Presencié, con muchos miles de mis compatriotas, el desfile militar con el cual Argentina conmemoró el aniversario de su independencia. Y como tantos otros, me conmoví hasta las lágrimas con el paso de los veteranos de la guerra de Malvinas, héroes ignorados desde la dura derrota sufrida por nuestras tropas en el Atlántico sur, después de haber combatido, con escasos medios pero con enorme valor, en ese desigual conflicto. No es posible olvidar que, al ser repatriados, el propio Gobierno los hizo desembarcar de noche, en ómnibus con los vidrios cegados, y esta hipócrita sociedad, siempre tan triunfalista, lo consintió con su silencio cómplice.

Fue un acierto de Javier Milei este gran festejo, inexistente durante 20 años (con excepción de los cuatro de Mauricio Macri), ya que permitió comprobar no sólo la intencionada desinversión en el área de defensa sino, también, que la ciudadanía tiene una posición, frente a las fuerzas armadas, completamente opuesta al discurso kirchnerista, exacerbado desde la firma del pacto entre el finado Néstor y el canalla Horacio Verbitsky, uno de los máximos responsables del atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que costó 23 muertos y 110 heridos, del cual se cumplieron 48 años el 2 del corriente mes.

Ese siniestro acuerdo permitió a Kirchner y a su viuda robar impunemente una cantidad monstruosa de dinero sin recibir crítica alguna desde la izquierda y, a su facción terrorista, vengarse de quienes la habían derrotado cuando pretendía instaurar aquí un régimen similar al que aún mantiene cautivas a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que prometía fusilar a un millón de argentinos, como reconoció Roberto Santucho, fundador del ERP. A cambio de esa impunidad, se llegó al extremo de permitir a los organismos de derechos humanos (tuertos), como el CELS, hasta acceder a los legajos personales de todos los miembros de las fuerzas e intervenir en los ascensos a las jerarquías mayores de las fuerzas armadas y de seguridad.

Lamentablemente, muchos de esos veteranos no pudieron participar porque, sea en la cárcel, sea en sus domicilios, continúan siendo objeto de una inicua persecución, a manos de fiscales militantes y asesinos togados, que validan declaraciones de falsos testigos que buscan con ello ser indemnizados por un Estado cómplice, por haber cometido el supremo pecado de haber impedido que triunfaran los terroristas. Los números son por demás elocuentes: 2730 siguen en prisión, la enorme mayoría sin sentencia firme, por hechos sucedidos hace más de 40 años, y más de 850 han muerto ya en cautiverio; esta última cifra continuará creciendo rápidamente por su avanzada edad (79 años, en promedio, cuando el de los presos comunes sólo alcanza a 35) y las dolencias que se derivan de la misma, en lugares no aptos para el tratamiento médico de personas mayores.

Todos los procesos incoados contra ellos serían nulos en cualquier país occidental, puesto que los jueces han derrumbado todos los principios sobre los cuales se sustenta el derecho penal en el mundo civilizado. Sólo para ellos (no para quienes cometieron tantos crímenes que continúan impunes), con la imprescindible complicidad del Congreso y de la Corte Suprema, presidida en la época por Ricardo Lorenzetti, se dejaron de lado el principio de inocencia, de juez natural, de debido proceso, de legítima defensa y de prescripción. Para llevar adelante las parodias de juicios, se derogaron el Código de Justicia Militar y las leyes de “obediencia debida” y “punto final” sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y se “interpretó” la ley del “2x1” para que nos les fuera aplicable. Mi colega, el Dr. Enrique Munilla, ha publicado en la sección Cartas de Lectores del diario La Nación, los detalles de varias de las inicuas sentencias, casi todas ellas a prisión perpetua, dictadas por magistrados indignos de ocupar sus cargos, tal como sucede con Ariel Lijo, al cual Milei insiste en nombrar en la Corte Suprema y el kirchnerismo defiende, a capa y espada, en el Consejo de la Magistratura.

Federico Morgenstern en su imprescindible libro “Contra la corriente”, un fantástico análisis de la actuación de Jaime Malamud Goti, citó al maestro: “La vergüenza mayor que tenemos hoy como sociedad es la de no querer respetar el Estado de derecho al denegar garantías constitucionales y penales básicas, como el principio de la ley más benigna y la irretroactividad de la ley penal más gravosa” y “Hay militares detenidos bajo prisión preventiva hace más de diez años, … algunos de ellos reciben un trato inmerecido aún por el más aborrecible criminal”. La ilegal duración de las prisiones preventivas (hoy exceden los 16 años en algunos casos), las ha transformado en verdaderas condenas a muerte encubiertas.

Pero tanta ignominia podría tener un rápido fin si Milei replicara lo que hizo Uruguay, gobernado entonces por el Frente Amplio, o sea, convocar a un referendum al respecto. En tres oportunidades (1989, 2009 y 2011, la última cuando José “Pepe” Mujica, un ex-guerrillero Tupamaro, era Presidente), la sociedad oriental decidió, por enorme mayoría, cesar en la persecución a los militares que tomaron el poder durante los 70’s, acusados por hechos similares a los que aquí nos ocupan.

Posteriormente, y guardando las formas constitucionales, una forma de concretar una política así sería recomendar a la Procuración General de la Nación que analice, a través de sus órganos competentes, qué hicieron los fiscales que de ella dependen en cada uno de los juicios mal llamado de “lesa humanidad” y hasta efectuar, utilizando a los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, denuncias contra los jueces venales, que han permitido y colaborado para convertir a sus juzgados en reales circos romanos, con los imputados tirados a los leones vengativos, sin respeto alguno por la verdad ni, menos aún, por la Justicia.