El Gobierno y los delincuentes que lo
representan —como autoridades pesqueras y representantes del Consejo Federal Pesquero—
incoan actos impensados, más allá del sentido común y racionalidad, pues la ley
y la Carta Magna la olvidaron hace tiempo.
Aún a la fecha, las autoridades pesqueras siguen permitiendo
que la empresa Grinfin de Uruguay se autoexporte el pescado argentino como
materia prima a su planta en Montevideo, para allí sí dar el valor agregado a
las capturas nacionales.
En base a argucias ilegales sin sustento, cobijadas por todos
los arriba mencionados, la empresa uruguaya Grinfin alquiló a un “muerto” la
planta Rio Mar en San Antonio Este.
Allí manufactura el 20% de las capturas de sus cinco buques
con unos 20 fileteros, esto es una burla en la cara de todo el país. Mientras la
ley se incumple, se evaden 400 puestos de trabajo directos y unos 100 más
indirectos en la Argentina.
El gobernador de Río Negro, Miguel Sainz, y el empleado de Grinfin
por su provincia ante el CFP, Miguel Lavayen, son también copartícipes de
la violación al Art. Nº 1 de la Ley Federal de Pesca que obliga a otorgar valor
"mano de obra" al pescado argentino en el país. Evidentemente en San Antonio no
debe haber desempleos ni pobres, ya que el Gobernador se da el lujo de permitir
exportar miles de toneladas de pescado para que su valor agregado lo gane
Uruguay.
Profundizando el tema, este pescado que permiten exportar en
franca violación a la Ley de Pesca, muestra la clase de funcionarios "basura"
que la Argentina mantiene en cargos tan importantes a los intereses nacionales que
continúan haciendo "caja" con recursos patrimonio de generaciones futuras.
No es casual, sino corrupción, lo que permite a esta única
empresa en el país aplicar esta metodología exportadora. Esto cuesta mucha plata
en compra de voluntades, imaginemos 400 trabajadores del pescado, ART, seguros,
cámaras frigoríficas, camiones, generarían un desarrollo económico
importantísimo, en una zona conocida en el ambiente como liberada al contrabando
y descontrol pesquero. San Antonio Este es el “puerto privado” de Grinfin.
La Presidente, que habla de la defensa a la legalidad, es quien
cobija a los delincuentes que destruyen el futuro pesquero argentino. Durante el
año 2007, la SAGPyA impidió el acceso público a los informes técnicos sobre el estado
de la merluza, una obligación que debería haber cumplido para garantizar el
derecho de acercarse a la información que le corresponde a todos los ciudadanos
argentinos de acuerdo a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental.
La AGN, órgano de rango constitucional, advierte que, a pesar de
las medidas que implementó la Subsecretaría de Pesca con relación a la situación
crítica denunciada en el anterior informe —aprobado por Resolución 69/02—, “aún no
se ha alcanzado o logrado el control necesario a los fines de evitar los excesos
en la explotación de los recursos pesqueros para asegurar su sustentabilidad”.
El estado actual del sector es reflejo de una política
aplicada de destrucción de recursos. El mantener un Consejo Federal Pesquero
corrupto y un Secretario de Pesca en sintonía con las empresas mas poderosas e
ilegales de la Nación, no es casual. No existe en la historia pesquera nacional
una empresa que operara como Grinfin, y ello es posible porque el gobierno
permite que se pisotee toda legislación referente. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez está feliz,
pues gracias a los Kirchner mantiene más de mil puestos de trabajo en Fripur
que
exporta al mundo productos elaborados y formateados de pescado argentino como
made in Uruguay.
Es deber de los Diputados y Senadores vernáculos solicitar la
suspensión de los permisos de pesca de los buques de Grinfin hasta que la
empresa no elabore el 100% de las capturas en la República Argentina.
Los Kirchner no deben olvidar que, tal como se encarceló a los
poderosos genocidas de ayer, mañana se los juzgará a ellos junto a las
autoridades pesqueras, pues su política aplicada al sector es otra clase de
genocidio.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador