El gobierno no podrá apelar a una expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral si falla la negociación con el Grupo Marsans por el precio final que se pagará por ambas compañías. No es una cuestión de capricho político: la legislación argentina impide apelar a ese recurso para una operación de este tipo. El dato fue explicado ayer en el Senado por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien defendió así su idea de la estatización como único camino posible. Pero al mismo tiempo adelantó una mala noticia para el propio gobierno. Es sabido que el paso de la estatización de las dos líneas aéreas por el Congreso es un trámite casi terminado. Será difícil que el kirchnerismo no consiga el número necesario para garantizarse una victoria que aleje los fantasmas de la derrota por la Resolución 125. Por lo tanto, la pelea fuerte pasará por el acuerdo final con el grupo Air Comet Marsans, cuánto se deberá pagar por las empresas y quién se hará cargo de la deuda de u$s 890 millones. De ese modo, si cuando se conozcan las dos valuaciones de Aerolíneas y Austral —una aportada por los españoles y otra por el Tribunal de Tasaciones— no es posible llegar a un acuerdo, la vía de la expropiación no estará disponible como solución última, una alternativa que el propio gobierno barajaba en la intimidad. Un litigio judicial sería entonces inevitable y la crisis en la empresa volvería con más fuerza. La exposición de Jaime, cuyos fundamentos debieron virar hacia la versión del proyecto reestatizador que surgió después de que los diputados oficialistas dejaran si efecto el acta acuerdo que él mismo había firmado con los españoles, fue tumultuosa. Algo permaneció como siempre: no hubo explicaciones satisfactorias del funcionario. Ante este panorama, no sorprende que no hayan prosperado los intentos de apurar el trámite y llevar el tema hoy al recinto.


Jaime, siempre Jaime

    Jaime, secretario de Transporte, afirmó ayer que el gobierno no tiene en mente apelar a una expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en el caso de que las negociaciones con el Grupo Air Comet-Marsans no lleguen a buen puerto. A pesar de que en la intimidad de la Casa Rosada ésa fuera una alternativa de última instancia para el caso de que no hubiera acuerdo final en la valuación de las dos líneas aéreas, Jaime ayer desmintió esa posibilidad.
    «La ley nacional no contempla en ninguna parte de su articulado la expropiación de empresas ni de acciones comerciales, sino sólo de bienes o de inmuebles», explicó. El funcionario tiene razón: sería legalmente imposible apelar a una medida de ese tipo, ya que no está previsto en la legislación nacional.
    Pero esa realidad no es sólo una mala noticia para la oposición que planteó desde el principio la necesidad de crear una nueva empresa asumiendo rutas y empleados y dejar que las deudas de Aerolíneas se ventilaran en la quiebra de la empresa ante la Justicia. También lo es para el propio gobierno, ya que de no haber un acuerdo en el precio de venta -que seguramente no lo habrá-, no quedarán demasiadas vías legales para solucionar el entuerto y entonces el futuro de las aéreas podría quedar en manos de una batalla judicial.
    «No nos queremos hacer cargo de ninguna deuda, pero tampoco nos queremos apropiar de algo sin los instrumentos correspondientes», insistió ayer Jaime en medio de las peleas que mantenía con la oposición que intentaba rebatirle todos sus argumentos.


Voluntad

    La exposición de Jaime comenzó afirmando la decisión del gobierno: «Hay una firme voluntad del Estado nacional de recuperar Aerolíneas Argentinas y Austral; un solo día que hubiera parado el servicio aeronáutico en la Argentina habría sido un caos absoluto», dijo.
    Luego comenzó a rechazar las acusaciones de la oposición sobre la deuda que Estadodeberá asumir: «No nos queremos hacer cargo de ninguna deuda, pero queremos ser respetuosos de las instancias legales que correspondan. El mecanismo concreto es la posibilidad de compra y que el Congreso lo autorice».
    Y se metió luego a relatar la imposibilidad de apelar a otro mecanismo que no fuera la compra: «El sistema de aeronavegación comercial no es un servicio público esencial», dijo, al menos por ahora, ya que el proyecto oficial así lo establece.
    Explicó también que el gobierno tiene previsto para la «organización y recuperación de la flota», su « modernización de aquí a 24 meses». Para eso existe una «amplia predisposición de iniciar acuerdos entre la Argentina y Brasil para que Embraer provea aviones».
    Durante cuatro horas, el secretario de Transporte respondió algunas de las preguntas que le hicieron los senadores en el Salón Azul que había sido amueblado con la misma disposición que el día que la oposición recibió allí a las cuatro entidades del campo para discutir sobre las resoluciones móviles, pero evadió las que intentaron aclarar el monto de la deuda de las empresas, la situación de los activos y el precio final de compra.
    En la reunión Jaime se negó también a responder si el acta acuerdo de transferencia de acciones que se eliminó del proyecto en Diputados aún se encuentra en vigencia.


Rechazo

    Fue en medio de esas discusiones en que Jaime rechazó la posibilidad de «llegar a un proceso de expropiación» de Aerolíneas Argentinas y Austral.
    «Existe buena voluntad del grupo Marsans para venderle al Estado nacional las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral mediante el mecanismo de fijación del precio resuelto en el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados». Por lo tanto, todo quedará librado a las buenas intenciones de las partes; no parece que legalmente hoy exista otro camino que permitan el Código Civil y el Código de Comercio para que el Estado se haga cargo de dos empresas que no revisten el carácter de imprescindibles para el funcionamiento del Estado o para garantizar el bienestar a sus ciudadanos, como sería el caso de una expropiación a nivel nacional, provincial o municipal.


Valuación

    Jaime intentó también despejar otra de las acusaciones que giran sobre la operación: el momento de valuación de las dos líneas aéreas. El precio de la empresa no se fijará teniendo en cuenta los «flujos futuros», sino el valor que tenía el 8 de julio pasado, cuando la empresa fue intervenida por el Estado. Así lo prometió el funcionario.
    La intención de los senadores es firmar el dictamen el próximo lunes y llevarlo al recinto el miércoles 3 de setiembre. A pesar de eso ayer hubo algún intento por apurar los tiempos —estaba pendiente la sesión de hoy que finalmente no se realizará—, pero frente a los cruces en el plenario de comisiones y las reuniones pendientes para escuchar al resto de los involucrados.
    Así, hoy será el turno de escuchar a los representantes de los trabajadores de las aerolíneas y a funcionarios del Tribunal de Tasación de la Nación, que será el encargado de ponerles precio a las compañías.

Rubén Rabanal
Ámbito Financiero