El Gobierno anunció que acatará las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir la causa por el crimen de Walter Bulacio, el joven muerto tras una razzia policial en 1991, y para reformar las leyes vinculadas a los arrestos de menores, y adelantó que el Estado se presentará como querellante en ese caso.
    El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, quien así destacó la voluntad del Gobierno de dar un impulso a la investigación por esa muerte.
    "Vamos a cumplir con cada una de las razones esgrimidas por la CIDH porque para eso somos miembros de ese organismo", afirmó el ministro al asegurar que el Estado acatará el fallo del tribunal internacional dictado el 26 de febrero de 2003.
    En ese sentido, explicó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1313, por medio del cual se designó a la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde para que se presente como querellante en la causa por el crimen de Bulacio.
    Dijo que "se revisaron 120 documentos y 4.000 fojas" con normas vigentes en todo el país sobre las facultades de detención para ajustarlas a la recomendación de la Corte sobre caso de detención arbitraria de menores, exceptuando así los hechos en que hubiera una orden judicial o un delito en flagrancia.
    Bulacio, que tenía 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991 en una razzia de la Policía Federal, junto a otras 70 personas, la mayoría menores de edad, cuando intentaba ingresar al estadio de Obras Sanitarias donde tocaba el grupo Los Redonditos de Ricota.
    El joven fue llevado a la comisaría 35 donde fue brutalmente golpeado y un día después fue llevado a un centro asistencial de la zona, donde falleció una semana después.
    Por el caso fue acusado el entonces jefe de la seccional, Miguel Angel Espósito, pero las dilaciones judiciales en la causa por la que pasaron más de 30 jueces concluyeron con la absolución del oficial por prescripción del caso.
    Los familiares del joven, con el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e institucional (CORREPI), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó el caso.
    En febrero de 2003, cuando se había fijado audiencia ante la Corte internacional, el ex presidente Eduardo Alberto Duhalde firmó un decreto por el cual el Estado argentino se asumió como responsable en las violaciones a los derechos humanos en el caso Bulacio.
    En septiembre de 2003, ese organismo condenó al Estado argentino y le impuso una serie de requisitos de los cuales sólo se habían cumplido el resarcimiento económico a la familia y la publicación de la sentencia del organismo internacional.
Y el tres de diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reapertura de la investigación del caso.
    Ahora, Fernández anunció que se cumplirá con el resto de los requisitos de la CIDH y, en ese sentido, dijo que también firmó la resolución 22/08 por la cual se instruye a la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a "adecuar su actuación en los casos de restricción de la libertad" de los menores de 18 años.
    La medida incluye que el menor aprehendido debe ser informado de sus derechos y se tiene que avisar a sus padres o familiares, no compartir alojamiento con detenidos mayores y ser revisado por un médico en forma inmediata, entre otros puntos.
    "Este es para nosotros un tema fundamental, por primera vez marcamos la cancha" para adecuar la legislación a las normas internacionales, dijo Fernández, quien llevará la decisión del gobierno a la reunión que realizará la CIDH en Montevideo, Uruguay.
    Fernández firmó la resolución 2209 por la que instruyó al secretario de Derechos Humanos a convocar a una comisión de expertos para el seguimiento de las medidas implementadas de acuerdo a la normativa.
    El ministro, confirmó que la causa estaba en la Procuración del Tesoro de la Nación pero pasó a la órbita de Justicia para poder avanzar en el caso.
    Asimismo, señaló que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tiene el expediente sobre la actuación del comisario Espósito y una vez devuelto se resolverá la sanción que podría corresponderle que, se animó a decir, podría ser su exoneración.
    El ministro dijo que emitió notas al Consejo de la Magistratura para pedir que le informen si existen "causas abiertas contra los funcionarios judiciales que actuaron a lo largo de los 17 años el proceso".
    Y señaló que se pidieron informes al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para saber si se dictaron instrucciones destinadas a cumplir con las recomendaciones de la Corte internacional en materia de detención de menores y a las Cámaras de Diputados y Senadores para conocer si existen "iniciativas legislativas" en estudio destinadas a modificar las normas para "adecuarlas a los estándares internacionales".

Luis Tarullo