Los lectores podrán analizar la falta de transparencia y complicidad del gobierno, el cual, lejos de iniciar acciones fehacientes en pos de la sustentabilidad del caladero y trabajadores, incoa actos de elevadísima corrupción.
    Existe una auditoría de la Sindicatura General de la Nación que ratifica mis denuncias sobre el vaciamiento del mar argentino por parte de empresas ilegales, el Consejo Federal Pesquero, el subsecretario de Pesca y Secretarios de la SAPYA.
    Subyace a la fecha ese status quo ilegal, no variando la presión de la flota sobredimensionada e (insisto) ilegal, empeorando el estado del caladero.
    Durante la semana pasada tuve variados encuentros con diferentes personas del "taller sobre la problemática pesquera" y me decían off the record: "en el Consejo Federal Pesquero no te pueden ni ver… (Gerardo) Nieto te odia… Nadie te quiere cerca de allí por nada del mundo".
    Realmente me sentí colmado de felicidad, pues mi preocupación seria si despertara en ellos otro sentimiento, ya que impulso acciones judiciales para que sean procesados por diversos delitos, como "complicidad de la destrucción del caladero", "facilitación del enriquecimiento ilícito con recursos de patrimonio de terceras generaciones", "daño ambiental", "violaciones constitucionales reiteradas" y "vulneración de tratados internacionales" como lo son la CONVEMAR, el tratado de pesca responsable de la FAO, etc.
    El Consejo Federal Pesquero, como lo ratifican informes de la AGN-SIGEN-PTN señala a sus integrantes (del Consejo) como cómplices necesarios y coparticipes de este colapso de recursos y corrupción que destruye el futuro pesquero de la Argentina.
    Las auditorias sobre los recursos, su administración, y la gravedad de los mismos, son tan públicas como deberían ser ellos como funcionarios (y sus jefes, los Gobernadores).
    El caladero argentino ya envía las señales inequívocas biológicas, conocidas internacionalmente, de colapso. Ttodo se acaba sin medidas genuinas de conservación, no alcanzan los discursos políticos ni las reuniones del CFP en importantes hoteles que pagamos todos, para que ellos “todos de acuerdo” nos roben, sin copias taquigráficas de lo tratado.
    El permitir que buques ilegales, los cuales la SIGEN- órgano de rango constitucional del poder ejecutivo- señala como ilegales y dictamina la baja de sus permisos a la fecha, pesquen impunemente, no deja lugar a dudas de que el “negociado pesquero” les cierra muy bien a las corruptas autoridades socias de los empresarios a los que permiten la depredación vinculada al daño ambiental precedente.
    Del mismo modo, el gobierno, cuando finalice su mandato, deberá comparecer ante “otra” Justicia como le sucede a Carlos Menem y a funcionarios ligados a él. En tal sentido, los integrantes del Consejo Federal Pesquero deberán explicar cómo con resoluciones emanadas por ese órgano se desplazaban leyes sancionadas por el Congreso. De esto me encargaré personalmente, pues nuestro antagonismo es simple: yo defiendo los intereses pesqueros de la Patria y ellos defienden los intereses pesqueros de sus patrones depredadores, los empresarios ilegales.
    Nuevamente solicito un simple análisis del por qué no se aplica la ley y se permite depredar, al no apartarse del caladero los buques ilegales. Es sencillo, esto se da porque hay mucha gente llenándose los bolsillos en silencio y parte de esa gente es el propio Gobierno que clama diariamente por su honradez que ya nadie cree.
    En todo esto tampoco escapa la mirada de los Gobernadores, que permiten que sus representantes colaboren en violaciones constitucionales, traicionando así a los ciudadanos que los votaron para defender cada una de sus economías regionales de forma fehaciente y sustentable.
    Cuando llegue el colapso pesquero no me gustaría estar en la piel de los mandatarios provinciales, explicando a sus tripulantes y trabajadores de las fábricas de pescado por qué no tienen materia prima para trabajar.
    Los gobernadores son parte del banquete porque, de no ser así, ya habrían tomado medidas correctivas y a la fecha ofician de testigos mudos como si no fueran parte. Deberían saber estos que es muy fácil revertir ya mismo la destrucción pesquera.
    Los talleres de sustentabilidad se reúnen para hacer algo en pos de los recursos, y son lo mas parecido que hay a una comisión (vale recordar a Juan D. Perón).
    Aquí la cosa es más simple: hay que aplicar las leyes inaplicadas, terminar con la "cajita feliz" de Felipe Solá, Gato Novero y los jefes de Fiscalización de la SAGPyA, inspectores embarcados y de tierra.


De esta manera se termina con la mafia

    1º Prefectura y Armada debe abordar como lo diseñé en mi Plan Fénix Pesquero los buques en alta mar y controlar medidas de las redes (mallas) y especies capturadas, verificando también los sistemas anticontaminación de cada buque abordado. Debe aplicarse el uso fehaciente de separadores de sentinas. Verificar que ningún buque tenga orificios en sus cascos sin válvulas de cierre manual de seguridad; en el caso de factorías y o ramperos, se debe controlar el uso y funcionamiento de trituradoras de pescado.
    2º Filmar navegando al lado de los buques en ciertas zonas, y por el avión que controla el área de veda los buques que se vean llenos de gaviotas a sus costados, ello indica que se arroja pescado al mar, violando la ley. Los albatros no "comen aire” y se llenan por cientos al lado de cada buque cuando se descartan arrojando los miles de kilos de pescados al mar que hoy son descartados.
    3º Endurecer las multas y aplicar la ley General de Medio Ambiente al armador y al capitán, pues las redes de medida ilegal no las pone el buque, las compra el armador y las acepta y usa el capitán o patrón de pesca. Cada buque tipo rampero con orificios en el casco, deberá ir a puerto y se labrarán actuaciones sumarísimas al capitán y empresa por poner en peligro la seguridad de la nave y tripulación tal como lo establece el Código Penal; también se harán actuaciones por violar la Ley general de Medio Ambiente pues se utilizan estos orificios para arrojar pescado al mar sin triturar.
    4º Bloquear el título del capitán o patrón de pesca por 6 meses y $50.000 de multa al patrón o capitán
    5º Suspender al buque por 6 meses en su cupo de captura y hacer que remita los recibos de sueldo de la tripulación y trabajadores como si el buque estuviese en producción a legales de la SAPYA quien fiscalizará el cumplimiento genuino.
    6º Llevar a cabo el registro de reincidentes como lo establece la Ley 24.922 (jamás aplicado, ni solicitado por el Consejo Federal Pesquero, ni autoridades del Gobierno, en clara muestra de connivencia extrema).
    7º Legislar la reincidencia con penas de pérdida de libreta de embarque del capitán o patrón y del permiso de pesca del buque para la empresa. Acumulando las sanciones penales establecidas en la Ley general de Medio Ambiente por daño ambiental, haciéndose cargo la empresa de pagar el daño.
    8º Todo buque que se encuentre dentro de una área de veda, perderá su permiso de pesca y abonará una multa equivalente a 10 viajes, embargando las cuentas de la firma. El capitán o patrón perderán su Libreta de embarco, iniciando la Procuración del Tesoro acciones civiles y penales al capita/patrón y empresa.
    9º Todo parte de pesca es un documento público, el cual si esta “tergiversado” por el capitán solidariamente con la empresa incurren en la adulteración de documento publico, con el daño ambiental que conlleva falsear su declaración de especies capturadas al arribo.
    10º Las comisiones fiscalizadoras de descargas por Res SAPyA: 1113 y Res 1115 deberán ser modificadas a: que de las mismas formaran parte veedores de la Prefectura y la Armada, y las mismas serán filmadas, por las diferentes comisiones y remitidas al archivo, o utilizadas como prueba en las acciones legales que debieren aplicar por falsear datos de especies.
    11º Todo buque congelador en los cuales sus rótulos de especie no coincidan con la especie dentro de la caja, será sancionado por "falta grave" a pagar a la AFIP una multa, pues es producto a exportar, siendo esto fraude al fisco; y otra a la SAPYA la que no podrá ser reducida como lo es hoy al 50% por pago voluntario.
    La suma debe ser significativa, correctiva y ejemplificadora. Un millón de pesos la primera vez a abonarse en 72 hs de forma sumarísima y el buque no podrá zarpar si no paga la multa con antelación.
    12º Todas las descargas deberán ser filmadas (en todo el país) y deberá estar presente un miembro de cada cámara y un integrante de las Armada, junto a otro de la Prefectura Naval firmando la planilla de la misma cada miembro presente. Esta será una declaración jurada, que de ser falseada iniciará causa por "fraude y estafa" sobre recursos que son patrimonio de generaciones futuras.
    13º Se creará un "Grupo Federal Pesquero" de control externo que remitirá a ordenes de alguien (no corrupto, ¿quién podrá ser hoy?) y tendrá poder por sobre las fiscalizaciones provinciales.


Informe auditoria SIGEN año 2003, la mafia continúa

    La evaluación del accionar desarrollado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos denota graves fallas con relación al cumplimiento de aspectos establecidos en la Ley de Pesca, las cuales inciden en forma significativa en la administración y control de las actividades pesqueras.
    Se destaca la ausencia de toma de decisiones con relación a la legalidad o legitimidad de los permisos de pesca que en el marco de las revisiones realizadas presentaron irregularidades, circunstancia que tolera que buques cuyos permisos puedan resultar viciados de nulidad, continúen pescando un valioso recurso que se encuentra limitado.
    La reinscripción de los buques en el Registro de la Pesca, presenta un importante grado de incertidumbre con relación a la efectiva revisión de la totalidad de los permisos considerados, y de la inexistencia de irregularidades en los mismos. La posible reinscripción de permisos que adolezcan de vicios que en instancias de revisión dieran lugar a su revocación, a criterio de esta SIGEN, ameritan la conveniencia de efectuar una revisión de lo actuado.
    Las medidas de protección del recurso ictícola resultan deficientes, tanto en relación a los controles instrumentados sobre las actividades de pesca, como al seguimiento de las capturas efectuadas. Dicha circunstancia puede dar lugar a una situación de sobrepesca que afecte la conservación de los recursos vivos marinos y provoque graves consecuencias económicas sobre los sectores de la población cuya subsistencia se encuentra sensiblemente vinculada con la industria pesquera.
    Con relación a la designación de inspectores, la interventora de la DNPyA en su nota N° 1380/2003, dirigida al Subsecretario de Pesca expresa lo siguiente: "también debe destacarse el manejo político que existe en la contratación y designación de los inspectores en las cuales esta Dirección Nacional no participa, así como también la falta de capacitación adecuada de los mismos".
    Las afirmaciones efectuadas en el párrafo precedente aparecen como muy graves, dada la fundamental importancia de la selección de los inspectores que realizarán el control de las actividades de pesca, atento la incidencia de su participación a los efectos de la protección del recurso ictícola.
    Señora Presidente, respetuosamente me es menester recordarle que, tal como hoy juzgan a los genocidas de ayer que detentaron un poder omnímodo en el pasado, los Kirchner también podrían emularlos, pues su política pesquera aplicada es otra clase de genocidio.
    "Qué otra cosa son los individuos de un gobierno, que los agentes de negocios de la sociedad, para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público". General Manuel Belgrano.

Roberto Maturana
Oficial de Marina mercante-Investigador