Pese a los recortes y cierres de organismos del Estado que promueve el gobierno de Javier Milei, hay aún algunas áreas que siguen funcionando como antes, aunque algo reducidas. Se trata, en la mayoría de los casos, de reparticiones que no se sabe bien para qué sirven.  

Tal es el caso del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que originalmente dependió de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creado por la ley 26.842 promulgada por la ex Presidente Cristina Kirchner el 26 de diciembre de 2012.

Durante la administración de Alberto Fernández, quien coordinó las acciones del Comité desde marzo de 2020 fue el indescifrable Gustavo Vera, finalmente despedido por el Presidente Milei el pasado 17 de marzo.

En la actualidad, el organismo está integrado, desde el Ministerio de Justicia y DDHH, por Sebastián Amerio (Secretario de Justicia de la Nación), Alberto Andrés Nanzer (Subsecretario de Política Criminal) y Zaida Gatti (Coordinadora Nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata); desde el Ministerio de Seguridad, por Ximena Albornoz (Directora de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad sexual) y Analía Suárez (Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Investigaciones contra la Trata); desde el Ministerio de Capital Humano por Yanina Nano Lembo (Subsecretaria de Políticas Sociales) y Bruno Cassán (Director de Programas Especiales de la Subsecretaria de Protección Contra la Violencia de Género), y desde la Dirección Operativa, por la flamante Directora Verónica Toller.

Con el nuevo gobierno, el Comité dejó de estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete para pasar a depender del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

La primera reunión de esta nueva integración se llevó a cabo el pasado 9 de mayo, en la cual se repasaron diversos temas, entre ellos, el estado del Fondo Fiduciario, que mereció una denuncia penal por parte de un Fiscal federal de la Nación.

“Vengo por el presente a solicitar que se investigue, prima facie, los presuntos delitos de defraudación fiduciaria del Fondo fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de trata., entre otros delitos de acción pública”, afirmaba en la presentación judicial de febrero pasado Juan Manuel Pettigiani, fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Dicho fideicomiso fue creado el 23 de julio de 2019, a través de la ley 27508, aclarando que los bienes que lo integran “no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional”. Así mismo, la norma establecía como fiduciante al Estado nacional, y como fiduciario, es decir como administrador de los bienes, a Nación Fideicomisos S.A.

Pero el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en funcionamiento el Fondo en octubre de 2021 junto a BICE Fideicomisos S. A. El Banco Argentino de Desarrollo, más conocido como BICE, es un banco público que en su rol de administrador, tiene por función evitar la depreciación de los bienes incautados.

Según la ley, “una vez que la causa cuente con una sentencia firme, la Justicia ordenará el decomiso de bienes y deberá identificar a las víctimas que obtendrán reparación, y el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas”.

Luego de ello, “los bienes deberán ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por el BICE”.

Sin embargo, en Mar del Plata no hubo ni un solo caso registrado de reparación a través del Fondo, lo que motivó la denuncia de Pettigiani.

La misma recayó en el Juzgado de Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Milei para la Corte Suprema. La misma no sólo no registró el menor movimiento, sino que además ni siquiera el fiscal fue llamado a ratificarla.

En su denuncia penal, el representante del Ministerio Público detallaba que “sobre un total de ciento doce (112) sentencias condenatorias que tuvieron lugar durante el periodo julio de 2019 a diciembre de 2022, se identificaron doscientas cincuenta y seis (256) víctimas a las que se le brindó algún tipo de reparación”.

Y agregaba: “A partir del año 2021, se determinaron restituciones para el 59% de las víctimas; es decir que cerca del 40% de las víctimas identificadas en sentencias condenatorias no han sido resarcidas, por su parte en el año 2022 se establecieron restituciones para el 86,42% de las víctimas, quedando casi un 15% sin acceso a la reparación”.

Pero como en Mar del Plata, jurisdicción con más sentencias de trata del país al menos hasta 2018, no se reparó mediante el Fondo a ninguna víctima, se torna necesario que se “investigue cómo se financió y a dónde fueron destinados cada uno de las erogaciones, así como sus responsables y destinatarios”, sostenía el fiscal.

Pese a ello, el juez aún no movió el expediente.

“¿Cuál es la motivación de perseguir vorazmente a productores locales o empresarios bajo la figura de trata laboral en el afán de decomisar bienes?, se preguntaba Pettigiani en su denuncia.

“Sería la posibilidad de acrecentar el Fondo fiduciario, para luego, verse convertido en una de esas llamadas “cajas negras de la política”, la cual debe ser acrecentada para poder disponer de mayores dividendos”, arriesgaba.

Durante la gestión de Vera al frente del Comité, se habían designado delegados en todas las provincias y se habían conformado 36 mesas interinstitucionales, que fueron eliminadas en los últimos meses, mediante una comunicación interna. Una de aquellas mesas se constituyó en Mar del Plata, con la coordinación del fiscal ante la Cámara Federal, Daniel Adler, un funcionario muy allegado a los intereses kirchneristas.

Durante el primer semestre de 2020, el Comité elaboró el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020 – 2022. El 23 de septiembre de 2020, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el Plan Nacional se elevó ante la Jefatura de Gabinete.

El viernes 30 de julio de 2021, el gobierno de Alberto Fernández anunció la ampliación del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata, a través del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El plan bienal 2020-2022 fue aprobado en la 13ª reunión del Consejo Federal el 28 de diciembre de 2020, y constaba de 100 acciones articuladas con 44 organismos divididas en 3 ejes estratégicos (prevención, persecución y asistencia).

Vale la pena destacar que recién el 5 de noviembre de 2021, en una reunión del Comité, se celebró la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas en la órbita del Ministerio de Justicia, mediante el cual los bienes decomisados de sentencias judiciales contra tratantes serían destinados a la reparación de las víctimas.

En aquel año, la Cámara de Diputados emitió una Resolución pidiendo informes al respecto. En el documento se afirmaba que “según los registros el Consejo (contra la Trata) entre el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha, se reunió solo una vez por modalidad virtual cuando, en rigor, en su reunión constitutiva en el año 2016 se dispuso llevar a cabo anualmente 3 reuniones”.

En otro aparte, se ponía el foco justamente en el demorado Fondo: “Otra deuda que acarrea el Consejo es la implementación del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA. Se estima que más de 3 millones de dólares y 150 propiedades fueron decomisadas. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las beneficiarias del Fondo”.

Según cifras oficiales, entre 2020 y 2023 se rescataron más de 5200 víctimas de las cuales 3200 cobraron el programa Acompañar, 1300 la prestación por explotación laboral de Renatre, y 400 Potenciar Trabajo. Y se afirmó que “se comenzó a instrumentar la reparación desde el Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata que administra el Consejo Federal y se reparó a 75 víctimas según sentencia judicial”.

El 17 de noviembre de 2023, Gustavo Vera presentó ante el ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el Informe Anual acerca de la marcha en la ejecución del Plan Nacional para Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas 2022-2024.

El Comité presentó un informe detallando los logros de la gestión, que abarcó dos etapas: 2020-2022, y 2022-2024. Según se informó, en el caso del 1er. Plan, se alcanzó una ejecución “del 92% de las acciones propuestas”, mientras que en el caso del 2do., aun en marcha, “se ha ejecutado un 82,3% sólo en el primer año”.

Pero nada se dijo acerca de los montos de reparación a las víctimas.

El Plan Bienal 2022-2024, aun en ejecución, contiene 68 acciones, subdividido en 4 grandes ejes “con el fin de profundizar las políticas públicas contra la trata de personas y asegurar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías: acciones de prevención, de asistencia, de persecución y de fortalecimiento institucional”.

Pero, de acuerdo a una fuente de la justicia federal, tanto el Fondo como el Comité “son dos grandes zonas oscuras, sin rendición de cuentas, donde interactúan muchas áreas de la administración. Es casi un Estado paralelo”.

Cabe señalar que luego de su remoción, Gustavo Vera presentó una denuncia penal contra Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, por “abandono de persona”, la cual tramita en el juzgado Federal 2 de Comodoro Py, a cargo del dr. Sebastián Ramos.