del escándalo provocado por la promoción que el presidente Javier Milei hizo de la moneda digital $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Poder Ejecutivo, deberá investigar si el mandatario incumplió la Ley de Ética (N° 25.188), y en caso de detectar irregularidades, efectuará una denuncia penal ante la Justicia.

Las alertas se encendieron cuando el mandatario, todavía en horas del Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero, utilizó sus redes para alentar la participación ciudadana en el “Viva la Libertad Project”, de la empresa KIP Protocol. Esto generó que la nueva moneda que costaba US$ 0,000001 llegara a valer US$ 5,20, y se desplomara luego de que sus desarrolladores abandonaran el proyecto, retirando además los fondos de los inversores.

Con más de 24 horas de demora, y luego de realizar el correspondiente control de daños con la primera disculpa pública del libertario, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción, a cargo del abogado Alejandro Melik, para que “determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.

“Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, supo declarar Melik en enero de 2024, luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciara que la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dejarían de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero.

Para dar lugar al pedido del Ejecutivo, el organismo cumplirá con el artículo 36 de la Constitución Nacional, incluido en reforma de 1994, que establece la supervisión de la ética pública para continuar en ejercicio del cargo al que se accedió. 

A través de la investigación que iniciará determinará si el Presidente o cualquier funcionario involucrado violó la Ley de Ética Pública, que enumera “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado” (art. 1).

En especial si hubo incumplimiento del artículo 2, inciso G, en el que se establece que el Presidente de la Nación debe “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

En Casa Rosada muestran tranquilidad por la investigación impulsada, y descartan la posibilidad de que el pedido de juicio político impulsado por Unión por la Patria en el Congreso avance. “Se debe investigar todo y ahí veremos. No tenemos problema porque no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo”, aseguraron a la agencia Noticias Argentinas.

“La Constitución Nacional, art. 53 determina que las causales de juicio político son solo tres: 1) el mal desempeño, y es relativa a la administración del Gobierno. 2 y 3) la comisión de delitos, que requieren sentencia judicial previa. Por lo tanto, no existe casual”, sentenciaron.

El paso a paso de la investigación 

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario.

De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común.

Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo.

En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.

Tanto Davis como su firma “Kelsen Ventures” serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.

También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador. Del encuentro participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos.

Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia.

“Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación”, detallan desde el organismo en su página web como uno de los objetivos a cumplir tras evaluar el impacto en el funcionamiento y credibilidad de las instituciones; la cantidad de ciudadanos afectados por el acto; el monto del perjuicio causado por el acto y la antigüedad de los hechos.

Además, aclaran que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.

“Todo lo que se pueda investigar vamos a hacerlo”, sostuvo ante esta agencia un funcionario con acceso al despacho presidencial.

El reclamo de los constitucionalistas

La agencia Noticias Argentinas consultó al abogado constitucionalista Felix Lonigro, quien definió como una medida “para la tribuna” el anuncio del Ejecutivo sobre la investigación de la OA a raíz del escándalo.

“Será de relativa importancia la investigación porque la Oficina Anticorrupción no tiene autonomía. No me imagino que el abogado designado por el Presidente tenga libertad para investigar”, fustigó sobre Alejandro Melik.

Asimismo, reclamó la participación de la Justicia y se mostró a favor de que el Congreso impulse una comisión para determinar si el Presidente incurrió en una conducta que justifique una sanción. “Lo que hizo el Presidente es muy grave”, especificó.

A su turno, el doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez también cuestionó la autonomía de la Oficina Anticorrupción tras argumentar que su titular no podrá impulsar una investigación transparente debido a la tendencia libertaria de “castigar” a todos los que oponen al Presidente, y pidió la intervención del Congreso.

Aunque descartó la posibilidad de Juicio Político, promovió la creación de una comisión que detecte si el mandatario violó la Ley de Ética Profesional. Además, precisó que el Código Penal debiera “castiga al funcionario público que directamente o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo (art. 265)”.