Una treintena de temas quedaron pendientes de tratamiento en el Congreso de la Nación con la culminación del 2024. Algunos proyectos se debatieron en comisiones durante el año, pero no llegaron al recinto de la Cámara de Diputados ni el Senado, mientras que otros ni siquiera se pusieron en discusión.

Una de las iniciativas más notorias de la lista es el Presupuesto 2025, sobre el que la oposición ya anticipó buscará dar la discusión cuando se abra el período ordinario en marzo. El Poder Ejecutivo prorrogó por decreto -en el último día hábil del 2024- el Presupuesto 2023, que ya había sido reconducido en el primer año de la gestión de Javier Milei.

Por otra parte, el Gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias en diciembre pasado por la falta de votos en torno a dos proyectos que envió a la Cámara baja: la reforma electoral, con la derogación de las PASO, y una modificación sobre la constitución y caducidad de los partidos políticos.

Al temario que no fue, anunciado por el vocero Manuel Adorni, se le sumaba el proyecto de “ley antimafias”, con media sanción; el proyecto sobre juicio en ausencia, que había tenido dictamen de comisiones; la iniciativa para autorizar los viajes de Milei al exterior -todavía no ingresó-; y una reforma a la Ley de Fueros, surgida la intención desde Casa Rosada en medio del escándalo por Edgardo Kueider, pero sobre la que no se conocieron detalles.

Sin abandonar la idea de eliminar las elecciones PASO, el Poder Ejecutivo busca negociar los votos en el Congreso para decidir si convoca o no a sesiones extraordinarias en febrero para tratar el tema. Dentro de la oposición, incluyendo Unión por la Patria, habría un número importante dispuesto a suspenderlas para este año, cuando se elegirán legisladores nacionales. Se verá si el oficialismo acepta esa posibilidad.

Por otra parte, en una cuestión que sí o sí necesita de las voluntades del peronismo/kirchnerismo, los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia también se evalúan para extraordinarias. El trámite no es sencillo, pues las designaciones requieren el voto de dos tercios de los presentes del Senado. Las declaraciones del Gobierno en torno a que Milei nombre por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron y vinieron a lo largo de estos meses. Actualmente el máximo tribunal funciona con tres de sus cinco miembros.

De las últimas sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, sólo logró media sanción el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Además, en esa misma jornada se dio media sanción a la declaración de emergencia en San Luis por incendios ocurridos meses atrás y se aprobó una declaración contra el decreto 780 que restringió el acceso a la información pública.

En cambio, no prosperaron por falta de quórum temas como la reforma sindical (con cierta complejidad sobre la validez del dictamen); ficha limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos-; cambios en el sistema de votación de los argentinos que residen en el exterior; juicio penal en ausencia del imputado y una iniciativa motorizada por el Ministerio de Seguridad sobre reincidencia y reiterancia.

Dentro de la batería de proyectos que quedaron con dictamen, pero no fueron al recinto, aparece en el listado de la Cámara baja la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa había quedado afuera de la Ley Bases pero, ante un conflicto gremial que se agudizó en la segunda mitad del año pasado, el Gobierno decidió avanzar a toda marcha con los proyectos que proponían su venta, entre ellos los de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC).

A fines de septiembre arrancó la discusión en comisiones, luego se frenó sin más novedades y se reflotó un mes después, interrumpiendo incluso el debate sobre el Presupuesto 2025. Como resultado hubo cuatro dictámenes. Si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, con acompañamiento del Pro, la UCR y aliados, los votos para su aprobación no estaban garantizados y no se convocó a sesión para tratarlo.

Desde el lado de la oposición, un tema con el que se avanzó fuerte a partir de un emplazamiento de comisiones fue la reforma a la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con la intención de evitar un uso excesivo por parte de Milei. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre plantea, entre sus puntos principales, que el rechazo de una sola cámara bastará para dejar sin efecto un DNU y que los decretos que no se traten en un plazo de 90 días en el Congreso se caerán.

Los bloques impulsores convocaron a una sesión el 12 de noviembre, la que finalmente se suspendió porque no iba a reunir quórum. La mayor razón del fracaso fue que se incluyó en el temario el DNU 846, sobre canje de deuda, lo que alertó al Gobierno. Finalmente triunfó el oficialismo en hacerla caer. Días más tarde, precisamente el martes 26, se convocó a una nueva sesión -que fracasó por falta de quórum- que incluyó el DNU sobre deuda pero no así el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley 26.122.

Una de las comisiones que más encuentros realizó a lo largo del año fue la de Legislación Penal. Allí se trataron un conjunto de proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, especialmente por la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Del paquete enviado por la ministra en abril pasado, la última iniciativa en recibir dictamen fue la que modifica el Código Penal en lo referido a legítima defensa y orden público.

Los miembros de Legislación Penal debatieron en numerosas reuniones informativas sobre un nuevo régimen penal juvenil, a partir de un texto enviado por el Gobierno y proyectos de varios diputados, pero sin acuerdos en un tema tan complejo, no se firmó dictamen en el año.

Por otra parte, en base a iniciativas de legisladores se avanzó en la comisión que preside Laura Rodríguez Machado con un dictamen para agravar penas a quienes causen incendios intencionales. Tampoco llegó al recinto.

Con Legislación Penal involucrada, pero siendo la Comisión de Justicia cabecera, el oficialismo dio luz verde en el segundo semestre al debate sobre proyectos relacionados al juicio por jurados, un método que se aplica en una docena de provincias, más no a nivel nacional. En un hecho inédito, se alcanzó un acuerdo casi unánime y el dictamen unió con sus firmas a La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre otros bloques. Sin embargo, no se convocó a tratarlo en sesión.

En un breve encuentro, Legislación Penal puso sobre la mesa el proyecto bautizado “Ley Conan”, sobre maltrato animal, pero sólo quedó en una reunión informativa de presentación y grandes titulares en los medios.

Entre otros temas que quedaron sólo en dictamen aparece un proyecto del oficialismo y aliados para declarar la amnistía para los delitos contra las medidas dispuestas en pandemia; y una iniciativa para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres respecto de la violencia en el ámbito laboral y académico, que contó con consenso de todos los bloques excepto La Libertad Avanza.

Aunque se debatió en comisiones, no prosperó la firma del despacho de la media sanción venida del Senado sobre tipificar y agravar penas por el delito de compra y venta de menores.

Tampoco reunió consensos un proyecto del Poder Ejecutivo para habilitar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que se debatió en varias ocasiones en la Comisión de Defensa Nacional. Ante el fracaso, a fines de diciembre el Gobierno dictó dos decretos para posibilitar que las FF.AA. actúen ante amenazas terroristas, lo que despertó el rápido rechazo desde la oposición más dura, con presentación de proyectos para retrotraer la medida. El tema promete discusión para este año.

Anunciada con bombos y platillos desde Casa Rosada luego de la aprobación de la Ley de Bases, a finales de junio, la “ley hojarasca” fue enviada finalmente al Congreso en octubre. Si bien desde el oficialismo se afirmaba que se le iba a dar un pronto tratamiento, en paralelo con el Presupuesto 2025, eso no ocurrió. Así, el proyecto que tiene por objeto la derogación de más de 60 leyes que desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger consideran “obsoletas”, no fue ni siquiera tratado una sola vez en un plenario de comisiones.

Tampoco se activó la discusión sobre otras dos iniciativas que ingresaron junto a esa propuesta, vinculadas a partes contenidas en la Ley de Bases original. Hablamos del proyecto sobre modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, y aquel para establecer el divorcio exprés.

Bajo la presión de que la oposición se lleve triunfos incómodos para el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo cerrado el recinto de la Cámara alta desde el 26 de septiembre hasta el fin del período ordinario. El 27 de noviembre sólo se abrió para recibir el informe de gestión de Guillermo Francos.

La escasa actividad de comisiones y el poco interés de los bloques en empujar una agenda de temas colocó al Senado en un rol desdibujado para el cierre del 2024, aunque volvió a concentrar todas las miradas en diciembre pero por el escándalo de Edgardo Kueider y su expulsión.

Sin dudas, una de las grandes cuestiones pendientes para los senadores es la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, tema que, como dijimos, el PEN tantearía para extraordinarias en febrero.

Si bien UP se muestra inclinado a apoyar a Lijo -la catamarqueña Lucía Corpacci habilitó con su firma el dictamen-, el oficialismo, con tan sólo seis senadores propios, necesitaría de más votos para alcanzar los dos tercios y la postulación del juez federal no convence a varios integrantes de las bancadas dialoguistas. Incluso fue a causa de esa propuesta que el oficialismo echó de su ultra minoritario bloque al formoseño Francisco Paoltroni, quien osó criticar duramente la candidatura promovida por el Gobierno.

En el caso de García-Mansilla, el kirchnerismo lo rechaza de plano por su perfil conservador y porque además asegura que debe candidatearse a una mujer. Francos, quien en reiteradas oportunidades habló de la posibilidad de que se nombren a los jueces de la Corte por decreto, enfrentó consultas sobre el tema durante la sesión informativa. En caso que no avancen los pliegos dijo que no descartarían postular a una mujer para la Corte, mientras que desde UP le entregaron un documento en el que rechazan rotundamente la idea de que el Poder Ejecutivo designe “en comisión” a Lijo y/o García-Mansilla.

También en relación a la Justicia, aunque anunciado desde Casa Rosada, la Cámara alta quedó a la espera del envío del PEN de más de un centenar de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial.

Por otro lado, con media sanción de Diputados, en el Senado quedó pendiente el tratamiento del proyecto de abordaje integral contra el crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, y otro sobre regularización de la tenencia de armas y prórroga del programa de entrega voluntaria. Ambos fueron enviados por el PEN y recibieron despacho en las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales durante noviembre pasado.

Entre otros proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara baja, tuvieron dictamen de comisión distintos acuerdos internacionales, una iniciativa que propone crear la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias, y la llamada “ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que prontamente perderá estado parlamentario si no se trata.

A partir de iniciativas de los propios senadores, se despachó en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable un texto que propone derogar la Ley de Manejo de Fuego; mientras que en las de Seguridad Interior y Justicia y Asuntos Penales se avanzó con un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes.

Comandada por el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, la Comisión de Educación no puso en debate durante 2024 el proyecto con media sanción que declara a la educación como servicio esencial, de modo que se garanticen los días de clases cuando haya paro docente. 

Aprobada en diciembre, la ley sobre ludopatía fue girada a la Cámara alta, donde necesitará del impulso de la oposición para dar el debate. La Libertad Avanza la rechaza y Milei ya anticipó que podría vetarla.