Nadie podrá negar que el presidente Javier Milei anunció de entrada su intención de aplicar “miles” de reformas a través del Congreso de la Nación, o vía decretos. Y así anunció antes de asumir la presidencia que ya el 11 de diciembre enviaría al Congreso una batería de proyectos que, sin embargo, demoró a lo largo de todo el mes.

En efecto, esas iniciativas terminaron transformándose en el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 que presentó justo antes de las fiestas y la ley ómnibus anunciada una semana después. Salvo algunas cuestiones frenadas en la justicia, el DNU sigue vigente a pesar de haber sido rechazado en una de las cámaras y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos acaba de ser aprobada. Multiplicada por dos, pues el capítulo fiscal que figuraba en el original presentado el 27 de diciembre cobró vida propia y tiene su propia ley, también aprobada en la madrugada del viernes pasado bajo el rótulo de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Cumplido finalmente ese trámite que demandó todo lo que va del año, de punta a punta el primer semestre, ahora el Gobierno evalúa las leyes que espera conseguir para este segundo semestre. En la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno presentó una batería de proyectos que enmarcó bajo el nombre de “leyes anticasta”, de las cuales todavía no presentó ninguna. Pero mientras se trabaja en los proyectos prontos a remitir al Congreso -más allá de ocho proyectos más que ya están siendo analizados en las comisiones-, comenzaron a trascender ambiciosas propuestas que levantarán gran polémica, por cuanto apuntan nada menos que agrandar la Corte Suprema y bajar la edad para votar.

Esas iniciativas no tienen forma todavía, ni ningún funcionario que las haya propuesto puntualmente. Solo la firma de periodistas que incluyeron en sus notas de este fin de semana información que les transmitieron en Casa Rosada y que probablemente vayan a dominar la agenda los próximos días.

Por un lado, la periodista Cecilia Devanna publicó en La Nación que el Gobierno espera presentar dentro de 30 o 40 días la reforma electoral que había incluido en la ley de Bases original y que terminó siendo el primer capítulo eliminado del proyecto. Lo hizo el propio Guillermo Francos, quien como ministro del Interior que era entonces detalló la iniciativa ante el plenario de Diputados, pero ese mismo día, tras palpar la mala recepción que tenían los cambios propuestos, decidió posponer ese tratamiento.

Es lo que se espera suceda en lo que resta del año y, como en el original, la propuesta incluiría la eliminación de las Bases, pero no los diputados por circunscripción, novedad que ya despertaba críticas al ser anunciada. Se le incluiría la propuesta de Boleta Única, listas abiertas y algo que ya hace ruido: bajar la edad para votar.

Actualmente la misma está en los 16 años y fue implementada durante la gestión de Cristina Kirchner, siendo optativa la posibilidad de votar entre los 16 y 18 años. Ahora el mileísmo tendría la idea de ajustar ese rango a los 13 años. El argumento utilizado sería emparejar esa posibilidad con la edad de baja de imputabilidad a los 13 años.

En el caso de la ampliación de la Corte Suprema, la especie fue publicada por el periodista de Clarín Guido Carelli Lynch, y tendría por objeto elevar a 7 los miembros, y especulando con la posibilidad de que los dos propuestos para cubrir las vacantes –Ariel Lijo y Manuel García Mansilla– sean aceptados por el Senado, propondrán agrandar el Tribunal Superior con el argumento de sumar mujeres y hacer “una Corte más federal”.

Recordemos que el último intento por agrandar el Máximo Tribunal corrió por cuenta de la anterior administración e incluso tuvo media sanción del Senado. La propuesta no era sumar dos miembros a los 5 actuales, sino elevar el número a 15. La oposición congeló la propuesta en Diputados.