"Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados." (MT5,6)

    Señora Presidente, las familias de 36 muertos siguen esperando Justicia, sobre todo luego de su "autismo" pesquero. La pútrida corrupción impune del sector cobra vidas humanas. No existen culpables, aún cuando existen testimonios, videos y antecedentes que preceden al Sr. Fernando Álvarez.
    El gobierno pisotea la legislación nacional e internacional, avalando un sinfín de actos criminales impunes, mientras se llena la boca hablando de los derechos humanos.
    Es público lo que el abogado Emilio Galende (DNI Nº 12.538.081) manifestó sobre los manejos de la empresa Conarpesa S.A., adelantando que la tercera parte de las acciones de dicha firma, pertenecerían al ex presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, por intermedio de sus testaferros Claudio Minnicelli (DNI Nº 17.049.205) y Ricardo Jaime (DNI Nº 7.779.715), habiendo intervenido en la cesión de cuotas sociales de la firma a favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el escribano Ángel Alfredo Bustos (DNI Nº 16.616.920).


Incendio del buque pesquero Carlos Alvarez

    El buque Carlos Álvarez, de la firma Conarpesa, cargado de langostino y combustible se hundió a las 4:13 de la madrugada del 11 de agosto del 2006 a 160 kilómetros del puerto de Caleta Paula. Murieron dos marineros y no quedaron pruebas. Hacinamiento, explotación esclava y devolución al mar de peces muertos, son algunas de las irregularidades que esconde la corrupción pesquera.

    Los tripulantes que habitaban una “villa” en el buque de Conarpesa siniestrado, no estaban debidamente embarcados, y ello es implica una responsabilidad penal directa del armador Fernando Álvarez al cual nadie reclama.
    A diferencia de lo declarado por la empresa, los marineros dormían en el sistema de “cama caliente” en los camarotes improvisados en el cuarto de planta, donde se procesa el langostino. Claramente se sabe que se montan carpas con lonas y madera, donde por dentro se colocan colchones para que los trabajadores duerman.
    Aquí, como punto central, se desprende que la tripulación permitida por las especificaciones del barco, como máximo se podían subir 27 personas. Pero el parte de Prefectura indicó que a bordo del Álvarez, al momento de incendiarse, había 33 personas.
    Los marineros que estuvieron aquel 11 de agosto aseveraron a la agencia OPI Santa Cruz que en el informe elaborado por Prefectura consta que el incendio no se originó en la sala de máquinas, sino en una “villa”, justamente donde Araya y Vitali descansaban tras haber trabajado hasta las 5 de la mañana.
    Afirmaron, además, que estas personas habían colocado una estufa, y tal como revelaron , el aparato explotó prendiendo fuego la lona y la madera, causándoles la muerte.
    También indicaron que la necesidad de calefaccionar el lugar surgió a raíz de estar alojados sobre las bodegas, espacios donde se conserva el langostino a 40º bajo cero y denunciaron que las víctimas no estaban registradas en el “libro de rol” donde figuran los datos de los tripulantes con sus respectivas libretas. Por supuesto, los registros del barco se hundieron junto con la carcasa.


Cómo lo hundieron

    La escora sobre una de sus bandas y el posterior hundimiento del marisquero se habría originado por un exceso de agua en su interior, teniendo en cuenta que los sistemas de achique mecánico para evacuar los líquidos que se arrojaron sobre la embarcación no pudieron ser accionados al no haber tripulantes a bordo”. La Dra. Eva Parcio de Seleme, Jueza Federal en primera instancia de Comodoro Rivadavia, tiene el sumario bien cobijado como es costumbre de esa magistrada para con las pesqueras patagónicas extranjeras. Dicho sumario tiene dos muertos: Sergio Araya y Gustavo Vitale, cuyos cuerpos permanecen en el fondo del mar.
    La magistrada posee cantidad de pruebas y testimonios imposibles de soslayar por la vulneración a toda normativa nacional e internacional que encuadra prima facie dentro del Art 190 de C.P. Hay además un video que fue público, pero que a pesar de ello, no es tomado en cuenta a la hora de puntualizar responsables del daño ambiental ocasionado por el naufragio y por llevar tripulantes ilegales esclavizados.


La jueza Eva Parcio de Selene garantiza la vulneración de Derechos Humanos

    Como lo ha señalado el Director General de la OIT, “el trabajo forzoso representa la otra cara de la globalización, una que le niega a las personas sus derechos fundamentales y su dignidad”. El mismo funcionario destacó que, "para lograr una globalización justa y un trabajo decente para todos, es esencial erradicar el trabajo forzoso".
    Recientemente, se creó la Comisión Internacional Marítima (International Commission on Shipping), una organización que trata de aunar de forma voluntaria a las partes interesadas y a ciertos particulares de nuestra industria, con el propósito de identificar los problemas existentes y examinar las acusaciones de abuso, explotación e injusticias de los marinos y para desarrollar soluciones prácticas a dichos problemas e injusticias.
    Recientemente se ha reconocido que el factor humano es una de las causantes principales en los accidentes de la navegación, y de hecho, la atención se ha enfocado hacia los sistemas de gerencia (Código ISM /IGS) para mejorar la seguridad de los buques y disminuir la polución.
    La flota de Conarpesa viola la ley que exige que cada porcentaje específico de langostino se deba procesar un proporcional de merluza. Sucede que, económicamente, este último recurso no es redituable en términos monetarios, y lejos de ceñirse a las leyes de pesca, los marineros denunciaron que Conarpesa arroja al mar hasta 20 toneladas de merluza. El video de esto fue aportado hace pocos días por la agencia www.opisantacruz.com.ar.
    Como consecuencia de "tirar las redes" —y sin percatarse en el daño ambiental—, la fauna que se pesca junto con el langostino, tal como se aprecia en las imágenes de video, es devuelta al mar, modificando el ecosistema y contaminando las aguas, violando normativas a destajo impunemente.
    En el documento fílmico, también se aprecia que los barcos de Conarpesa pescan fuera del horario permitido, ya que la ley establece que sólo se puede mientras haya luz del día.


Muertos, sindicalismo silencioso y funcionarios felices

    En los últimos cuatro años, en Santa Cruz y Chubut murieron 36 marineros. Accidentes similares al del Carlos Álvarez, ocurrieron en el 2006 como en el Conara, propiedad del Sindicato de Conductores Navales, donde por falta de mantenimiento de los guinches (instrumento que permite manejar las redes) un suncho se cortó mutilando a un trabajador.
    En el mismo sentido, podemos mencionar el hundimiento del Gemelo Doña Pepa; el incendio del buque Orión; el Potero Arbumasa —con principio de incendio en enero de este año—, y el hundimiento del Puente América en la primera semana de enero del 2007, perteneciente a la flota Pereira Argentina SA, mientras navegaba en altamar a unas 110 millas náuticas al este de Puerto Deseado, Santa Cruz. En todos estos casos, la justicia no encontró responsables.
    Mientras esto sucede, los "compañeros sindicalistas" hacen caja y van de paseo a la Organización Internacional del Trabajo.
    A esta altura es dable recordar que, merced a la asamblea de la Organización Marítima Internacional y el consejo de administración de la OIT, se emitió la Resolución 987(24), acerca de las directrices sobre el "trato justo de la gente de mar". Allí, en caso de accidente marítimo:
    1. Se insta a todos los Estados a que respeten los derechos humanos básicos de la gente de mar que se vea afectada por un accidente marítimo;
    2. Se insta también a todos los Estados a que investiguen rápidamente los accidentes marítimos a fin de evitar el trato injusto de la gente de mar;
    4. Se invita a los Gobiernos Miembros y a las organizaciones no gubernamentales con
    Carácter consultivo o de observador ante la OMI o la OIT, según proceda, a que registren los casos de trato injusto de gente de mar tras un accidente marítimo y faciliten esa información a la OMI o a la OIT cuando se les solicite;
    8. Se pide a los Gobiernos Miembros que pongan esta resolución en conocimiento de los propietarios de buques y de la gente de mar y sus respectivas organizaciones, así como en el de todo funcionario gubernamental que participe en la toma de decisiones o intervenga en los procedimientos que afecten al trato de la gente de mar en caso de accidente marítimo.


Señores legisladores

    Ya mismo se deben revocar los permisos de pesca de las firmas Conarpesa y Pereira por reincidencias y violaciones constitucionales. ¿Acaso no ven que la Argentina es un país sin Justicia?
    En 1995 Néstor Kirchner depositó en un banco de Luxemburgo entre 600 y 1.000 millones de dólares de reservas provenientes de regalías petroleras y de la venta de acciones de Repsol-YPF. A su vez, el Gobierno de Cristina Kirchner intenta pagar a Marsans 1.000 millones de dólares en claro perjuicio a la Republica Argentina.
    En contraposición, Jesús Olmedo, Obispo de La Quiaca, aseguró hace poco: "Hay 3 millones y medio de personas que se están muriendo de hambre. La plata de este país va para el tren bala, los subsidios de subtes y trenes, pero no a los pobres. Señora presidenta yo le pido, menos trajes, menos trapos y más preocuparse por lo que está pasando".
    Sin palabras.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

Nota del autor: En la fecha será remitida esta denuncia ante el Tribunal Internacional del Mar (OMI-OIT) y la Comisión Internacional Marítima.

Ver también:
www.opisantacruz.com.ar/2007/Octubre/27/diahoy/DENUNCIAN%20PENALMENTE%20A%20Conarpesa.htm