La reciente decisión gubernamental de los Estados Unidos y de la Reserva Federal, de salir al rescate de dos instituciones, patrocinadas por el gobierno norteamericano, concentradas en el mercado hipotecario, ha generado una reacción interesante en algunos funcionarios argentinos, incluyendo a mi querido amigo, el embajador en los Estados Unidos, Héctor Timerman, cuya nota publicó Ambito Financiero ayer. Dichos funcionarios han comparado el salvataje de Freddie y Fannie con el de Aerolíneas Argentinas, ambos considerados «en defensa del bien común».
Cabe, entonces, realizar algunas precisiones.
    En primer lugar, el sistema financiero tiene características de «bien público» insustituible. Un país con un sistema financiero destruido es incapaz de funcionar correctamente, como lo probó, lamentablemente, el caso argentino. Es por ello que los bancos centrales y los entes reguladores respectivos, tratan de evitar, a toda costa, un colapso del sistema. Cuando los reguladores fallan, o se equivocan, como fue el caso del mercado hipotecario de los Estados Unidos, no queda más remedio que salir al rescate de, por las ramificaciones que, en los Estados Unidos, tienen los activos inmobiliarios sobre el resto del sistema económico.
    Este rescate, sin embargo, no incluye a los accionistas de las instituciones mencionadas, ni de ninguna de las «salvadas» hasta ahora. El eventual aporte de capital del Tesoro, implica, directamente, la «licuación» de las tenencias de los accionistas actuales. Es cierto que, indirectamente, si resulta exitoso el proceso, cosa que está por verse, el mercado de capitales se ve favorecido en su conjunto, dado que se le pone un piso a la debacle, pero los accionistas directos de estas instituciones han perdido, en el camino, casi todo su capital.


Procedencia

    En segundo lugar, si finalmente se usan fondos públicos para capitalizar a estas entidades, dichos fondos provienen de los recursos del gobierno federal que en los Estados Unidos recauda, principalmente, el Impuesto a las Ganancias y otros relacionados con el capital y coloca deuda en forma, mayoritaria, de Bonos del Tesoro. Cuando surge una crisis de incertidumbre financiera como la actual, los inversores huyen, precisamente, hacia los Bonos del Tesoro. De manera que, lo que hace el gobierno para financiar este salvataje, es utilizar recursos provenientes, básicamente, del Impuesto a las Ganancias, que pagan todos, pero, fundamentalmente, la gente de mayores recursos. Y «reciclar» los fondos que recibe por la huida de los inversores del mercado de capitales. Dicho sea de paso, esta última es una diferencia central con las crisis financieras argentinas. En nuestro caso, la crisis la genera el Estado, con déficits fiscales y deuda colocada en el sistema financiero, que luego no se paga en tiempo y forma. Por lo tanto, cuando la gente huye del sistema, no busca la protección del Estado, y sus bonos, sino que escapa de éste y sus estafas. Comprando divisas y sacándolas del sistema. Es decir, en el caso argentino, el Estado es parte importante del problema y no de la solución. Volviendo al caso estadounidense y resumiendo. El salvataje de estas dos instituciones de crédito hipotecario se hace por la «externalidad» que significa, para un país, el colapso de su sistema financiero. No se salva a los accionistas. Y se hace con fondos provenientes, en su mayoría, de los sectores más ricos que pagan el Impuesto a las Ganancias y compran Bonos del Tesoro norteamericano.
    Comparemos con el caso Aerolíneas. En primer lugar, no está claro que la quiebra de la empresa implique un daño irreparable al «bien público» servicio de transporte aéreo. Como ya expresara en notas anteriores, siempre se pueden fijar las tarifas correctas para las rutas rentables, de manera que las cubran otras empresas y subsidiar, de ser necesario, las no rentables, para que el servicio en dichas rutas se siga prestando. No es necesario para ello «comprarse» una compañía aérea. De hecho, han quebrado decenas de ellas en la Argentina, en la región y en el mundo, y el servicio, insisto, si se alinean adecuadamente los precios, se puede seguir prestando sin problemas. Inclusive, de ser necesario, transfiriendo rutas, personal, y equipos, a otros operadores.
    En segundo lugar, si es cierto todo lo que se dice en torno de la administración privada, no hay nada que pagarle a los accionistas y tampoco se justifica mantener a sindicalistas privilegiados o a proveedores cobrando sobreprecios. ¿Cuánta plata y con qué controles y justificativos se le transfirió a Aerolíneas Argentinas y Austral desde que fue intervenida?
    Finalmente, y esto es lo más grave. El Estado argentino, no sólo recauda el Impuesto a las Ganancias, sino que, principalmente, recauda impuestos al consumo e inflación. Es decir, principalmente, y proporcionalmente, pagan más los pobres, que nunca se subirán a un avión. Por lo tanto, desde el punto de vista, no menor, de la distribución del ingreso, que un gobierno «progresista» defienda el salvataje de accionistas, sindicalistas y proveedores, de una compañía aérea, financiado con plata de la gente más pobre que viaja como ganado en los trenes del conurbano, con todo respeto, más que un «salvataje» suena a una «salvajada».

Enrique Szewach
Ámbito Financiero