores materiales e intelectuales. Con la ayuda de otro gobierno feudal que da la espalda a los recursos y pone el bolsillo a las resoluciones que emite en carácter superador de las leyes, como es costumbre en la SAGPyA.
    Argentina hoy juzga a los intocables de ayer, pero mañana podría juzgar a los entregadores de la Patria y los recursos de hoy. Ello, es otra clase de genocidio.

Roberto Maturana
Oficial de Marina mercante-Investigador

(1) Artículo 6: http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878s/v9878s00.htm#7