Hace exactamente seis años se produjo en Puente Pueyrredón un hecho bochornoso que derramó espesas manchas de sangre en las páginas de nuestra historia. El asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán nunca podrá ser olvidado teniendo en cuenta quiénes fueron los responsables de quitarles la vida.
    El veintiséis de junio de 2002, grupos de piqueteros de la Coordinadora Aníbal Verón, el Movimiento de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells, Bloque Nacional y Barrios de Pie iban a cortar el Puente Pueyrredón para reclamar políticas sociales más justas, oportunidades de trabajo y repudiar las medidas que el FMI exigía tomar al Gobierno.
    En aquel entonces, nuestro país atravesaba un presente caldeado. Habían pasado seis meses de los cacerolazos masivos y los piquetes se seguían repitiendo semana tras semana. Luego de una sucesión de cinco presidencias en menos de siete días, Eduardo Duhalde había logrado —al menos— sentarse en el sillón de Rivadavia. Pero para lograr afirmar su posición, primero debía hacerse fuerte donde la autoridad política mostraba más deterioro, en las calles.
    Después de las cacerolas y un par de medidas prometedoras para con los corralitos, la clase media había comenzado a guardar los utensilios de nuevo a la cocina, soltándole la mano a los movimientos sociales de base, quienes eran los que verdaderamente podían hacerse fuerte en rutas, calles y autopistas recordando a las clases dirigentes que, literalmente, el país todavía se moría de hambre. Los piqueteros pasaron de ser la vanguardia del reclamo social y popular, a ser los que entorpecían la vida laboral del resto de los argentinos. Tal es así que del “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, se pasó al “esta manga de vagos que no quieren trabajar y no dejan trabajar a los demás”.
    Con este panorama, el Gobierno comandado por Duhalde, optó por hacer pie en el poder mediante el uso de la represión. Facultad legítima del Estado y que el Gobierno puede emplearla en caso de ser necesario. Pero aquí se nos presenta un polémico paradigma ¿era necesaria la represión en Puente Pueyrredón? ¿Los piqueteros representaban una amenaza hacia la paz interior del Estado? Y lo que es más importante, ¿en qué punto la represión deja de ser legítima para convertirse en un crimen?
    Si analizamos los hechos de ese día, podemos afirmar que distintos grupos sociales se encontraron para cortar el acceso al puente que une la Capital con la Provincia. Iban a ejercer su derecho a manifestarse. ¿Podía el Gobierno garantizar el derecho a la libre circulación? Podía. Podía, mediante las fuerzas de seguridad, ir a negociar con quienes dirigían la protesta; o pedirles que corten sólo un carril y de esta forma no interrumpir el tránsito completamente; podía, quizás, advertirles que tenían la orden de garantizar la libre circulación; hasta podían, con una orden judicial, comenzar a arrestar a quienes supuestamente, en caso de hacerlo, cometían un delito.
    La represión en este caso, no tenía lugar. A lo sumo, agotadas las alternativas, podía llegar a emplearse como última instancia. Pero no fue así. La represión, en este caso, fue la única opción con la que parecieron contar las fuerzas de seguridad desplegadas casi en su totalidad entre la policía Federal, la Bonaerense y la Prefectura. Vale la pena resaltar este punto ya que lo que reprodujeron los medios en esa fecha y al día siguiente, fue que desde antes del mediodía, un helicóptero de la policía venía monitoreando los movimientos de los manifestantes. Por lo que tuvieron el tiempo suficiente de hacer un plan disuasivo, controlado y efectivo sin tener que emplear el uso injustificado de balas de goma y plomo para atacar a quienes todavía no habían siquiera cortado aquel puente.
    Haciendo una mirada más específica y puntal de los hechos, hasta podemos observar que quienes comenzaron a utilizar la fuerza, no fueron necesariamente los piqueteros. Sino que, como lo muestran las imágenes (1), fue la policía que —sospechosamente situada en el medio del encuentro entre dos columnas— comenzó a utilizar la fuerza para golpear a la primera mujer que se acercó a centímetros del cordón policial. Ahí es donde se produce la reacción de sus compañeros y con esa débil excusa las fuerzas represivas accionaron los gatillos de sus rifles directamente contra el grueso de los manifestantes, que no habían dejado de conservar su pasividad frente a la autoridad policial.
    En este nexo, podemos responder el segundo punto de discordia. Al momento que los piqueteros estaban frente a los policías y, durante todo su trayecto desde los distintos puntos hasta el puente, en ningún momento representaron una amenaza a la paz interior y social de la Nación. A menos que, según el criterio de las autoridades, la movilización en grupos y los cánticos de lucha, sean factores que hagan peligrar las instituciones y la democracia. Por lo menos, desde algunos medios, sospechosamente se buscaba crear la sensación de una posible guerra civil, una revolución socialista o un golpe de Estado de las fuerzas piqueteras. Una vergüenza para el periodismo que otra vez quedó en offside al utilizar el sensacionalismo para generar miedo y confusión en la sociedad. Fue sólo después de que la policía haya actuado de manera tan brutal que la sociedad argentina comenzó a ver verdaderos signos de debilidad dentro de las instituciones mismas.
    Ahora, dejando de lado los puntos anteriores y suponiendo un caso —que no fue ni estuvo cerca de serlo— en el que hubiera sido necesaria la represión ante un escenario de caos, descontrol y violencia en donde el orden, la paz y las instituciones se vieran en verdadero peligro, la pregunta a contestar es hasta dónde cuenta el Estado con la legitimidad de reprimir sin cometer un delito de cualquier grado. Debería estar claro tanto para el Gobierno, las fuerzas de seguridad, como para la sociedad y —dentro de ella— la militancia social, que de ninguna forma, dentro del Estado se puede abusar de la fuerza para ningún fin. Esto implica, obviamente, que nadie puede usar la violencia para imponer un orden, una idea o forzar una acción. Únicamente es el Gobierno que cuenta con ésta posibilidad (no para validar sus intereses, sino como administrador del Estado) y así y todo tiene que ser de forma disuasiva y sin poner en riesgo la vida de la población.
    Entonces, ante un hecho en el que después de toda pericia e investigación periodística, dentro de aproximadamente mil quinientas personas, no se encuentra ningún arma de fuego sino objetos improvisados como palos y alguna que otra honda, que así y todo no son utilizados hasta que la policía es la que impone el medio de la violencia para solucionar el conflicto, ni el Gobierno ni las fuerzas de seguridad están ante la posibilidad de usar la mano dura como salida. Mucho menos, caer en el delito de lanzar una cacería desaforada con balas de plomo y asesinar a dos personas y provocar noventa heridos.
    Seis años más tarde, parece ser que de semejante barbarie, sólo un grupo reducido de personas fue responsable (2). Pocos son los que cuestionan al Gobierno de aquel momento por la directa responsabilidad que tuvo de los hechos. Tanto el ex presidente Duhalde como gran parte de sus ministros siguen hoy sin pagar costo alguno por el daño irreparable que han causado tanto a las víctimas, a sus familiares, a los compañeros, como a la sociedad en su totalidad (3). 
    Parece una maldita costumbre ya, que debemos aprender una y otra vez de las atrocidades cometidas en el pasado para luego poder actuar racionalmente en el presente. Deberíamos tener siempre en claro que, para la construcción de una democracia propiamente dicha, es esencial respetar los roles que cada actor social puede desempeñar y no caer en el abuso de ellos.

Mariano Gaik Aldrovandi

(1) La crisis causó 2 nuevas muertes, Patricio Escobar, Damian Finvarb, 2007

(2) Quién es quién en el jucio por la Masacre de Avellaneda, “El juicio”,
http://www.masacredeavellaneda.org/index.php?blog=2&p=136&more=1&c=1&tb=1&pb=1

(3) Quiénes no son juzgados en esta instancia, “El juicio”, http://www.masacredeavellaneda.org/index.php?blog=11