Con cuarenta y dos años de diferencia, la estatua de Julio A. Roca, en la intersección de Diagonal Sur, Perú y Alsina de esta ciudad, fue testigo del avasallamiento de dos gobiernos al trabajo y la investigación en el sector público, destruyendo una tarea de décadas y de cuya recomposición nadie está en condiciones de dar garantías.
    A pocos metros de la estatua, un 29 de julio de 1966 la policía del dictador Juan Carlos Onganía comenzaba el proceso de deterioro de la educación superior con la represión en la antigua sede de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a la pluma de Julio Argañaraz el hecho se hizo conocido como "La noche de los bastones largos".
    En la otra esquina, el 21 de julio de 2008, una fuerza de choque que suele actuar con la tranquilidad de quienes se sienten protegidos irrumpió en el local que los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado tienen en la sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), rompiendo todo lo que encontraban a su paso. Hasta el momento, la única respuesta oficial fue el silencio, más allá de un comunicado en el que termina endosándosele la responsabilidad a las víctimas del atropello.
    El derrumbe de la educación universitaria, en recursos físicos, financieros y humanos, no se puede limitar a la represión de un solo día, de la misma manera que nadie puede decir que el proceso de destrucción del sistema estadístico nacional haya comenzado el lunes pasado. Por el contrario, ya va un año y medio de manipulación estadística permanente y sistemática, que comenzó con el índice de precios al consumidor y se extendió a la mayoría de los indicadores elaborados en el INDEC. Mes a mes, se asiste al insólito espectáculo de un gobierno que presenta a la población como verdadera una información que ya todos de antemano saben que es falsa. Aquellos que crean que la comparación de las dos represiones es una exageración, quizás no hayan tomado en cuenta aún la real dimensión del desastre que se está realizando con las estadísticas nacionales desde enero de 2007. Una muestra de ese desinterés general es la escasa participación ciudadana en las protestas de los trabajadores del INDEC, con adhesiones reducidas a un grupo de legisladores conscientes del problema, la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y algunos partidos de izquierda.
    Tampoco se repara en que la Estadística, como rama de la Matemática, forma parte de las mismas ciencias exactas que fueran blanco de la represión de 1966. Y que la manipulación de la información del INDEC ataca a un insumo fundamental de la sociología, la economía, la geografía, la historia y la demografía, entre otras disciplinas.
    En tanto se crea que el problema se limita a una inflación "dibujada", que puede ser reemplazada por estimaciones privadas y la "percepción" del ama de casa, el proceso de destrucción del INDEC continuará y se profundizará.
    Por el contrario, el problema es mucho más grave y ya afecta a decisiones en diferentes ámbitos: los trabajadores no cuentan con un parámetro confiable para saber si sus ingresos reales mejoraron o se deterioraron y, en consecuencia, tampoco para fijar una posición en las discusiones paritarias. Inquilinos y locadores tampoco tienen una regla común a la que atenerse, al igual que cualquier persona o empresa que tenga que renovar un contrato, en tanto la medición de los costos empresarios pasó a convertirse en un absurdo, si fuera cierto que algunos comercios venden más barato que lo que compran. Los jubilados que esperan una movilidad de haberes en base a algún coeficiente oficial podrán lamentar el particular "efecto acumulativo" de haber bastardeado las estadísticas: sus ya menguados ingresos reales se verán recortados mes a mes. Y a los jubilados del futuro, ya saben cómo se indexan los títulos públicos.
    Pero los efectos de la trampa se expandieron hasta llegar a afectar a sus propios autores, embelesados por un espectacular crecimiento nominal de la recaudación que oculta la verdadera incidencia de la inflación en los ingresos. ¿En base a qué pautas de inflación y de crecimiento del PBI se elaborará el Presupuesto 2009, que formalmente deberá presentarse al redivivo Congreso en menos de dos meses? El problema puede no ser tan dramático para un gobierno acostumbrado a reformular la ex ley de leyes a través de decisiones administrativas, pero ¿cómo diseñar, por ejemplo, un programa de inclusión social si las propias estadísticas oficiales esconden no solo la cantidad real de pobres sino también su localización geográfica? ¿Qué capacidad de diagnóstico tendrán los funcionarios políticos y técnicos de las diferentes áreas? El desconcierto también se hizo palpable en medio del conflicto entre el Gobierno y las entidades agropecuarias, en cuyo transcurso se produjo lo inconcebible: la actividad económica "creció" 1,4 por ciento de abril a mayo, mientras en muchas ciudades y pueblos del interior la parálisis industrial, agropecuaria y comercial daba paso a la ruptura de la cadena de pagos. En ese marco, no resulta extraño que las discusiones sobre los niveles de rentabilidad se hayan convertido en un diálogo de sordos.
    A lo largo de dieciocho meses pueden citarse muchos más ejemplos. Por acción u omisión, la responsabilidad política de lo realizado excede al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que al momento de escribirse estas líneas permanece en el cargo. Los compromisos generados en ese tiempo son su mejor garantía de permanencia: Pasaron dos presidentes, un jefe de Gabinete (¿o dos?), cuatro ministros de Economía y tres directores generales del INDEC. A ellos deben agregarse tres secretarios de Política Económica, de los que dependen funcionalmente el organismo, pero a quienes no se les escuchó siquiera una queja por la intromisión de otro funcionario ajeno al área. ¿Estarán interesadas esas trece personas en que Moreno diga todo lo que sabe? Quizás alguno de ellos haya leído el artículo 17 de la ley 17.622, de creación del Instituto: "Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración y sufrirán además las sanciones que correspondan conforme con lo previsto por el Código Penal (Libro II, Título V, Capítulo III)".
    Horas después de la patoteada en el INDEC, Moreno se hizo presente en Casa de Gobierno, donde se celebraba el acto de traspaso de Aerolíneas al Estado. Se sentó al lado de Hugo Yasky, secretario general de la CTA a la que están afiliados, precisamente, los trabajadores de ATE-INDEC. Al día siguiente, Yasky volvió a la Rosada, para participar de la reunión preparatoria del Consejo del Salario. En esa oportunidad, se sentó al lado de Andrés Rodríguez, líder de la UPCN a la que los trabajadores de ATE INDEC atribuyen participación en los incidentes. Al parecer, los trámites para que la CTA obtenga la personería están avanzando... Queda en la inteligencia del lector deducir cuál será la moneda de cambio.

Marcelo Bátiz