El mundo del juego es, dentro de las actividades lícitas, uno de los más rentables negocios a nivel mundial. Miles de millones de dólares se mueven anualmente en cualquiera de las zonas geográficas donde este se asienta y esto genera todo tipo de especulaciones, donde el "estereotipo lúdico" viaja más allá de la realidad concreta en la imaginación popular.

En ese mundo, donde algunas empresas se mueven al borde de la ilegalidad y la política no quiere dejar de meter su cuchara, se mueve en nuestro país uno de los grupos más sospechados por su estrecho vínculo oficial. Se trata de Casino Club, perteneciente a Cristóbal López, a la sazón "testaferro" de Néstor Kirchner, firma que maneja —entre otros negocios— las máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo y que se asoció a la fuerza con el Casino Flotante de Puerto Madero.

Lenta, pero incesantemente, López —de quien este periódico publicó no pocas denuncias (1)— va aglutinando el negocio del juego en todo el país, merced a las presiones que el ex presidente Néstor Kirchner hace a diversos funcionarios de todo el país.

En las últimas semanas, esta pelea se ha trasladado a la provincia de Buenos Aires, donde la presión oficial venía siendo repelida por el saliente gobernador Felipe Solá. Ahora, con la llegada de Daniel Scioli al mismo cargo, uno de los "empleados inorgánicos" de López fue instalado a la fuerza en la Lotería de la Provincia de Buenos Aires como "Personal Jerárquico de planta permanente". Se trata de Carlos Alberto Gallo, un oscuro abogado que oportunamente pasó, sin pena ni gloria, por la presidencia de Lotería Nacional Sociedad del Estado (LNSE). 

Gallo fue el responsable de permitir en su momento a la empresa de López instalar en Palermo las primeras 80 máquinas tragamonedas. Luego, en octubre de 2003, con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el gobierno de Aníbal Ibarra suscribió un acuerdo que cedía a la Nación el control del juego a cambio de participar de lo recaudado. "Trece días después, la Legislatura, en una sesión estruendosa, aprobó el convenio. Tal vez sean demasiado suspicaces quienes creen que allí nació el pacto entre Kirchner e Ibarra que rige hasta hoy", aseguró diario La Nación hace unos meses, agregando que Jorge Telerman "siguió los pasos de Ibarra. Designó a Gallo al frente del Instituto del Juego de la ciudad. Ante varios amigos dijo que fue a pedido de Carlos Zannini. Sin reclamos de ese instituto, los cinco bingos porteños renovaron sus licencias, pero dejaron de solicitar la instalación de tragamonedas que competirían con las del hipódromo."

Insólitamente, el novísimo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, intentó convocar nuevamente a Gallo, pero Scioli se anticipó a la movida y, como se comentó más arriba, lo puso al frente de la Lotería de la provincia. 

Llama poderosamente la atención tanto interés por este personaje, sobre todo cuando se tiene en cuenta que Gallo está severamente cuestionado a nivel judicial.


El hombre de Cristóbal

Carlos Alberto Gallo, CUIT 20-16227134-3 nació en 1963 y posee jugosas cuentas bancarias que provocarían la envidia del más afortunado de los seres humanos. Banco Comafi, Citibank y Banco de la Provincia de Buenos Aires son algunas de las entidades que lo tienen como selecto cliente. Asimismo, posee a su nombre cuatro automóviles, uno de los cuales es un impecable Chevrolet Astra, matrícula CSS273.

Gallo es un hombre muy bien conectado y ha sabido "adornar" a diversos funcionarios a efectos de escalar en el ámbito del juego local: José Torello,  Nicolás Caputo, Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Federico Achaval son algunos de los que se han enriquecido gracias a su abultada billetera, llenada a su vez por el inefable Cristóbal López.

Lo que pocos saben sobre Gallo —y que este se encarga de mantener oculto—, es que se encuentra procesado en una causa judicial que fue impulsada oportunamente por la Oficina Anticorrupción (OA), por irregularidades en la concesión del Tattersall y el Museo de Hipología, ubicados en el Hipódromo de Palermo. Esta denuncia fue posteriormente ratificada por la Sala II de la Cámara Federal.

La denuncia de la OA había cuestionado el acuerdo arribado entre LNSE, y la Asociación Argentina de Fomento Equino quien había subalquilado a la empresa Tattersal de Palermo SA y al restaurante Kansas de propiedad de Bistró SA, por el cual se acordó prorrogar el uso de los predios por un lapso de 10 años, con opción de 5 años más a favor de Tattersall de Palermo SA. El acuerdo, firmado llamativamente el 15 de mayo de 2003, una semana antes del cambio de gobierno, fijó un alquiler mensual de $12.000.

Según asegura un documento aportado a este periódico por la OA, la denuncia está relacionada al monto del alquiler, el cual "no se condecía con el tamaño y características del predio y su potencial explotación. La SIGEN señaló que el Tattersall constituye 'un espacio excepcional, probablemente único en Buenos Aires, cuyo valor locativo no está sujeto a las valoraciones normales del mercado'. Por su parte, el ONABE estimó que el canon mensual adecuado era de $40.000 para el restaurante Kansas y $30.000 para el Tattersall de Palermo, constituyendo una suma total de $70.000."

La OA denunció, además, la existencia de un "subalquiler" del predio para "fines distintos a los estipulados en el contrato", como así también de las construcciones realizadas en el mismo sin la debida autorización. De esta forma se violó el contrato de locación original firmado en 1994, dado que se habilitó el predio del Museo de Hipología, el cual estaba destinado a la venta de caballos, para explotación comercial de un restaurante y un salón de eventos.

En la resolución que confirma los cargos contra Gallo, los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun consideran que el canon de $ 12.000 "no tiene proporción con el funcionamiento y explotación ininterrumpida de un local gastronómico en el lugar destinado al edificio identificado como Museo de Hipología, al mismo tiempo que en el Tattersall se permite la realización de diversos eventos que generan elevados ingresos". Ante estas nuevas actividades comerciales y a casi diez años del contrato original "resulta absurdo considerar adecuada la cifra que invoca la defensa". Para los camaristas, es posible afirmar que las autoridades de Lotería Nacional S.E, violando los deberes que tenían a su cargo y con el fin de favorecer indebidamente a las sublocatarias, "obligaron abusivamente al Estado al celebrar el nuevo acuerdo con Asociación Argentina de Fomento Equino S.A.", motivo que genera la confirmación de su procesamiento.   


Concluyendo

Que se haya nombrado a un funcionario "procesado" al frente de un organismo tan sensible como es la Lotería, es llamativo, pero más lo es cuando se trata del testaferro de un ex —actual en realidad— presidente de la Nación, quien no disimula a la hora de hacer lobby a favor de este. Por caso, pocos días antes de dejar su gobierno, Néstor Kirchner le prorrogó a su amigo Cristóbal —por 15 años, mediante un decreto— la concesión de las máquinas tragamonedas del Hipódromo Argentino de Palermo, un negocio que ronda los 4 mil millones de pesos anuales (2).

Esta es la pelea silenciosa que en estos días se da en la Provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli resiste con pocas esperanzas de vencer. Sabe que es probable el ingreso de López y sabe también que esto será un gran retroceso en su imagen pública. Sus propios asesores, a la hora de nombrar a Gallo le aconsejaron patear el tablero y no aceptar más presiones, pero Scioli no se animó a hacerlo. Es sabido que el gobernador teme fuertemente al kirchnerismo y apuesta a su desgaste por el tema del campo antes de empezar a rebelarse.

Sólo en ese ámbito, con un kirchnerismo agonizante, Scioli se animará a frenar al irrefrenable Cristóbal López.

Carlos Forte

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3575

(2) Ver http://www.revista-noticias.com.ar/comun/nota.php?art=1148&ed=1621