El Gobierno y la CGT conducida por Hugo Moyano hacen esfuerzos para mantener la sociedad política con mutuas concesiones, pero la realidad económica se encarga de obstaculizar el camino que uno y otro pretenden transitar con placidez.
    La administración Kichner sigue tratando de satisfacer las demandas de sus socios sindicales —que a su vez apoyan las políticas oficiales—, y así la última novedad es la elevación de topes salariales para descuentos destinados a obras sociales, lo que significará un millonario ingreso extra para las arcas de esos entes, verdaderos pulmotores de los gremios.
    Antes había sido el aumento del mínimo no imponible, con lo cual un segmento de trabajadores dejará de pagar el Impuesto a las Ganancias. Y aún está pendiente de resolución la mejora en las asignaciones familiares.
    Pero el problema más serio que se le presenta ahora a los sindicatos, y que por supuesto genera preocupación en el Gobierno, es el rápido desfase de los sueldos con respecto al costo de vida.
    Como se preveía, varias organizaciones ya están en conversaciones para conseguir una nueva mejora salarial que cubra la pérdida registrada en los últimos meses por imperio de la inflación.
    La cuestión trae un dato no inferior: al reclamar la recomposición, los propios gremios, aún los socios del poder, están echando por tierra los números oficiales sobre los precios y proclamando que la inflación es notoriamente superior y aniquiló la mejora en los sueldos pactada hace pocos meses con el sector empresario, que incluso en muchas actividades aún se está cobrando en cuotas. En los últimos días hubo sonido de alarma en varios círculos cuando se supo que el gremio mecánico, el SMATA, habría pedido alrededor de un 50 por ciento de aumento para los empleados de concesionarias.
    El sindicato de José “Pepe” Rodríguez, que avala las políticas oficiales, en este caso observa con indiscutible lógica la realidad de la actividad del sector, donde en los últimos años se han anunciado sucesivos récords de producción y ventas.
    Y la demanda, además, seguramente ha animado a sus colegas para acelerar sus reclamos ante los empresarios y las propias autoridades.
    Lo ideal para la dirigencia sindical sería la reapertura de las paritarias, pero por lo que se sabe, empleadores y Gobierno rehúsan dar aún ese paso. Sobre todo la administración Kirchner: por un lado por el temor de que se acentúe la carrera de los precios, pero también por el hecho de tener que admitir que la inflación oficial no es la real.
    La alternativa, en caso de que se llegue a un acuerdo de no abrir la tradicional negociación colectiva hasta el año siguiente, podría ser entonces el otorgamiento de una compensación fija como la del ciclo anterior, cuando finalmente también terminó, de esa manera, reconociéndose la caída del poder adquisitivo de los ingresos.
    En esa ocasión el liderato fue también para los mecánicos, que se hicieron de un “bonus” de 3.000 pesos, mientras otras actividades percibieron sumas más modestas, pero recibieron su compensación al fin.
    No obstante, hubo otros muchos rubros que no obtuvieron un centavo y debieron resignarse mascullando con lo que les otorgaron de aumento en el marco de los límites impuestos por la Casa Rosada y Moyano.
    La coyuntura actual es un poco más complicada que la del año pasado, por lo que aquellos que no recibieron el beneficio adicional esperan ahora poder acceder a él.
    Es interesante en esta circunstancia seguir los movimientos de la CGT; pero sobre todo de Moyano, habida cuenta de que, como se ha dicho, en los últimos años ha marcado el rumbo salarial a gusto y paladar del Gobierno.
    En sus últimas intervenciones públicas Moyano se “descolgó” con el anuncio de que impulsaría una ley para que los trabajadores puedan ir cobrando, cada cinco años, una virtual indemnización mientras cumplen sus tareas. La idea cayó como una sorpresa, incluso a dirigentes allegados al camionero y a legisladores.
    Hace algunos días Moyano expresó que la reapertura de las paritarias depende de cada organización gremial, por lo que de hecho puso un freno a un posible pronunciamiento orgánico de la CGT a favor de una renegociación masiva. Pero ello insinúa, a la vez, que Moyano no podrá imponer su voluntad —como sí lo hizo con los techos de aumento salarial— para impedir que los sindicatos reactiven sus reclamos.
    También está la presión extra que pueden ejercer los gremios nucleados en la central paralela comandada por Luis Barrionuevo, que sí lanzaron con todo la demanda de una nueva negociación de sueldos.
    Lo que sí hizo Moyano estos días es continuar soldado al Gobierno, con expresiones políticas idénticas a la de la administración ante otros temas, como la crisis de Bolivia y el escándalo de Antonini Wilson y la valija con los dólares.
    Prefirió internarse en otros ásperos terrenos, pero a tono con el oficialismo, evitando nuevos pronunciamientos enfáticos sobre la realidad laboral y salarial local que podrían generar incomodidad y malhumor en las autoridades kirchneristas.
    Además, se siente obligado a mantener la paz por el hecho de que, aunque falta un año, ya comenzaron las “roscas” con vistas a las elecciones legislativas de 2009, que serán un nuevo examen para el oficialismo y en las cuales el gremialismo quiere tener participación concreta y, de ser posible, mayor a la conseguida hasta ahora.
    Pero la realidad viene empujando y el tema salarial sigue al tope de las preocupaciones y demandas de la gente, que ve licuarse su sueldo cada vez más rápido.
    Aunque haya cuestiones innegablemente importantes que por diversas razones tengan implicancias para la Argentina, es una verdad implacable que para millones de personas el bolsillo y el estómago están mucho más cerca y requieren prioridad y urgencia.

Luis Tarullo