La saga de beneficios para los sindicatos seguirá hasta donde y cuando sea posible, con tal de que no se dispare la reapertura generalizada de las paritarias, un verdadero fantasma para el Gobierno.
    Esa es la consigna oficial, ya que la administración Kirchner cree que un relanzamiento de las negociaciones colectivas, con el excluyente objetivo de pactar nuevos aumentos salariales, podría actuar como un detonador letal de la inflación.
    Pero los ingentes esfuerzos oficiales, con la colaboración del mandamás de la CGT y la aprobación empresarial, se topan con las presiones que van sumando diversas organizaciones sindicales para compensar la caída provocada en los haberes por el alza de los precios.
    En los últimos tiempos se está desplegando una serie de mecanismos, incluidas las dudosas cifras del INDEC, con la intención de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos, pero ello no es suficiente.
    Algunas entidades gremiales impulsan acciones que demuestran que el costo de vida es superior al consignado oficialmente y que determinadas actividades siguen generando ganancias como para acceder a las peticiones sindicales.
    Tal el caso del SMATA, que insiste en reclamar aumentos casi inéditos, por ejemplo en el área de las concesionarias de autos. Es cierto que se trata de un rubro que viene teniendo ciclos de esplendor tras la crisis de 2001, pero en la economía argentina hay otros segmentos de la producción y los servicios que no pueden negar que aún tienen un colchón capaz de soportar una actualización de los sueldos.
    Si bien los costos laborales son importantes, también es cierto que el traslado de ese peso a los bienes que producen u ofrecen ha sido en muchos casos proporcionalmente superior a los incrementos salariales otorgados, lo cual les ha permitido compensar sus erogaciones.
    En este marco signado por la voluntad oficial de evitar hasta donde se pueda una reapertura de las paritarias, Moyano se enfrascó en una cruzada que, sin quitarle legitimidad o justicia, desata interrogantes.
    Con el mismo énfasis con que suele plantear sus reclamos en la faz laboral, se ha plantado ahora en el centro de la escena para exigir el esclarecimiento del crimen de José Ignacio Rucci, asesinado en 1973, cuando era secretario general de la CGT.
    Nadie en su sano juicio sería capaz de oponerse a ello, pero mientras enarbolaba ese reclamo, Moyano pareció abrir un paréntesis en su demanda por los salarios y sólo en los últimos días planteó críticas a las mediciones oficiales de inflación, aunque no desbarrancó y se mantuvo en el carril por donde transita el Gobierno.
    Por otro lado, si bien la moderación de Moyano en materia salarial genera alivio en las filas de la administración Kirchner, su fuerte impulso a la causa del homicidio de Rucci —que se atribuye a Montoneros y para el cual se ha reclamado la declaración de crimen de lesa humanidad— genera cierto escozor en la Casa Rosada.
    Sabido es que ni Néstor ni Cristina Kirchner comparten la idea de que los crímenes de la dictadura sean equiparables a los de la guerrilla y que ex miembros de organizaciones de otrora —Montoneros o grupos afines—, forman parte del oficialismo.
    De todas maneras, al menos públicamente, todavía no se ha desatado una pelea entre los sostenedores de posturas irreconciliables, pero habrá que ir viendo la evolución del debate a partir de la decisión de la Justicia de reabrir la investigación, ya que, así como estuvo presente hasta ahora, Moyano debería seguir estando en medio de la discusión.
    Y tampoco hay muchas dudas de que, en caso de que la cuestión vaya subiendo de tono, podrían empezar a aparecer grietas en la relación con el Gobierno.
    La incógnita es qué pasará finalmente, ya que la Justicia tomó la decisión de instruir otra vez la pesquisa, pero sin pronunciarse sobre el fondo del tema —la categorización de lesa humanidad—, para lo cual es imprescindible el cumplimiento de requisitos y principios de índole estrictamente jurídica, más allá de consideraciones políticas.
    Cierto es que el gremialismo, específicamente el ortodoxo, jamás pudo digerir en estas tres décadas y media la irresolución del asesinato de Rucci, que formó parte de una época de extrema convulsión en la que, antes y después de ese episodio histórico, hubo muchas otras bajas violentas en el mundo sindical, producto de los enfrentamientos políticos internos y de los planes de eliminación de opositores dispuestos por la dictadura.
    La reaparición del caso Rucci sustenta la obligación de toda sociedad de esclarecer el pasado en todos los órdenes, especialmente cuando se trata de delitos y crímenes irresueltos, para que se imponga la Justicia y al cabo procurar la concordia. Pero ello debe tener un impulso constante y parejo y no ser fruto de arranques espasmódicos que pueden distraer la atención de otras deudas sociales que mantienen enhiesta una demoledora e inocultable iniquidad.
    Deudas que son parte de las mismas agitadas aguas de la historia argentina y que, con el mismo énfasis que se pone en otras cuestiones, tienen que ser saldadas para poder aspirar a días de prosperidad sin exclusiones.

Luis Tarullo