La agenda judicial del fuero federal 2025 abrirá en febrero próximo con la atención puesta en la situación de dos ex presidentes, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes enfrentarán definiciones en distintas causas penales que los tienen como protagonistas.

El 2024 fue un año judicial complicado para Alberto Fernández, se vio imputado en dos causas penales y tuvo que responder en Comodoro Py por supuestos delitos en la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos.

El 27 de noviembre marcó su primera visita a tribunales como acusado desde que dejó la presidencia, negó las acusaciones por la contratación de seguros a través de “brokers” que habrían recibido millonarias comisiones.

En esta investigación con 39 acusados la resolución de situaciones procesales se conocerá en febrero porque resta indagar a un imputado que vive en España y el trámite por videoconferencia se programó para inicios de ese mes.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal del caso Carlos Rívolo los imputan por fraude y direccionamiento en la contratación de seguros para organismos públicos.

Finalizado el año, el ex presidente Fernández sí logró postergar con una batería de recursos una segunda visita a Comodoro PY 2002, esta vez como indagado en la causa por violencia de género contra la ex Primera Dama Fabiola Yañez.

Sin embargo, el inicio del 2025 lo encontrará en tribunales. El 4 de febrero a las 11, a un día del reinicio de la actividad judicial luego de la feria de enero, el ex presidente deberá presentarse ante el juez federal Julián Ercolini en esa causa en la que la fiscalía a cargo de Ramiro González lo acusa de delitos que prevén penas de prisión efectiva.

Llegará imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”.

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena, según destacó agencia NA.

Al citarlo a indagatoria, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024“.

En el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, el 2024 fue un año de malas noticias en el frente judicial: se confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de obra pública nacional entre 2003 y 2015 en Santa Cruz.

En el reinicio de la actividad judicial en febrero el eje estará puesto en los recursos extraordinarios que tienen que presentar todas las partes ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación para intentar llegar a la Corte en apelación en esta causa conocida como “Vialidad”.

El máximo tribunal penal federal del país otorgó plazo con una prórroga hasta mediados de febrero y una vez que se presenten los recursos tendrá que decidir si los admite y envía el caso a la Corte o los rechaza y a los condenados, entre ellos la ex Presidenta, sólo les quedará ir en queja directa a esta instancia.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes durante diciembre último dos decisiones de la sala I de la Cámara de Casación Penal que reabrieron las causas “Hotesur Los Sauces” y  firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA, esta última abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.

Así dispusieron el avance hacia el juicio oral en ambos expedientes que tienen a Cristina Kirchner entre los acusados.

Los Sauces Hotesur investiga supuesto lavado de dinero a través del alquiler de hotelería y propiedades de la familia presidencial a beneficiarios de obra pública entre 2003 y 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli.

El TOF 5 había resuelto suspender las medidas de prueba de la instrucción suplementaria hasta que se conociera la decisión de la Corte tomada a mediados de diciembre pasado, con lo cual ahora  se reactivaron los preparativos que seguirán durante 2025, aunque no hay certezas sobre la fecha de inicio del debate.

Entre las medidas pendientes reclamadas por el fiscal de juicio Diego Velasco hay entrecruzamientos de llamadas entre la ex presidenta y otros imputados en la causa, como el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.

En el caso Memorandum con Irán, Casación separó a los jueces que habían sobreseído a los acusados y designó nuevos magistrados para juzgar a Cristina y otros procesados por supuesto “encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA.

En este caso, los jueces designados, Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tendrán que continuar con la instrucción suplementaria que había ordenado ya el Tribunal Oral Federal 8 antes de resolver los sobreseimientos por inexistencia de delito que quedaron revocados y tampoco hay certeza de cuándo podrá convocarse a juicio.

Basso y Giménez Uriburu integraron el Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fueron recusados por la defensa pero quedaron confirmados.

Pero el último tramo de 2025 sí tendrá a la ex Presidenta sentada otra vez en el banquillo de los acusados, será en el caso Cuadernos, desde el  6 de noviembre acusada como jefa de asociación ilícita y cohecho, ante el Tribunal Oral Federal 7.