Cinco años después del inicio de la pandemia de COVID-19 y con la emergencia sanitaria global oficialmente finalizada desde 2022, el intendente de Río Grande, Martín Pérez (quien es referente de La Cámpora en Tierra del Fuego y aliado de Máximo Kirchner) continúa ejerciendo el poder con facultades extraordinarias que le fueron otorgadas en 2020 bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.

La concejal Lucía Rossi, del bloque FORJA, denunció que el Ejecutivo municipal mantiene en vigor una serie de ordenanzas que le permiten operar sin la supervisión del Concejo Deliberante, a pesar de que ya no existen justificaciones sanitarias para ello. Rossi solicitó la derogación del artículo 5 de la ordenanza 4631/2023, que extiende hasta octubre de 2025 una serie de emergencias administrativas vinculadas a la pandemia.

La concejal considera “innecesario y absurdo utilizar una tragedia tan grave como fue la pandemia para sostener privilegios que recortan atribuciones al Concejo e impiden el normal funcionamiento de los poderes del Estado municipal”.

Desde marzo de 2020, Pérez ha gobernado con amplios poderes tras la aprobación de múltiples emergencias, incluyendo las áreas habitacional, vial, hídrica, sanitaria y tributaria. Esta situación ha suscitado inquietud institucional y peticiones de revisión por parte de diversos bloques del Concejo.

El intendente, quien aspira a la gobernación fueguina en 2027, mantiene una relación tensa con el actual gobernador Gustavo Melella, a quien acusa de discriminar a Río Grande en la distribución de fondos.