Si la oposición lograra convertir en ley la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia, con el propósito de evitar que Javier Milei pueda gobernar a sus anchas haciendo uso y abuso de esa herramienta, de todos modos tendría una dura batalla por delante para combatir el veto presidencial. 

“Obviamente”, contestó el mandatario al ser consultado el viernes acerca de si vetaría la reforma a la ley 26.122 creada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner para crear un cerrojo en torno a los decretos del Poder Ejecutivo y generar condiciones casi imposibles para que la oposición pueda limitar el poder presidencial.

“En el fondo de se tratando de hacer un golpe de Estado, cambiando las reglas de juego a mitad de camino”, argumentó Milei ante la pregunta del cronista que lo entrevistó.

Los dos intentos fallidos en la Cámara de Diputados, tanto con la ley de movilidad jubilatoria como luego con la de financiamiento universitario, que el jefe de Estado vetó, le dieron a la oposición de probar la exacta medida de la improbabilidad de su odisea.

El oficialismo no tiene más que repetir el tercio de votos que ya consiguió abroquelar en aquellas dos sesiones para frenar la intentona opositora.

La única esperanza para la oposición estaba puesta en la decisión que tomaría el PRO, que en la época en que conformaba el Grupo A durante el Gobierno de Cristina Kirchner, y años después con Alberto Fernández, lideraba las propuestas para cambiar la ley que regula los DNU.

La intervención del miércoles pasado en el primer plenario de comisiones por parte de la secretaria parlamentaria del bloque amarillo, Silvana Giudici, desbarató la ilusión de que el PRO podía convertirse en la llave para superar los dos tercios.

Al tomar la palabra en la sesión conjunta de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada bullrichista reconoció que en esas coyunturas políticas el PRO había tenido un rol activo.

Y argumentó que en ese momento, la coordinación con otros sectores del Grupo A tenía sentido porque de lo que se trataba era de frenar la “tiranía de las mayorías” kirchnerista que “había convertido al Congreso en una escribanía” en la que “nada se podía debatir”.

Enseguida, aclaró que el contexto actual es otro, con un Gobierno que encarna un “cambio social y cultural” que es “disruptivo”.

En ese sentido, Giudici se preguntó por qué razón después de 18 años en que el kirchnerismo “rechazó” sistemáticamente abrir el debate sobre los DNU habría que reflotarlo ahora y “caerle con todo el peso de las antiguas mayorías” al actual Gobierno para “intentar recortar ese cambio”.

“Me violenta que ahora se haya emplazado a las comisiones porque desde el 2006 se hicieron ingentes esfuerzos para ser debatido y fue rechazado siempre por el mismo sector”, expresó.

Con estas definiciones, se desprende que el PRO no será la ansiada tabla de salvación para romper el hipotético veto presidencial.

La absoluta novedad es el giro copernicano en la postura del kirchnerismo, que después de décadas de oponerse a modificar el instituto de los DNU, porque no le convenía a los gobiernos propios, ahora sí se muestra dispuesto a colaborar con un total sentido de pragmatismo.

De todos modos, el oficialismo tendrá las mismas armas para defenderse que en las victorias recientes en la Cámara de Diputados, cuando resistió estoicamente con sus aliados la ofensiva opositora.

La Libertad Avanza comparte la trinchera de “héroes” con los diputados del PRO, el MID, los cinco radicales “con peluca” (Mariano Campero, Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Pablo Cervi), los tres tucumanos de Independencia y otros legisladores provinciales sueltos que siempre están ávidos de ayudar a superar el tercio de los votos.

El cronograma del plenario de comisiones, seguirá el próximo miércoles a las 17 para recibir a constitucionalistas y finalmente habrá un último encuentro el 30 de octubre con la intención de dictaminar.