El presidente Javier Milei hizo una fuerte defensa de su gestión y prometió seguir reduciendo el gasto público, una decisión que está siendo bien recibida por los mercados financieros.

“Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desasnar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas”, señaló.

Con esa frase en su cadena nacional, Milei ratificó que la motosierra llegó para quedarse y que avanzará con más recortes en el marco de un plan inédito de achicamiento del Estado.

Milei sostuvo que “cuanto más chico el Estado, más grande la libertad”, en el marco de un discurso de tono fundacional que leyó acompañado de todo su Gabinete, del cual solo mencionó a su hermana, Karina, sentada a su diestra.

El presidente brindó un discurso de balance por su primer año de gobierno donde destacó logros y enumeró los desafíos. 

También realizó una serie de anuncios hacia adelante. Entre otros puntos, habló de su agenda política de cara al año electoral. Pero sobre todo enfatizó que “se viene una motosierra profunda” y pidió “no dormirse en los laureles” a sus colaboradores.

Milei destacó que a pesar de su política de ajuste severo no perdió apoyo este año -algo que confirman las encuestas-, por lo que anticipó que en el 2025 mantendrá su estrategia a pesar de que se trata de un año electoral.

“A diferencia de lo que suelen hacer los políticos, que en los años electorales se dedican a despilfarrar la plata de todos los argentinos como si fuera propia en búsqueda de votos, nosotros vamos a hacer algo distinto: vamos a continuar nuestro programa de ajuste para poder bajar impuestos y devolverle el dinero al sector privado“, destacó, y ponderó el regreso del crédito en la Argentina.

Entre las reformas que anunció, incluyó la impositiva, previsional y laboral, y dijo que se avanzará con leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política y “otras tantas que el país se debe hace décadas”.

Ponderó que se estén realizando auditorías en todos los sectores del Estado para lograr “un Estado más chico, efectivo y barato”. Al respecto, habló de una “auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina”.

“Continuaremos eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir”, prometió. Y dijo que “cada atribución o tarea que no corresponda a lo que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene armado un plan de disolución o fusión de organismos que se consideran innecesarios o duplicados, y la reducción del personal de la planta transitoria.

Entre los empleos en revisión hay unos 40 mil con contratos que están siendo sujetos a examen. Parte de eso empleo caerían en los próximos meses. Según números del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.

Hasta ahora, el gobierno despidió a 34 mil estatales, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones.

Entre esos organismos hay varios que dependen del Ministerio de Capital Humano y un servicio de defensa del consumidor que desde la administración libertaria entienden que duplica funciones. “Son capas geológicas creadas para colocar militantes”, dicen en la Casa Rosada.

Mientras tanto, el Gobierno acelera con la implementación del llamado “examen de idoneidad” como condición necesaria pero no excluyente para seguir trabajando en el Estado. La evaluación es de carácter digital, anónima y presencial, y de cumplimiento obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional. 

Los sindicatos ATE y UPCN lo catalogan de “humillante” para empleados y empleadas con 10 a 20 años de actividad y que siguen en esas condiciones “producto de la precariedad laboral en el Estado”. 

En el Gobierno sostienen que todo forma parte del objetivo de darle más eficiencia al Estado. Y explican que el sector público nacional no debe realizar tareas que corresponden a otros subniveles del Estado (provincias y municipios).

También buscarán que no suplante al sector privado en cuestiones que puede -y debe, a su entender- resolver de manera más eficiente y que no mantenga estructuras cuya funcionalidad carece de sentido. 

Todo está siendo puesto a revisión en forma constante, porque siempre hay nuevas áreas que se pueden redefinir y hacer para eficientes con menos recursos, explican en el área de Sturzenegger. Mientras tanto, se avanza con los exámenes, considerados un filtro para “dignificar el rol de los trabajadores del Estado y que no venga cualquiera a poner a sus militantes”.

Una idea en la que trabaja Milei a nivel discursivo es instalar fuerte el concepto del servidor público, muy utilizado por ejemplo en Estados Unidos y otros países anglosajones.

Parte de esa revisión permanente que quiere implementar Milei se explica en el casi centenar de funcionarios que fueron relevados en apenas un año de administración. En lo que va de la gestión libertaria, ya se disolvieron más de 250 unidades del Estado. Milei y Sturzenegger creen que se puede llegar a 400 en el marco de las 3.200 reformas pendientes.

La Comisión Nacional de Microcréditos y el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) son algunas dependencias en la mira. Una de las claves de la motosierra profunda está vinculada con las privatizaciones. Por ahora el Gobierno no pudo avanzar con ninguna, aunque hay varias empresas en la mira.

Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Correo Argentino, de AySA, Arsat e Intercargo son algunas de las principales. Se estiman que hay unas 60 empresas estatales en condiciones de ser privatizadas. 

Sturzenegger también apunta a eliminar servicios que impliquen burocracia y un mayor gasto del Estado sin contraprestación eficiente por parte del área que lo administra.

El principal ejemplo que ponen en el gobierno es el caso de la reconversión de la AFIP en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que implicará un ahorro fiscal de $ 6.400 millones y el cese de unos 3.000 empleados.

Hace 20 años, el gasto público consolidado representaba cerca del 26% del PBI, y hacia 2020 superaba el 47%. En la actualidad, se estima que se redujo a cerca del 32%, pero especialistas creen que seguirá bajando en los próximos años incluso perforando el mínimo mencionado de 2004.

Para el economista Fernando Marengo, la “deep motosierra” de la que habla la gestión Milei no es más que una segunda vuelta del proceso de restricción del gasto, pero menos integral, que se focaliza en ir sector por sector con el fin de avanzar contra los privilegios de aquellos que piden que el trabajo estatal sea hereditario o en la intimación a tramitar la jubilación que alcanzaría a 10.000 empleados públicos, de los cuáles 6.500 pertenecen a planta permanente.  “Se trata de una tarea que podría decir que es artesanal”, plantea.

De acuerdo con el Pacto de Mayo -que Milei mencionó en su cadena nacional-, el acuerdo entre el Presidente y los gobernadores estableció que el nivel de gasto debía llegar al 25% del Producto Bruto. Es decir, queda mucho por recortar.

Según un trabajo del Centro de Economía Política (CEPA), el gasto público total ascendió a $8,2 billones en septiembre, con una caída real interanual de 25,2%, algo menos severa que el ajuste acumulado anual de 29,5%. Las mayores reducciones por su magnitud se observaron en jubilaciones (-11% en septiembre) y obra pública (-73%).

Las obras en educación (-98%) y vivienda (-93%) están prácticamente paralizadas. La menor caída del rubro la exhibe energía (-35%) en el marco de la construcción de la Planta Compresora de Salliqueló.

Los subsidios económicos se redujeron 13% al igual que en agosto, constituyendo el menor recorte interanual en lo que va de 2024. De cada $ 100 recortados, indica el reporte al que accedió nuestro diario, $ 25,3o provinieron de jubilaciones, $ 23,70 de la obra pública y $ 13,40 de los subsidios. Le siguen en importancia Gastos de funcionamiento del Estado ($12,30), Prestaciones sociales ($10,60) y Transferencias a provincias ($7,70).

A octubre, el superávit fiscal acumulado fue $2,4 billones, mayor a la meta acordada con el FMI. A pesar del margen para gastar más, el gobierno optó por no aumentar jubilaciones, ni recomponer salarios universitarios o reactivar la obra pública, lo que demuestra su falta de sensibilidad social.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante los primeros nueve meses del año los ingresos totales cayeron un 6,3% real interanual, mientras que el gasto primario descendió un 29,5% interanual. Como resultado, el superávit primario ascendió a $ 9,5 billones, equivalente a 1,7% del PBI. El superávit fiscal, por su parte,  ascendió a $ 2,4 billones, equivalente a 0,43% del PBI.

El ajuste fiscal en lo que va del año es equivalente a 3 puntos porcentuales del PBI, señala el informe del instituto que dirige el economista Nadín Argañaraz.

El problema es que si bien hay algunos signos de que la actividad económica tocó fondo (creció un 1,7% mensual en julio según los últimos datos del Gobierno), el gasto de los consumidores, la industria y la construcción seguirán profundamente deprimidos en comparación con 2023.

En el gobierno, Sturzenegger es quien grafica el camino a seguir. Asegura: “Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado como una niñera que se tiene que hacer cargo de todo, desde darle de comer hasta entretener a cada ciudadano. Vamos a hacer una auditoría con todos los gastos del Estado. Vamos a continuar eliminando organismos, secretarías y empresas públicas. Cuanto más chico el Estado, habrá mayor libertad”.  Lo dice “el coloso”, y para Milei parece ser palabra santa.