Después de la crisis con el campo, el gobierno de Cristina Kirchner ensayó una serie de cambios que hasta ahora han demostrado ser sólo superficiales: el fondo de los problemas que mayores cuestionamientos merecen en un amplio sector de la opinión pública continúan inalterados.
    La remoción del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y su reemplazo por Sergio Massa, se ejecutaron con el propósito de mostrar ante la sociedad la decisión de iniciar el nunca realizado diálogo político.
    Hasta ahora, el nuevo funcionario sólo recibió a un puñado de gobernadores, entre ellos algunos de diferente signo político al del Ejecutivo, pero no hubo señal alguna de que los encuentros hayan servido para extraer de ellos el reconocimiento sobre la necesidad de cambios de fondo en la política kirchnerista.
    El encuentro del nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, con los dirigentes ruralistas en conjunto, y no por separado como aspiraba, fue una muy buena señal, recibida así por los invitados al convite, pero de allí a que se produzca un cambio importante en la política agropecuaria hay una enorme distancia que el Gobierno no parece, por ahora, interesado en recorrer.
    Si la Presidenta ofreció por primera vez una conferencia de prensa, no fue para reconocer errores o anunciar cambios trascendentes: sólo se concretó para responder a un largo reclamo de los medios de comunicación, pero no pasó de ser una puesta en escena en la que la jefa del Estado creyó erróneamente que había logrado un triunfo ante uno de los sectores al que insólitamente decidió declarar como enemigos.
    Cristina Kirchner recibió al presidente brasileño Lula con una importante agenda de temas a tratar, pero luego buscó opacar la presencia del líder del país vecino convocando a último momento a su único verdadero amigo internacional: el venezolano Hugo Chávez.
    La reunión de la Presidenta con su vice Julio Cobos tampoco sirvió para recomponer las relaciones entre ambos: cada vez son más fuertes las versiones de que el kirchnerismo busca y rebusca fórmulas para librarse del segundo en la línea sucesoria, ya catalogado para siempre por el poder como enemigo irreconciliable.
    No alcanzan los tenues cambios efectuados en la Casa Rosada para que se anuncie de una vez por todas la salida del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y lo que es más, tampoco hay garantía alguna de que si finalmente la Presidenta se desprendiera de este funcionario, cambien las políticas de base en materia de inflación.
    La realidad es lo que le cuesta torcer al matrimonio presidencial, y principalmente en lo que a números en materia económica se refiere.
    La crisis del gobierno de Cristina, prematura por cierto, ya se está reflejando en preocupantes índices de deterioro en el único segmento fuerte que supo enarbolar el kirchnerismo: el crecimiento económico, el aumento de la recaudación, el saneamiento de las finanzas.
    Cada uno de esos tres ítems comienza a hacer agua y no se adivina al menos hasta ahora decisión alguna para corregir las fallas, máxime teniendo en cuenta que para la administración del matrimonio en el poder nada está mal: todo es perfecto.
    Sin embargo la política sigue su lógica habitual, muy curiosa si se trata de la historia argentina en esa materia. Las elecciones legislativas se acercan y no parece desde el poder político detectarse alguna decisión de barajar y dar de nuevo de manera de no dilapidar el poder político construido durante cinco años por el kirchnerismo.
    Las demandas son crecientes en todos los sectores: ya es conocida la que lleva adelante el campo, pero comienza a avizorarse la de los industriales, hasta ahora aliados casi incondicionales del gobierno.
    En el sector de la industria ya la inflación hace estragos, así como la falta de inversiones extranjeras y la cada vez mayor desconfianza en el desarrollo futuro de la economía.
    La deuda externa crece y no hay señales en el Gobierno de posibles manejos que reencaucen esa preocupante situación.
    En fin, parece ahora abrirse ante la visión presidencial un nuevo abanico de problemas, basados en lo económico pero que probablemente tendrán como consecuencia la erosión del poder político que ya se ha reducido considerablemente en los últimos meses.
    En la Argentina las cartas blancas que se extienden a los gobernantes suelen expirar con demasiada rapidez. El Gobierno afronta ahora pruebas más difíciles y no parece haber encontrado aún la forma de hallar las maniobras correctas para superarlas.

Carmen Coiro