Las Abuelas de Plaza de Mayo reclaman por la identidad de un supuesto bebé robado en la dictadura que, sin embargo, se sometió a un examen de ADN que dio como resultado que no sólo no es hijo de desaparecidos, sino que confirma, en "99,9999999 por ciento", que es descendiente de quienes dicen ser sus padres.
    El joven, hijo de un ex agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), no es un niño adoptado ni nació en una casa: el parto de su madre está registrado en el Sanatorio Alberdi, del barrio porteño de Once, y la partera que lo atendió aún vive.
    Sin embargo, la causa permanece abierta en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, ante un reclamo impulsado por la titular de Abuelas de La Plata, Jorgelina Azzarri de Pereyra.
    La historia tiene por protagonista a Ignacio Mancuso, hoy de unos 30 años, a quien un examen genético realizado en el Cuerpo Médico Forense, con la participación del Primer Centro Argentino de Inmunogenética (PRICAI-Fundación Favaloro) le confirmó el lazo de sangre con sus padres, Carlos Ángel Mancuso y Dora Ignacia Jiménez.
    La causa lleva el número 7.602/03, está caratulada "Mancuso, Carlos y otra s/Supresión de Estado Civil", y el último movimiento significativo que tuvo fue un fallo de la Cámara Federal que anuló la pericia de ADN porque no se realizó en el Banco de Datos Genéticos que funciona en el hospital Durand, tal como lo establece la legislación vigente en materia de derechos humanos.
    Sin embargo, la Corte Suprema acaba de avalar al Cuerpo Médico Forense y a la Fundación Favaloro para que practique los estudios genéticos a los hijos de la empresaria periodística Ernestina Herrera de Noble, a pedido de los propios interesados.
    Ignacio Mancuso ya manifestó su oposición a "cualquier tipo de nueva práctica pericial sobre cuerpo, sangre, cabello, restos de piel, saliva o cualquier otro fluido corporal", de él y de su grupo familiar, y además rechazó que la información que ya obra en el expediente sea utilizada para comparar su patrón genético "con otra persona o grupo de personas distinto a ellos".
    En la causa judicial aparecen fotos de toda la familia —Ignacio tiene dos hermanos— en las que se observan similitudes fìsonómicas entre ellos.
    El padre de Ignacio Mancuso integró el SPF durante la dictadura; fue piloto de aviación, pero se alejó de la Fuerza cuando pasó a trabajar en Aerolíneas Argentinas.
    Nunca fue acusado por ningún delito vinculado con violaciones a los derechos humanos, no tiene antecedentes penales, no figura en los registros de la CONADEP, "ni ha sido objeto de investigaciones judiciales por su desempeño dentro del SPF", según consta en el expediente.
    La causa, según sostienen los Mancuso, se habría originado en la disputa por la tenencia de una niña criada por ellos desde pequeña y reclamada por sus tíos, Susana Díaz y Daniel Guerra.
    La pequeña, huérfana de madre a poco de nacer, vivió junto con su padre y otros dos hermanos, hasta que por razones que el expediente no precisa, el hombre desistió de su tenencia.
    Los tíos obtuvieron la tenencia de los hermanos mayores, pero la pequeña fue entregada por el padre a los Mancuso para su crianza. En ese contexto se inició la causa por la identidad de Ignacio.
La menor de edad, cuya tenencia estaba en disputa, ya no vive con los Mancuso, pues sus tíos obtuvieron finalmente la guarda.
    "Previo a que compareciéramos para tener que probar que somos una familia, no se corroboraron ninguno de los datos que surgen en la causa tales como un informe de la institución donde nací, que consta en mi partida de nacimiento, o la citación de la partera que asistió a mi madre, cuyo nombre también se encuentra acreditado en la causa", se quejó finalmente Ignacio Mancuso en el expediente.

Mario Poliak
Agencia DyN