La caída, por falta de quórum, de la sesión de Diputados del jueves, que debía discutir los proyectos de ley de “ficha limpia”, además del voto de los argentinos en el exterior, de repitencia delictual y de juicio en ausencia, sin duda justifica el nombre de H° Aguantadero con el que me refiero al Congreso. Pero peor aún fue que confirmó la existencia de un cada vez más oscuro pacto entre el Gobierno y Cristina Fernández, que ensucia los postulados morales que Javier Milei propuso a la sociedad en campaña, que precisamente por ellos lo llevó a la Casa Rosada. Los ocho legisladores libertarios que se ausentaron, sumándose así a los de Unión por la Patria, resultaron cruciales para abortar el progreso de una norma que hubiera impedido a ésta (y a muchos) ser candidata a algún cargo el año próximo.

Ese acuerdo, aunque no se haya firmado, prueba el interés de La Libertad Avanza en mantener como sparring electoral a la aún impune condenada, incurriendo en el mismo error que Mauricio Macri, que causó el regreso del kirchnerismo al poder por cuarta vez cuando, con Alberto Fernández como mascarón de proa y Sergio Massa como Ministro de Economía, nos llevaron al borde del precipicio. Reconozco que, tratándose de alguien tan desprestigiado y devaluado como ella, esa tentación es fuerte, pero subestimarla es, siempre, una equivocación grave ya que ha demostrado, hasta el cansancio, su ductilidad y su hipocresía.

Festejaron los filibusteros del Estado, los terroristas iraníes y los delincuentes comunes habituales, protegidos por una Justicia que, siempre atenta a los vientos que mueven las veletas de la terraza del edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales penales federales, sigue exhibiendo su repugnante lenidad – ¡teléfono para Ariel Lijo! - cuando le toca juzgar al poder, permitiendo así a los ladrones la permanencia en sus cargos; sólo el 2% de las causas por corrupción tuvieron sentencia firme en tiempo hábil.

Los enormes latrocinios del kirchnerismo, que ahora La Libertad Avanza pretende olvidar y perdonar por bastarda especulación, han llevado al agraviante 56% de pobreza, a la desmadrada inflación, a la destrucción de la educación, a la proliferación del narcotráfico y del delito y a la inexistencia de redes de agua y gas, de cloacas, de escuelas y hospitales, de rutas seguras, de buenos caminos rurales, de control real de fronteras, de fuerzas armadas y de seguridad eficientes y equipadas y a miles de etcéteras que cualquiera de nosotros puede recordar con horror.

Pero nada de eso impidió que el partido de gobierno cayera en la misma degradación moral que afecta a casi toda la casta política, que concita un enorme repudio en la ciudadanía, haciendo suya aquella frase de Napoleón Bonaparte (“el fin justifica los medios”) en una nota a “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo, pero eso debiera reconocer límites y todos se superaron para, quizás, lograr objetivos económicos o políticos loables a través de una negociación bajo la mesa. Porque también debo reconocer, como lo he hecho en tantas notas recientes, que Milei ha tenido un fabuloso éxito, resaltado por su velocidad, en la imposición de sus políticas de déficit cero y no emisión monetaria, principios que la sociedad en su conjunto ha internalizado a pesar de los enormes sacrificios que ha debido hacer durante este duro año, tal como prueban todas las encuestas serias.

En otro orden de cosas, me place informar que doce organizaciones, que unificaron su personería jurídica en la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, de la cual soy miembro, ante la manifiesta inacción del Gobierno al respecto, presentaron un habeas corpus correctivo y colectivo, al cual aún se puede adherir a título personal, en nombre de todos los presos políticos (militares, policías, sacerdotes y civiles) detenidos por la Justicia Federal y alojados en cárceles de todo el país que no tienen las condiciones mínimas necesarias para garantizar su salud y su vida, ya que se trata de ancianos con un promedio de edad que supera los 79 años.

La presentación se basó en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que suscribió la Argentina y tiene aquí rango constitucional. El Juez al que le tocó por sorteo la causa, Martín Yadarola, rechazó de inmediato el pedido, pero la Cámara Penal (Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich), con fecha 23 de noviembre, revocó esa decisión y le ordenó darle trámite y solicitar a los magistrados a cuya disposición se encuentran esos detenidos la información necesaria, con intervención de la Dirección de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

En el marco de la impunidad que se otorga a los delincuentes kirchneristas, sin siquiera imponerles la prisión preventiva que correspondería dado que pueden alterar las pruebas del proceso y tienen claramente riesgo de fuga, resulta repugnante comprobar que durante veinte años los argentinos observamos, en silencio y sin escandalizarnos, cómo se violaban todos los derechos constitucionales de aquéllos sobre los cuales los terroristas más desalmados ejercieron su venganza con la necesaria complicidad de jueces prevaricadores, verdaderos asesinos togados, y fiscales militantes, en juicios amañados, con testigos falsos y confesamente instruidos ad hoc, en los cuales no se respetaron ninguna de las reglas sobre las que se apoya todo el derecho penal de Occidente.