Un documento académico del episcopado boliviano, señala que “Las autonomías en Bolivia las podemos entender como un régimen en el que los departamentos (regiones) pueden otorgarse mecanismos institucionales para un mejor desarrollo, enmarcados en el ordenamiento nacional para evitar que las autonomías se conviertan en motivo (pretexto) hacia la división o la anarquía del país, como a veces se quiere hacer ver. Además (…) tienen la capacidad de elegir por voto directo a sus autoridades, ocuparse de determinadas competencias y crear tributos para autofinanciarse” (1). Sin embargo en las marchas y contramarchas de los referéndum autonómicos se ha visto como el planteo principal no es administrase y elegirse sus propias autoridades, sino que quedarse con la renta que producen, en detrimento de las otras regiones más pobres del país, en dónde el presidente Evo Morales recibe gran apoyo. ¿Por qué darles nuestra próspera riqueza si los otros no producen?, preguntan.

En el mismo documento citado, se observa claramente el PBI de cada uno y la gran porción que le corresponde a la militante autonómica Santa Cruz, un poco más grande que La Paz. Y en un esclarecedor cuadro, se ven las porciones de regalías por explotación de hidrocarburos, lo que deja a Tarija y Santa Cruz en los primeros lugares. La nacionalización, ya proclamada por Morales, de los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos, entonces, es una medida tendiente a despojar de poder a las compañías trasnacionales que desde hace siglos saquearon Bolivia.

Un documento del Instituto Boliviano de Comercio Exterior sobre Santa Cruz de la Sierra asegura que “su población pasó de menos de 200.000 habitantes a más de 2 millones, y de ser un 60% rural, a ser mayoritariamente urbana y a concentrarse en la capital del departamento con alrededor de 1.4 millones. (…) Los indicadores económicos son rotundos, Santa Cruz aporta con 31% del PIB, en el departamento con el 33% del territorio de Bolivia se tiene el 65% del total la superficie cultivada nacional y se contribuye con el 72% de la producción agropecuaria del país. Además el índice de competitividad de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es uno de los más elevados de América Latina” (2). Santa Cruz, potencia regional exportadora agropecuaria y de hidrocarburos, proclama su autonomía dentro de esta coyuntura productiva (3).

La nacionalización viene a contrapesar esto, y es también cuestión de “Defensa Nacional”, y cuidar recursos que algún día se agotarán y que pertenecen a todo el país, no solo a un sector que pretende autonomía. Eso irrita obviamente a las compañías extranjeras y a las regiones que se beneficiaban con una Bolivia débil, que hoy por eso está en conflicto: uno por la distribución de la renta. De ahí, los conflictos desatados entre los partidarios de la autonomía y los partidarios del centralismo.

Algo similar podría suceder en la Argentina. La opinión pública tiene que saber —a partir del “paro” rural—, que es desde el campo de donde provienen los alimentos, pero que este complejísimo problema trae aparejado que la tierra tiene un valor altísimo, que la soja es muy rentable, y que la demanda de alimentos crecerá enormemente los próximos años a nivel mundial (4), y somos de los pocos países del mundo capaces de satisfacer esta demanda. Esta situación nos pone en una disyuntiva absoluta, dado que los productores son privados y quieren, como racionalmente querría cualquier actor capitalista racional, su ganancia. ¿Pero como podría pensarse país productor alimentario de nivel internacional, el cual necesita de políticas de Estado fuertes y a largo plazo, en dónde actores privados tienen más poder que el Estado y en donde todavía la deuda interna no se ha saldado, habiendo todavía hambre en nuestro país?

En todas las manifestaciones públicas —a diferencia de lo que sucede en Bolivia— los productores rurales enarbolan la bandera Argentina. ¿Pero no es su reclamo también autonómico, en el sentido de que con sus medidas extorsionan a la sociedad con la amenaza de desabastecimiento y ponen en jaque a un gobierno elegido democráticamente hace sólo unos meses? Se podrá argumentar que lo que se busca es la eliminación de tan abusivo impuesto de más del cuarenta por ciento y la búsqueda de un país más federal, pero lo cierto es que el Estado Nación está siendo ignorado en esta protesta, cuando los productores desconocen la autoridad central al cortar la circulación mercantil, al erigirse soberanos y decidir sobre un impuesto que había sido legitimado en la urnas por el pueblo argentino.

En esta pulseada contra el gobierno, se esconde la posibilidad de que aquellos dueños de los recursos se puedan erigir en soberanos por sobre las mayorías, y una renovada posibilidad autonómica frente a los obsoletos Estados-Nación que no pondrán límite, y serán por lo tanto subsumidos por aquellos sectores con mayores riquezas. Luego vendrán inversores privados (probablemente extranjeros) y gracias a la ley económica del monopolio se quedarán con nuestras tierras e irá uno a uno, empezando por los más pequeños, desapareciendo. El obsoleto, débil e inútil aparato estatal no podrá defender a nadie.

(1)  http://www.derechoshumanosbolivia.org/bvdocs/las_autonomias_bolivia.pdf

(2)  http://www.ibce.org.bo/documentos/autonomia.htm

(3)  http://www.santacruz.gov.bo/

(4)  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/HLC08-inf-1-S.pdf