El impacto inmediato y masivo de la crisis desatada en el Primer Mundo derrumbó rápidamente las hipótesis que presagiaban efectos menores de la hecatombe en algunos países, cuyo papel secundario en el escenario internacional podía darles el paradójico privilegio de aislarse de esos problemas.
    La globalización que interrelaciona a las naciones de diversa manera, más allá de modelos económicos y políticos, no iba a permitir que el maremoto financiero dejara costa sin tocar. Por ello, tarde o temprano el oleaje iba a llegar hasta los confines del planeta, y la Argentina no fue la excepción.
    Con inicial manifestación en el mundo de las finanzas, el problema se ha trasladado a las actividades productivas y, por ende, al mundo del trabajo.
    Por ello se están convirtiendo paulatinamente en peligrosa rutina las noticias sobre baja en la producción en algunos rubros y en las transacciones comerciales y la consecuente incidencia sobre los puestos laborales, afectados por despidos, suspensiones y recortes de horas extraordinarias.
    Esta situación puso en alerta máxima a Gobierno, empresarios y sindicalistas, que decidieron iniciar una maratón de encuentros e intercambio de ideas para sostener la actividad económica y, por ende, la laboral.
    Algunas medidas de resguardo ya se impulsaron, con un sesgo claramente proteccionista, para limitar las importaciones de productos que puedan afectar a la industria nacional.
    No obstante, hay que tener en cuenta la posibilidad de que esa decisión, si bien tiene el objetivo fundamental de que no decaiga la actividad interna, puede encontrar escollos en el marco del actual esquema económico regional e internacional, entre los cuales los peores podrían ser eventuales represalias que podrían tomar las naciones afectadas, como los gigantes Brasil y China.
    De todas maneras, según las explicaciones oficiales, estas acciones significan ante todo poner orden en el área de las importaciones, donde se presume la existencia de posibles fraudes mediante maniobras de subfacturación, lo que constituiría una competencia desleal para la producción nacional.
    Pero una de las situaciones más ríspidas aparece en el eterno debate sobre las concesiones para el mantenimiento del nivel de empleo, donde las alternativas que se presentan ante la sociedad por parte de los protagonistas son repetidas.
    En ese marco están los pedidos de una recomposición salarial, de parte de los gremios, y reclamos de un dólar a un valor más alto, de parte especialmente de los industriales.
    Sabido es que la pérdida del poder adquisitivo conlleva una desaceleración de la economía y que medidas que muevan el dólar pueden convertirse en boomerang a partir de su incidencia en los valores, sobre todo de los productos básicos, lo que terminaría afectando a los ingresos más bajos. A la vez los empresarios sostienen entre sus argumentos que, en medio de este panorama altamente preocupante, les es casi imposible acceder al doble reclamo sindical de aumentar los sueldos y mantener los puestos de trabajo, sosteniendo entonces que la prioridad debe estar puesta en el segundo objetivo. La cuestión, así, vuelve a presentarse como un callejón sin salida.
    Las discusiones entre las partes sobre las acciones futuras las encabeza directamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está convocando a los diversos actores sociales.
    Pasaron representantes del mundo empresario y están en contacto —y se espera su visita a los despachos oficiales— los dirigentes de la CGT con Hugo Moyano a la cabeza, quien, como se ha visto en los últimos actos políticos, sigue apoyando a rajatabla al Gobierno y su modelo.
    Sin embargo, todavía es una incógnita si la convocatoria gubernamental será lo suficientemente amplia como para comprometer a todos los sectores. Por ejemplo, se han sentado a la mesa presidencial representantes de industria y servicios, pero no se sabe si ocurrirá lo mismo con otro sector fundamental de la economía, como es el campo. Un debate e intercambio de ideas amplio sin dudas debería incluir al mundo agropecuario, máxime teniendo en cuenta que, más allá de los conflictos, sigue siendo una actividad vital para la producción interna, la exportación y la generación de divisas, incluidos los suculentos ingresos al Fisco.
    También están ausentes por ahora los dirigentes sindicales antimoyanistas, como los de la CGT paralela constituida por Luis Barrionuevo y la central gremial CTA, donde los trabajadores estatales tienen preeminencia. Además, debe anotarse hasta ahora la ausencia de los políticos opositores, al menos los que tienen más representación parlamentaria.
    Si hubiera que atenerse a los acontecimientos de los últimos meses, la respuesta al interrogante sobre un posible convite a esos sectores ya estaría dada, pero siempre se espera un gesto de generosidad y que la mesa se amplíe lo suficiente como para que todos puedan tener la oportunidad de acercar sus ideas y, a la vez, de quedar comprometidos con un objetivo que debe estar por encima de los enfrentamientos o discrepancias circunstanciales.
    Claro que los caminos para la búsqueda de soluciones ante crisis de esta magnitud podrían estar más despejados si ya se hubiera impulsado a un pacto social que, como tal y respetando la esencia de tales acuerdos supremos, tendría incluidos a todos los sectores, que no perderían su identidad pero tampoco serían víctimas de obstáculos coyunturales y en muchos casos de menor valía.
    Igualmente, las crisis ofrecen este tipo de oportunidades y sigue en pie la posibilidad de ir hallando un sendero hacia ese objetivo. Aunque, de acuerdo a lo que ha ido mostrando la historia, también siguen incólumes las dudas sobre si en esta ocasión será posible acometer esa tarea o una vez más se apelará a soluciones parciales hasta que, de acuerdo al cíclico comportamiento criollo, llegue otra vez el momento de tirar manteca al techo.

Luis Tarullo