Lo del ahora exsenador nacional Edgardo Kueider rompió todos los moldes. Hasta ahora, había casos de legisladores desaforados y luego detenidos. Pero el entrerriano elevó el nivel de atención porque al haberle pasado lo que le pasó en el exterior, donde los fueros legislativos no corren, exhibió por primera vez a un legislador nacional detenido en esa condición. No en la cárcel, convengamos, pero sí al menos en esa condición inédita para un legislador.

La cuestión es que el caso del entrerriano, detenido en tierras guaraníes con dólares que no había declarado y expulsado luego en el Senado nacional, vuelve a poner en el candelero un tema que recurrentemente genera polémica en la política argentina: los fueros legislativos. Y pese a que vuelve una y otra vez, son más los gestos ampulosos que se hacen en estas situaciones que medidas concretas las que se toman.

En el paroxismo de la sobreactuación, periódicamente se sugiere la eliminación de ese privilegio, mostrando un inquietante desconocimiento de las normas, habida cuenta de que es la Constitución nacional la que lo establece, dicho lo cual, si se desea eliminarlos habrá que reformar la Carta Magna. Difícil que se animen.

Son tres los artículos en los que se habla de los fueros, tan importantes son en el sistema constitucional. En el 68 se los presenta en sociedad, aclarando que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Esto es, resulta claro que la norma no ampara a los legisladores que delinquen, sino que se circunscribe estrictamente a lo que digan u opinen durante sus mandatos. Y en el artículo siguiente se establece otra aclaración: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

En cuyo caso, amerita el tercer artículo en cuestión, el 70, que precisa que “cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

La Constitución es muy clara, pero así y todo existe una ley nacional que rige los alcances de los fueros, pues ya se sabe que las interpretaciones constitucionales suelen ser demasiado amplias, por lo que en determinadas circunstancias se deben dar precisiones legales que no dejen lugar a dudas. Y así llegamos a la Ley 25.320, que estableció un nuevo Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, sancionada el 8 de septiembre del año 2000 y promulgada por el Gobierno de Fernando de la Rúa cuatro días después. Como se ve, había cierta prisa por poner en marcha esa norma pues hasta entonces la ley vigente amparaba a los legisladores a eludir a los jueces. ¿Cuál fue el disparador de entonces? Nada menos que los sobornos del Senado, menuda cuestión.

En el pasado reciente se dio el caso de Julio De Vido, que desató una fiebre por “renunciar a los fueros”. Eran tiempos de Cambiemos, y en ese entonces picó en punta Sergio Massa, quien entre otras cosas dijo que era mentira que no hubiera antecedentes, y citó el caso de Eduardo Angeloz, que pudo renunciar a ese privilegio. Ese caso amerita una aclaración. Sucedió en 1996, y como acabamos de ver por la reforma de la Ley de Fueros en el año 2000, hasta entonces los legisladores estaban blindados para toda acción judicial. Acusado en febrero de 1996 por el fiscal Carlos Ferrer por lo que se conoció popularmente como el “megaproceso del Banco Social”, fue el propio exgobernador cordobés, por entonces senador nacional, quien pidió al presidente del Senado, Carlos Ruckauf, su desafuero para que la Cámara alta dispusiera “las medidas que estime pertinente”. En rigor, lo que hizo fue anticiparse al desafuero que requería el reclamo judicial, pero entonces se generó una polémica en la Cámara alta. Como siempre, allí el bloque del PJ tenía la última palabra por ser mayoría, aunque presentaba diferentes criterios, pero finalmente se le quitaron por completo los fueros para ser juzgado. Durante ese tiempo que se extendió varios meses, Angeloz debió dejar el Senado.

El caso María Soledad

Tal vez hasta ahora el caso más recordado y contundente haya sido el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), a quien no le quitaron los fueros, sino que directamente lo expulsaron de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo. Pero eso no fue lo que selló su destino, sino el peculiar argumento de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.

Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando la Cámara de Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.

Al que sí desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. Convengamos que el artículo 69 de la Constitución indica que los fueros corren para el legislador desde el día que es electo (recordemos la parte que dice: “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado”).

Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue quien más adelante sería diputada nacional peronista Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.

Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.

En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.

Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancari de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.

En marzo de 2003, la oposición pidió la expulsión del senador Luis Barrionuevo, por su responsabilidad en los frustrados comicios catamarqueños. En esa oportunidad, la entonces senadora Diana Conti advirtió que el tema no podía quedar en simples expresiones de repudio del Cuerpo, sino que el mismo debía “votar el desafuero de Barrionuevo”, quien era acusado de haber mandado a quemar urnas.

El líder gastronómico había sido impedido de participar en esos comicios porque la Constitución provincial le exigía un tiempo de residencia en la provincia que él no tenía para poder ser candidato. Lejos estuvo de resignarse a aceptar la decisión, e insistió hasta el final, presentando recursos que llegaron hasta la Corte Suprema. Las autoridades locales del Frente Cívico sabían que Barrionuevo sería un adversario temible en las urnas y realizaron la elección tal cual lo previsto, sin dar lugar a una postergación, ante lo cual el senador justicialista se consideró proscripto y actuó en consecuencia…

Lo que siguió fue una elección escandalosa, en la que los partidarios de Barrionuevo prohibieron el acto electoral en algunas escuelas y hasta quemaron urnas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que presidía Cristina Fernández de Kirchner -senadora aún en el llano- terminó emitiendo un dictamen en el que recomendaba excluir del cuerpo a Barrionuevo bajo el cargo de “inhabilidad moral”.

Sin embargo, al promediar la noche del 27 de marzo de 2003 el peronismo terminó salvándolo, aunque votó dividido, ya que ocho senadores del PJ votaron junto a la oposición y los provinciales para expulsarlo. Los votos en ese sentido fueron 37, diez más que los que optaron por salvarlo, pero seis menos que los necesarios para los dos tercios que hubieran dejado al sindicalista fuera del Senado. “Se perdió una oportunidad muy grande. Si el Senado anterior es recordado como el de la Banelco y el de (el senador nacional Emilio) Cantarero, éste será recordado como el del escándalo Barrionuevo. Vi a muchos senadores que le temen, otros que privilegiaron el espíritu del cuerpo; en mi caso, no le tengo miedo. Lo más grave de la decisión de mis pares es que Luis Barrionuevo se llevó puesto el Senado. Sucede que en Argentina hay una corporación política y ese es el drama central de esta democracia”, se quejó entonces Cristina Kirchner.

Un caso menos recordado pero digno de ser muy tenido en cuenta fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año. Es también lo que hizo con el expresidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas, aunque sin condena firme, que murió cumpliendo su tercer año como senador. La re-re que no pudo conseguir como presidente, y que le permitió mantenerse en libertad.

Los sobornos del Senado

El hecho conmocionante que comenzó a edificar el camino de salida del Gobierno de la Alianza fue un caso de corrupción que estalló en mayo del año 2000, tras la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Reforma Laboral, y que por el escándalo pasó a denominarse Ley Banelco. Se investigó allí si el gobierno de Fernando de la Rúa hizo pagos a senadores del PJ para que votaran a favor de esa ley.

El juez a cargo del caso era Carlos Liporaci, quien pidió el desafuero de once senadores: Ricardo Branda, Remo Costanzo, Ramón Ortega, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero y Alberto Tell, del PJ; y Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López, de la UCR. No fueron concedidos y poco después se modificó la ley de fueros para que lo que sucedió entonces no volviera a pasar.

El caso De Vido

El 19 de enero de 2016, Elisa Carrió pidió a la Justicia que se investigara al exministro de Planificación Federal y entonces diputado nacional Julio De Vido por el supuesto delito de corrupción, a raíz de la confesión de un exdirector de Petrobras en Brasil, Néstor Cerveró, que aseguraba haber recibido en 2006 coimas por la venta de la empresa de transmisión de energía Transener, adquirida por Petrobras. El exdirector del área internacional de Petrobras había involucrado directamente a De Vido.

A partir de ahí, De Vido comenzó a acumular causas y en una, usó sus fueros para impedir el allanamiento de un departamento de su propiedad sito en la Avenida del Libertador 2275. La medida había sido dispuesta por el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito entre 2003 y 2007.

El 23 de junio de 2016 la Cámara baja autorizó que pudieran allanarlo, por 137 votos positivos, 49 negativos y una sola abstención -la del propio De Vido-.

En julio de 2017 estalló otro escándalo judicial que involucraba a De Vido por la supuesta apropiación de recursos públicos en Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. El fiscal Carlos Stornelli pidió la detención de Julio De Vido, Roberto Baratta y dos decenas de otras personas por esa causa.

El 26 de julio de 2017 De Vido zafó de la expulsión. Con 138 votos afirmativos y 95 en contra, faltaron 20 votos para los dos tercios. El argumento para expulsarlo era “inhabilidad moral”.

Cinco días después de que la Cámara de Diputados “blindara” a Julio De Vido, la Sala II de la Cámara Federal pidió al juez Luis Rodríguez un informe sobre la decisión por la que había rechazado la solicitud del fiscal Stornelli de detener al exministro, cuya suerte parecía oscurecerse cada vez más pues mientras comenzaba a preocuparlo la causa Odebrecht, detenían en Chapadmalal a su cuñado Claudio Minnicelli, prófugo desde hacía 9 meses en la causa denominada “mafia de los contenedores”.

El juez cambió su actitud y lo citó a indagaoria para el 28 de noviembre y le prohibió salir del país. Al día siguiente, el fiscal de Cámara Germán Moldes pidió su inmediata detención en un dictamen muy duro en el que advertía que en su condición de diputado nacional De Vido tenía “capacidad de incidencia y negociación”, por lo que pedía su desafuero “con la premura y firmeza del caso”.

El 19 de octubre De Vido sumó otro frente de tormenta cuando el juez Claudio Bonadio dispuso también su desafuero y detención por supuesto fraude en la compra millonaria de gas licuado.

Al día siguiente de las elecciones legislativas que le dieron a Cambiemos una resonante victoria, y con todas las cartas ya decididamente en contra, Julio De Vido pidió licencia como diputado y renunció paralelamente a su cargo como presidente de la Comisión de Energía y Combustibles.

El 25 de octubre de 2017 -sin la presencia del bloque FpV-PJ, que resolvió no asistir- se votó su desafuero y suspensión, con 176 votos a favor y una sola abstención. De Vido fue rápidamente detenido y su banca estuvo vacía hasta el final de su mandato. Esa era la estrategia que desde el Pro y la UCR habían impulsado originalmente para el caso Kueider.

Luego del caso De Vido, fue el turno del radicalismo cuando una jueza federal de Resistencia pidió el desafuero y detención de la diputada nacional Aída Ayala, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.  Fue en abril de 2018, y la legisladora radical denunció “una maniobra política”. Si bien en principio el oficialismo se había resignado a entregar su cabeza, terminó amparándola en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el caso no llegó nunca al recinto.

La situación de CFK

Tras dos años en el llano, la expresidenta Cristina Kirchner fue electa senadora en octubre de 2017. Impulsora de denuncias en su contra, Margarita Stolbizer anticipó que se presentaría ante la Justicia para pedirles a los jueces que llevaran adelante causas donde la flamante senadora electa estuviera procesada, pidieran el desafuero. Y antes que asumiera, CFK ya tenía un pedido de desafuero y detención por parte del juez Claudio Bonadio en la causa del Memorandum con Irán.

Desde Cambiemos se aclaró que no podían impulsar una sesión para tratar el desafuero en extraordinarias, mientras Miguel Pichetto, presidente del bloque Justicialista, consideraba que no correspondía el pedido de prisión preventiva, ni pensaban avalarlo al no existir una condena definitiva.

De eso se habló todo ese verano y cuando se reanudó el período ordinario en 2018 y se constituyó Asuntos Constitucionales, la comisión que debía tratar el tema, a fines de marzo fueron liberados Carlos Zannini y Luis D’Elía, detenidos en el marco de esa causa, con lo que virtualmente quedó sin efecto el pedido de desafuero y arresto formulado por el juez Bonadio.

Así y todo el tema se reactivó cuando Bonadio insistió con su pedido de desafuero, y Cambiemos convocó a debatirlo el 20 de noviembre de 2018, pero la sesión no tuvo quórum.

El “diputeta”

El caso más curioso fue sin dudas el que tuvo lugar en plena pandemia, cuando las sesiones se hacían por videoconferencias. Fue el 24 de septiembre de 2020, cuando en plena sesión un diputado conectado en forma virtual protagonizó una escena íntima con su pareja, que quedó a la vista porque su cámara estaba encendida.

Pasó con el salteño del Frente de Todos Juan Ameri, quien fue inmediatamente suspendido por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien pidió la aplicación del artículo 188 del reglamento, y en paralelo la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinaran si correspondía la expulsión para ese legislador. Al cabo de la sesión, Ameri había presentado la renuncia como diputado nacional.