Otra vez la tragedia se posó en Bahía Blanca. Como en diciembre de 2023, cuando esa vez el viento causó devastación y entre otras cosas derrumbó el techo de un club causando 13 muertos. El gobierno libertario llevaba menos de una semana en el poder y el presidente viajó a esa ciudad para estar -muy poco tiempo- en el lugar de los hechos. Y ahí, vestido con ropas militares, con el ministro de Defensa a su derecha con igual atuendo, expresó unas palabras que aún resuenan (mal) en la memoria bahiense: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes”.

Fue lo primero que les vino a la mente a muchos cuando este viernes se conoció la magnitud de un desastre aún peor en la tierra natal de Manu Ginóbili. Con más experiencia y mejor aconsejado, el Gobierno desarrolló un intenso operativo para atender la emergencia, autorizó el envío de 10 mil millones de pesos para las tareas de asistencia y Patricia Bullrich y Luis Petri –la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023- se instalaron allí enfrascados en sus funciones ministeriales.

Rápidos de reflejos, en Presidencia suspendieron la visita de Milei a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia, aunque al menos de entrada no cambió su destino hacia el lugar de la tragedia. Que logró, eso sí, lo que hasta poco antes parecía imposible: que el Gobierno nacional y el bonaerense se mostraran juntos coordinando acciones en el lugar de los hechos. No podía ser de otra manera, pero dadas las circunstancias y antecedentes, sorprendió. Gratamente.

Porque justo una semana antes, Javier Milei había llegado a sugerir la intervención de la provincia. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó Milei el viernes anterior al colapso bahiense.

Si bien después diversos voceros trataron de minimizar el alcance de la amenaza, ese ataque es parte del bombardeo oficial constante sobre la administración de Axel Kicillof, secundado por medios y periodistas afines. El combustible para la contienda son los casos de inseguridad que se suceden en territorio bonaerense, situación que el presidente ha descripto como “un baño de sangre”, parangón cuyo copyright corresponde a José Luis Espert, hoy en la pole position libertaria para estas elecciones en el distrito bonaerense (madre de todas las batallas).

Desde la gobernación le contestaron que el índice de homicidios viene bajando en la provincia, cosa que la prensa adicta relativizó. Pero lo cierto es que la única manera de medir estas cuestiones -sin guiarse por la “sensación térmica”- es a través de las estadísticas. Y si bien en la materia puede objetarse que no todos los casos se denuncian, los homicidios no pueden ocultarse. El tema es que, moderada la inflación, la seguridad ha vuelto a ocupar un lugar principal en la escala de demandas de la sociedad. Pardójicamente cuando la ministra de Seguridad de la Nación, a quien el presidente Milei ponderó especialmente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, goza de la mejor imagen. Incluso hay una encuesta conocida esta semana que sitúa a Bullrich por encima de Milei, caso $Libra mediante.

El propio presidente dio datos positivos sobre la seguridad, cuando en la Asamblea Legislativa afirmó que “tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”, dato corroborado por Chequeado, en base a un informe del Insight Crime de 2024, que señala que la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala que Argentina tiene la tasa más baja de la región.

Ante un recinto semivacío, Milei también destacó el 1° de marzo que gracias al plan lanzado por el Gobierno nacional en Rosario se ha logrado “el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”.

¿Podemos hablar entonces de un incremento de la inseguridad, o es que el Gobierno nacional ha resuelto hacer campaña en el principal distrito del país con ese tema? Lo cierto es que ese mismo elemento se ha colado en la discusión electoral porteña, donde La Libertad Avanza tiene decidido -y no lo oculta- expulsar al Pro del Gobierno de la Ciudad que administra desde hace 17 años. En este caso usando las fugas de comisarías para raspar a la gestión de Jorge Macri. Acá también valen las estadísticas: este año ya fueron 13 los evadidos, pero en 2023 hubo 22 y en 2024 se contabilizaron 21 fugas. Datos del Ministerio de Seguridad, que describe así la sobrepoblación de detenidos en comisarías: en 2023 había 1.600; en 2024 ya eran 2.300, y hay este año 2.455. La capacidad máxima es de mil presos. FIN.

Como sea, el jefe de Gobierno porteño decidió esta última semana dar una señal de cambio en ese sentido, reemplazando al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, un civil, por un policía que ya condujo la Policía de la Ciudad en tiempos que gobernaba su primo, quien lo recomendó. Igual Wolff iría como candidato en la trascendental elección prevista para mayo, aunque el primer lugar de la lista estaría reservado para Laura Alonso, actual vocera del Gobierno porteño.

Desdoblada de las generales por primera vez desde 2015, esta elección ha adquirido un carácter nacional, donde competirán pesos pesado. El peronismo llevará como candidato al diputado nacional Leandro Santoro, que quiere ser jefe de Gobierno en 2027 y especula con sacar partido de la división del voto entre macristas y libertarios; la Libertad Avanza podría poner en cancha a Manuel Adorni –a quien no lo convence para nada el cambio, pero hará lo que le pidan-; la Coalición Cívica jugará con la diputada nacional Paula Oliveto y hasta es probable que compita Horacio Rodríguez Larreta.

El misterio se resolverá pronto: el 19 de marzo cierran las listas.

La atención oficial en los próximos días estará puesta en el Congreso, donde hoy dos cuestiones desvelan al Gobierno: los jueces para la Corte y el acuerdo con el Fondo.

En el caso de los magistrados, el presidente se había endulzado pensando que con los nombramientos en comisión se salía con la suya -recordar lo de “los dos o ninguno”-, y más cuando prestamente García-Mansilla fue convalidado por el pleno de la Corte. Pero el entusiasmo se desinfló cuando tres de los cuatro miembros del Tribunal rechazaron convalidar la licencia que había pedido Ariel Lijo para mantener el Juzgado Federal N° 4 como resaseguro por si queda fuera de la Corte Suprema. Se sorprendieron en la Rosada con el voto de García-Mansilla, que dio una muestra de carácter al rechazarle el pedido de licencia, contrariando los deseos del Gobierno y de su compañero de decreto.

Tal vez le haya hecho un favor a Lijo, que sigue apostando a que el Senado apruebe sus fueros. Siguiendo la recomendación que le hizo el propio Gobierno, él mismo se encargó en su momento de conseguir sus votos y pensó que los tenía. Tal vez sea así, pero el clima se enrareció para el Gobierno con el caso $Libra y en el peronismo no quieren regalarle ningún éxito al presidente. Menos el kirchnerismo ahora, que es el que más contactos informales mantuvo sobre el tema con Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y mandamás real en esa cartera. Lo cierto es que su pliego está listo para ser tratado y podría suceder esta misma semana. Como Lijo no terminó jurando “en comisión” -no piensa retirar su pedido de licencia para hacerlo-, cree que sus chances siguen intactas, pues el bloque que conduce José Mayans había dicho que no votaría a ningún juez impuesto por decreto.

Los senadores de UP y algunos radicales y del Pro apuran la firma del pliego de García-Mansilla, para poder llevarlo al recinto y bocharlo. Para eso avanzaron en la Comisión de Acuerdos con dos dictámenes de rechazo a los que les faltan una firma a cada uno. Igual lo pueden tratar sobre tablas, pero sería más complicado, pues necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento. Tras ello, con 25 votos totalmente conseguibles, alcanza para sacarles tarjeta roja a los dos.

Sería una señal muy contundente del Congreso hacia el Gobierno que muchos quieren dar, mas no sus gobernadores, que presionan a los senadores, presionados a su vez por la Rosada.

Sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno anterior impulsó en 2021 la Ley 27.612 que obliga a que todo entendimiento de ese tipo sea aprobado por el Congreso. Para saltear esa instancia, la Oficina del presidente anunció el jueves que cumpliría con el Congreso mandando un decreto de necesidad y urgencia. No es lo que dice la ley citada, que en su artículo 2° establece que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Un DNU no es una ley; es algo mucho más discrecional que le da al Ejecutivo múltiples prerrogativas: entra en vigencia al ser firmado; no necesita ser debatido; y alcanza con que una sola cámara lo apruebe.

El Congreso decidirá esta semana si sigue haciéndole concesiones al Gobierno. Un opositor alertaba este fin de semana con una velada amenaza presidencial en la apertura de sesiones. Fue cuando, hablando del aval a lo que vaya a acordar con el Fondo, advirtió que “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer”. Dicen que el que avisa no traiciona.