Para el mundo de los negocios, la Argentina era hasta hace muy poco apenas un dato. Al país, al Gobierno y a sus habitantes se los había confinado a la indiferencia, para que se arreglen cómo puedan, tal su extraña pasión —así se observaba— para negar las reglas que rigen a los exitosos y para hacerse, además, goles en contra. Sin embargo, una cosa es la pasividad del confinamiento autista en un rincón y otra cuando uno de los principales productores de alimentos del mundo desbarajusta los precios, amenaza con bajar su producción y le quita horizonte a los mercados. La Argentina, ahora, ha pasado a ser un problema.
    Los alimentos y la energía están fogoneando la inflación en el mundo y tal como los conflictos del Medio Oriente le han agregado precio al barril de petróleo, la situación local (la Argentina es el tercer productor mundial de soja) y lo errático de su política agropecuaria ha distorsionado los valores de las commodities y generado incertidumbre de los mercados.
    En la misma onda de preocupación internacional, aunque de conflictividad más directa, debe leerse el caso de la posible re-nacionalización (o re-estatización) de Aerolíneas Argentinas, que involucra al único gobierno europeo (España) que le daba a la Argentina cierto status de normalidad.
    La administración de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido presionada duramente durante los últimos días por el sector privado español para que defienda al grupo Marsans, operador y controlante de la compañía aérea, ya que alegan que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner le hizo la vida imposible y que lo ahogaron financieramente, mientras las autoridades locales justifican su accionar en los incumplimientos de los españoles, en un tira y afloje de acusaciones mutuas, en el que nadie está habilitado para ser quien arroje la primera piedra.
    La pérdida de juego político de los Kirchner no sólo se manifiesta en los desgajamientos del PJ o de la CGT o en el deterioro de su imagen pública, sino que también desde el exterior ya se le animan a la pareja gobernante. Las furibundas quejas de los empresarios españoles han trascendido por todos los medios de prensa y hasta expresiones más racionales como las del número dos del Grupo Santander, Francisco Luzón no dejan lugar a dudas de que la Argentina es hoy una molestia, lo que se manifiesta claramente en el aumento incesante del riesgo-país.
    "Le creímos siempre al Gobierno (al actual y al anterior), pero sentimos que no hemos sido correspondidos, ya que no nos da señales de hacia dónde quiere ir", le dijo el banquero a periodistas argentinos que lo entrevistaron en Santander, al tiempo que detalló las "sobradas" pruebas de amor que se habían dado, por el lado del otorgamiento de más cantidad de préstamos a tasas más baratas y a mayores plazos, la duplicación de los clientes, la multiplicación por 12 de los usuarios de tarjetas de crédito y la creación de 2.500 puestos de trabajo. "Así no se puede trabajar. No sabemos qué va a pasar mañana ni en el mediano plazo. Se nos prometió un país previsible y todavía seguimos esperando. Confieso que hay una desmotivación muy grande", se lamentó Luzón sin cortapisa.
    En el mismo Seminario donde el ejecutivo español hizo estas urticantes declaraciones, el vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes fue increpado públicamente por otro empresario quien denunció presiones del gobierno argentino, a través de la acción de los sindicatos, para boicotear a Aerolíneas Argentinas, desacreditar a Marsans y para que sus dueños fueran cediendo porciones del paquete accionario. "Y lo mismo pasó con Repsol-YPF", se atrevió a gritarle a voz en cuello el lobbista al atónito Solbes.
    El mismo argumento, aunque con la calificación de modus operandi, es el que utiliza Elisa Carrió para afirmar que todos los traspasos accionarios de las empresas de servicios públicos logrados durante los años de gobierno de Néstor Kirchner (Aguas Argentinas, YPF, eléctricas, etc.) tuvieron una matriz similar: negar aumentos de tarifas o solicitar inversiones desmedidas para espantar a los administradores extranjeros y provocar un paulatino cambio de manos hacia grupos locales de "amigos" del Gobierno, lo que se estaría verificando una vez más en el caso Aerolíneas.
    Más allá de las presunciones de acumulación de poder que esboza la dirigente del ARI, lo cierto es que la opinión pública ha acompañado cada uno de estos cambios y aún aceptaría de buen grado lo que pudiere ocurrir en Aerolíneas Argentinas, aunque esta misma administración ya se ha declarado incompetente para manejar una empresa aérea (Lafsa). Las encuestas dicen que hoy el parecer mayoritario de la población (98%) es que las compañías de servicios públicos no deberían estar en manos extranjeras. La particular disociación entre el sentir de la sociedad y lo que ocurre en el resto del mundo, parece tener más que ver con reclamos de presencia efectiva del Estado en el contralor, que con pedidos de presencia activa en las administraciones. Habrá que leer muy bien las encuestas para evitar hacia el futuro extrapolar interpretaciones que se acomoden a los argumentos, como hizo en un par de oportunidades esta misma semana la Presidenta, en relación a demandas pasadas de la opinión pública.
    En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Cristina Fernández dijo que los civiles azuzaron a los militares a la hora de los golpes y en la inauguración de un ramal ferroviario patagónico explicó que la sociedad toleró el desguace de los ferrocarriles y puso ambos pareceres puntuales en el rubro de las equivocaciones. En ninguno de los dos casos, la Presidenta tomó en cuenta las circunstancias de los procesos. Si lo que quiso marcar es que en estos tiempos la sociedad también se equivoca a la hora de apoyar los reclamos del campo (aunque seguramente para ella no se equivocó cuando la eligió), bien le hubiera valido a la Presidenta algún recuerdo autocrítico sobre su propia acción y opinión (y la de Néstor Kirchner) en tiempos de la privatización de YPF, por ejemplo.
    También Carrió apela al chovinismo imperante en la sociedad para esbozar una teoría que tiene que ver, según ella, con un maquiavélico plan del Gobierno para bajarle el precio a la tierra, a partir de la falta de rentabilidad para que sus dueños la malvendan, probablemente a extranjeros. En esa línea, desde la Casa Rosada se intentó colar como un peligro latente la eventual presencia de la IV Flota de los Estados Unidos en el Hemisferio Sur, de la que se dijo a modo de rumor, hasta que se lo desactivó, que iba a navegar los ríos interiores para llevarse no ya el agua, sino los cereales.
    La obsesión kirchnerista de fabricarse siempre una contracara para convencer a la sociedad de que los enemigos vienen por todos ha tenido una manifestación bien evidente en el llamado a la concentración de apoyo a la Resolución 125 que hizo Néstor Kirchner para el mismo día en que los ruralistas, a los que llamó "desestabilizadores", habían planeado la suya en Palermo. Más allá de que estratégicamente queda en evidencia que ha corrido detrás de los acontecimientos, la jugada le pone a la jornada del martes un gusto a caza de brujas, división y enfrentamientos que no se condice con las apelaciones a la paz que hizo el ex presidente.
    También puede inferirse que Kirchner no tiene confianza en conseguir el miércoles todos los votos propios que necesita y que propicia el acto para presionar un poco más a los senadores, aunque cualquier conteo al día de hoy dice que el proyecto tal como se ha cocinado en Diputados estaría ganando la votación en general, pese a las enormes inconsistencias que presenta, que algunos oficialistas esconden en aras de su pretendida lealtad.
    No se entiende, por ejemplo, por qué el gobernador de Tucumán, José Alperovich apoya una ley —y así lo ha dicho durante la semana en el Senado— que va en contra de su legítima pretensión de evitar la pérdida de puestos de trabajo en su provincia, ya que la misma premia con mayores compensaciones a los productores más lejanos a los puertos, lo que incentiva la expansión de las áreas cultivables y juega manifiestamente en contra de su política.
    La principal dificultad para el oficialismo es que, siendo el Senado la Cámara revisora, con algún cambio de último momento, se le modifique una coma a la media sanción y que ésta tenga que retornar a la Cámara Baja, con el consecuente desgaste para el Gobierno y el costo económico para el país. En este aspecto, el sentir generalizado sobre la situación económica es que "está todo parado", algo tan malo como que realmente esté ocurriendo, tal como ya lo manifiestan algunos indicadores de consumo y el derrape anticipatorio de las acciones en la Bolsa.
    Todos estos desaguisados le han dado letra a los críticos de la Argentina, pero también a los que quieren que el país se reinserte rápidamente en la comunidad internacional, para que se puedan hacer nuevamente negocios rentables. Fue en esa línea que Francisco Luzón le dedicó durante la semana mucha atención al asunto desde España, tratando de explicarle a los gobernantes y a la sociedad una materia ya comprendida por el mundo: cómo el capitalismo genera oportunidades y cómo los populismos igualan para abajo.
    En este aspecto, el banquero puso a Venezuela y a la Argentina en la misma bolsa, lejos del resto de los países de la región y los emparentó a partir de la inflación, la misma que Guillermo Moreno negó en el Congreso desde la pretendida eficiencia de su laboratorio particular: "Venezuela tiene arriba de 30% y a la Argentina póngale el número que quiera", recordó el español sin privarse de decir que, por la inflación, "la democracia se debilita, como muy bien saben los gobiernos autoritarios que la acomodan y tratan de amortiguar sus efectos más evidentes con insostenibles políticas clientelistas". Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

Hugo Grimaldi
DyN