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PESCA Y DESIDIA

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EL GOBIERNO FAVORECE A URUGUAY POR SOBRE TRABAJADORES ARGENTINOS
EL GOBIERNO FAVORECE A URUGUAY POR SOBRE TRABAJADORES ARGENTINOS

EL GOBIERNO FAVORECE A TABARE VA

    El Gobierno y los delincuentes que lo representan —como autoridades pesqueras y representantes del Consejo Federal Pesquero— incoan actos impensados, más allá del sentido común y racionalidad, pues la ley y la Carta Magna la olvidaron hace tiempo.
    Aún a la fecha, las autoridades pesqueras siguen permitiendo que la empresa Grinfin de Uruguay se autoexporte el pescado argentino como materia prima a su planta en Montevideo, para allí sí dar el valor agregado a las capturas nacionales.
    En base a argucias ilegales sin sustento, cobijadas por todos los arriba mencionados, la empresa uruguaya Grinfin alquiló a un “muerto” la planta Rio Mar en San Antonio Este.
    Allí manufactura el 20% de las capturas de sus cinco buques con unos 20 fileteros, esto es una burla en la cara de todo el país. Mientras la ley se incumple, se evaden 400 puestos de trabajo directos y unos 100 más indirectos en la Argentina.
    El gobernador de Río Negro, Miguel Sainz, y el empleado de Grinfin por su provincia ante el CFP, Miguel Lavayen, son también copartícipes de la violación al Art. Nº 1 de la Ley Federal de Pesca que obliga a otorgar valor "mano de obra" al pescado argentino en el país. Evidentemente en San Antonio no debe haber desempleos ni pobres, ya que el Gobernador se da el lujo de permitir exportar miles de toneladas de pescado para que su valor agregado lo gane Uruguay.
    Profundizando el tema, este pescado que permiten exportar en franca violación a la Ley de Pesca, muestra la clase de funcionarios "basura" que la Argentina mantiene en cargos tan importantes a los intereses nacionales que continúan haciendo "caja" con recursos patrimonio de generaciones futuras.
    No es casual, sino corrupción, lo que permite a esta única empresa en el país aplicar esta metodología exportadora. Esto cuesta mucha plata en compra de voluntades, imaginemos 400 trabajadores del pescado, ART, seguros, cámaras frigoríficas, camiones, generarían un desarrollo económico importantísimo, en una zona conocida en el ambiente como liberada al contrabando y descontrol pesquero. San Antonio Este es el “puerto privado” de Grinfin.
    La Presidente, que habla de la defensa a la legalidad, es quien cobija a los delincuentes que destruyen el futuro pesquero argentino. Durante el año 2007, la SAGPyA impidió el acceso público a los informes técnicos sobre el estado de la merluza, una obligación que debería haber cumplido para garantizar el derecho de acercarse a la información que le corresponde a todos los ciudadanos argentinos de acuerdo a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
    La AGN, órgano de rango constitucional, advierte que, a pesar de las medidas que implementó la Subsecretaría de Pesca con relación a la situación crítica denunciada en el anterior informe —aprobado por Resolución 69/02—, “aún no se ha alcanzado o logrado el control necesario a los fines de evitar los excesos en la explotación de los recursos pesqueros para asegurar su sustentabilidad”.
    El estado actual del sector es reflejo de una política aplicada de destrucción de recursos. El mantener un Consejo Federal Pesquero corrupto y un Secretario de Pesca en sintonía con las empresas mas poderosas e ilegales de la Nación, no es casual. No existe en la historia pesquera nacional una empresa que operara como Grinfin, y ello es posible porque el gobierno permite que se pisotee toda legislación referente. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez está feliz, pues gracias a los Kirchner mantiene más de mil puestos de trabajo en Fripur que exporta al mundo productos elaborados y formateados de pescado argentino como made in Uruguay.
    Es deber de los Diputados y Senadores vernáculos solicitar la suspensión de los permisos de pesca de los buques de Grinfin hasta que la empresa no elabore el 100% de las capturas en la República Argentina.
    Los Kirchner no deben olvidar que, tal como se encarceló a los poderosos genocidas de ayer, mañana se los juzgará a ellos junto a las autoridades pesqueras, pues su política aplicada al sector es otra clase de genocidio.

 

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

 

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