El Gobierno y la CGT dieron otra muestra de su sociedad política con un nuevo encuentro entre la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la conducción de la central sindical encabezada por el camionero Hugo Moyano.
    Tras la firma del nuevo salario mínimo, de 1.200 pesos, los dirigentes gremiales regresaron a la Casa Rosada con el argumento de exponer sus peticiones sobre asignaciones familiares e Impuesto a las Ganancias.
    Respectivamente, requieren un aumento del llamado salario familiar y su extensión a todos los trabajadores y una elevación de los límites de los sueldos a partir de los cuales se deduce Ganancias.
    Los dirigentes gremiales se fueron de la sede gubernamental con promesas pero igualmente quedó la certeza de un anuncio, dado el énfasis que los interlocutores de la Presidenta pusieron antes y después del cónclave.
    El encuentro permitió ver otras instantáneas. Después de la mesa multilateral por el salario mínimo, esta vez hubo privilegiados, bajo el argumento de la legitimidad de su representación: los dirigentes de la CGT, donde ahora conviven el "moyanismo", los "gordos" y los autodenominados "independientes".
    Afuera quedó la CTA, que había estado sentada en la anterior mesa con empresarios y la CGT y, por supuesto, la central pergeñada por Luis Barrionuevo para hacerle un vacío a la de Moyano.
    Otro dato que confirmó que la sociedad gubernamental-CGT "Moyano" anda a las mil maravillas fue precisamente el nuevo salario mínimo acordado.
    La cifra de la central oficialista coincide plenamente con lo que estaban dispuestas a avalar las autoridades. El propio camionero había anticipado —junto con su pedido— el pensamiento de la administración Kirchner, como tantas veces lo ha hecho.
    El haber de referencia para que nadie gane menos que esa cifra está dirigido a un universo acotado de trabajadores, que son los que no están incluidos en los convenios colectivos o en regímenes especiales de contratación.
    La historia de que los que trabajan en negro tampoco deben cobrar menos que eso es, justamente, otra historia. La marginalidad en la que viven convierte en ilusoria la posibilidad de que se respete esa premisa.
    Y he aquí la reaparición del gran fantasma argentino, que es el trabajo irregular. Muchos se preguntarán si no hay otro tema del cual hablar, pero es inevitable y diríase imprescindible abordarlo permanentemente, casi obsesivamente.
    ¿Qué sociedad puede aspirar a un futuro venturoso cuando cuatro de cada diez trabajadores están fuera de la ley, desprotegidos, marginados, a merced de abusos y de explotaciones? ¿A qué justicia social puede aspirarse cuando de entrada nomás, a esa iniquidad en la que están sumidas millones de personas, se suma la injusticia de que un sector de los dadores de trabajo se encuadra dentro de la ley, es controlado e intimado, hace en muchos casos esfuerzos increíbles para respetar las normas, y otros, graciosamente, eluden impunemente los principios básicos que deberían ser inviolables en una sociedad organizada? Claro que, es justo reiterarlo, no todos son perversos, y hay muchos empleadores que no tienen otra salida ante las presiones de sus costos, sobre todo en materia tributaria, o por la propia realidad de sus respectivas actividades.
    Ahora apareció una nueva esperanza, ya que el Gobierno programó una serie de actividades del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil con el objetivo, al menos declamado, de encarar políticas de trabajo que, si se aplican voluntad, responsabilidad y, sobre todo, grandeza, pueden significar el principio de un camino interesante.
    El Consejo es quizás hoy el único instrumento que está a la mano con el cual Gobierno, empresarios y sindicalistas pueden ir apuntando a los consensos.
    En la otra punta del sendero está el pacto social, pero su búsqueda hasta ahora hace recordar al antiguo y esforzado juego del palo enjabonado, una competencia donde se premia sólo el esfuerzo individual y en el cual la mayoría de los aspirantes a llegar a la cima terminaba a los porrazos y descalificada.
    Justamente vale el ejemplo: son muchísimas las veces en las ha fracasado el juego en equipo y uno solo de tantos ha logrado coronar su intentona y quedarse con el premio, mientras los otros miran desde el suelo agobiados, resignados, frustrados.
    En un gráfico paralelo, las "víctimas" del tronco resbaloso podrían ser, por ejemplo, si ya no el ejército de desocupados que se redujo en los últimos años, sí aquellos que hoy no tienen ninguna protección laboral —sin eufemismos, los trabajadores en negro— y para los cuales es imprescindible encontrar soluciones. Por ellos y por la sociedad en su conjunto.
    Soluciones que podrían venir de la mano de ciertos cambios en la legislación, que protege —como por supuesto debe ser— a quienes tienen empleo, pero paradójicamente parece no fomentar en la misma proporción la inclusión de quienes no lo tienen, lo mismo que otras normas que tornan excesivamente burocrática y rígida la creación de unidades empresariales y puestos laborales.
    La simplificación de la normativa —entiéndase bien, una flexibilidad positiva y no para promover los abusos y la discrecionalidad— que permita movimientos más rápidos y efectivos tanto a empleadores como a empleados es una de las posibles salidas para esos problemas.
    El Consejo del Salario y sus comisiones son un buen escenario para ir avanzando en esa materia, amén, por supuesto, del nivel de los ingresos.
    Pero en caso de que se caiga nuevamente en el error de mirar para otro lado o directamente desperdiciar estas ocasiones por ambiciones sectoriales desmedidas —en definitiva, actitudes individualistas—, una gran porción de la ciudadanía seguirá siendo víctima de la implacable tradición del palo enjabonado.

Luis Tarullo