Mientras España busca el máximo castigo a
nivel comunitario en virtud de la crisis de caladeros en el mundo, el Gobierno
permite vaciar el mar a destajo pisoteando toda normativa nacional e
internacional.
Ayn Rand escribió La Rebelión de Atlas en 1957 que nos
patentiza y muestra pristinamente cómo nuestro Gobierno nos lleva hacia el
pasado.
"Cuando advierta que para producir necesita obtener
autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye
hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se
hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las
leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que
están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es
recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá
afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada."
Argentina dilapida sus recursos pues incumple todos los
tratados, como ya ha sido expresado en diversas notas anteriores.
España ya podría iniciar un mani pulite pesquero con
sus empresas radicadas en el país que llevan oficiales de pesca de su
nacionalidad en buques depredadores. Dicho país tiene afincada una importante
flota que exporta pescado argentino para ser trasformado de materia prima en
productos de alto valor agregado, que luego se vende al mundo desde España.
El oficialismo gobierna sólo para un sector del país,
aplicando de idéntica forma la Constitución Nacional y las Leyes parcialmente.
La destrucción del caladero Argentino y la entrega de cupos
de captura a buques congeladores y factorías, liberándoles el mar argentino, es
obra de Néstor Kirchner y su esposa.
Los Kirchner 1 y 2 conocen el tema pesquero perfectamente y
aún así impulsaron la Resolución 65/07 para otorgar mas poder a las grandes
empresas en desmedro de las pequeñas, tal cual el campo.
Señora Presidente, por favor explique lo siguiente:
¿Por qué el Gobierno permite a buques ilegales depredar
nuestros recursos?
¿Por qué el Gobierno omite la aplicación de dictámenes sobre
permisos de pesca ilegales de la AGN-SIGEN-PTN-UBA?
¿Por qué el Gobierno no aplica retenciones a los productos
exportados como materia prima desde buques congeladores y factorías que no
generan mano de obra en tierra?
¿Por qué se permite exportar a los chinos desde la provincia
de Buenos Aires corvina y otras variedades enteras a oriente sin valor agregado
alguno?
¿Por qué se permite a la flota China exportar calamar
libremente —sin retenciones— como materia prima hacia oriente, sin tener
inversiones en tierra?
¿Por qué se permite que la empresa Uruguaya Greenfin
envíe pescado a elaborar en su planta de Montevideo sin dar trabajo en la
Patagonia?
¿Qué pasó con el cobro indebido de mas de 2 millones de
dólares por Conarpesa en retenciones?
¿Por qué el Estado argentino otorgó de forma directa el
buque Mar Austral Iº sin salir a subasta publica?
¿Por qué no avanza la causa penal contra Aval Portela
director de Gal Frío Pescagen por contrabando agravado?
¿Por qué no se informo de la venta de Gal Frío Pescagen
al grupo Mar Esmeralda mientras la anterior está convocada violando
la Ley de Sociedades?
¿Por qué el Gobierno emite resoluciones pesqueras a través de
la SAGPyA que vulneran leyes y tratados vigentes?
¿Por qué exploran el mar argentino buques científicos
extranjeros?
¿Por qué se permite que la flota surimera deprede
recursos a destajo cuando estos buques están prohibidos en todo el mundo por su
impacto ambiental?
¿Por qué el Gobierno argentino viola la Constitución Nacional
favoreciendo a megagrupos económicos pesqueros en perjuicio de los más pobres y
de la Nación toda?
¿Por qué se permite la corrupción, la destrucción del
caladero y, con ello, a la industria pesquera argentina?
Es menester recordar a la Sra Presidente que, tal como hoy
juzgan a los genocidas de ayer que detentaron un poder omnímodo en el pasado,
los Kirchner también podrían emularlos, pues su política pesquera aplicada es
otra clase de genocidio.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
Anexo: La Voz de Galicia
Santiago - 30/3/2008
España perseguirá la pesca ilegal como si fuera genocidio o tortura
Los tribunales españoles podrán juzgar cualquier delito de
pesca ilegal cometido por uno de sus ciudadanos en cualquier océano del mundo y
con independencia de la bandera en la que se ampare para realizar sus
actividades piratas. Esa es una de las medidas que el Ministerio de Agricultura
español incluye en un nuevo reglamento que establece sanciones específicas para
la pesca marítima y que solo está pendiente del dictamen favorable del Consejo
de Estado.
Lo que persigue España con ese futuro real decreto es dotarse
de «competencia jurídica universal en materia pesquera», una potestad que ya
tienen los Estados que así lo ratifican para juzgar «otros crímenes, como es el
caso del genocidio, la tortura o los malos tratos», explicó Fernando Curcio,
director general de Recursos Marinos.
De esa forma, España podrá llevar a sus tribunales a los
buques y nacionales que realicen actividades piratas bajo otro pabellón, sin
tener que esperar los tres meses que hasta ahora da la legislación española de
margen al país de bandera para castigar la infracción de su barco. Una capacidad
que, en la práctica, se ha revelado ineficaz, dado que «muchos Estados decían
que ya habían actuado y sancionado cuando en realidad no era así», dijo Curcio.
Ahora España espera no estar sola y conseguir que la Unión
Europea incorpore esa misma medida en el reglamento contra la pesca ilegal que
el Consejo de Ministros debatirá el próximo 14 de abril. Con eso, España
pretende tener «una base más sólida» a la hora de que sus magistrados valoren
las infracciones en esta materia y, al mismo tiempo, evitar agravios
comparativos con la flota de otros países comunitarios.
Competencias jurídicas
Sortear las discriminaciones es, precisamente, una de las
razones que, según Curcio, han movido al Ministerio de Pesca a intentar dotarse
de competencia jurídica universal: «Lo que se pretende es defender al sector
legal frente al que está ejerciendo una competencia desleal de forma ilícita». Y
también proteger a los tripulantes, pues a bordo de buques como los abanderados
en Sierra Leona, Togo o Vanuatu no respetan las convenciones internacionales
sobre seguridad de la vida humana en el mar. «Se han visto en el caso muchas
familias gallegas que han perdido a sus allegados a bordo de este tipo de
buques».
Pero Curcio no ocultó que las presiones internacionales
también están detrás de esta decisión. Presiones que llegan desde países como
Australia o Nueva Zelanda, pero también desde la propia Unión Europea, que se
mostró «muy dolida» al conocer que detrás de las banderas de Guinea Ecuatorial,
Camboya o Togo hay intereses españoles. Y es que, lamentablemente, buques
piratas continúa habiendo: «En el área de la Convención para la Conservación de
los Recursos Marinos Vivos de la Antártida hay unos 20 barcos ilegales y los
australianos nos han comentado que, a veces, cuando abordan a uno de esos
barcos, los tripulantes hablan español. Y muchos, gallego
Espe Abuín