Bien se podría afirmar desde lo ideológico, que la solidaridad que se pregona desde el Gobierno no encuentra muchos adeptos entre los afiliados a las AFJP, quienes han decidido seguir el camino de las cuentas individuales para intentar asegurarse el futuro jubilatorio. En estos tiempos en los que el Gobierno pregona un cambio unilateral de paradigmas y la idea de "vivir con lo nuestro", el razonamiento parece lícito para ordenar los tantos y sumar dinero a las arcas del Estado, aunque la motivación, incluida las especulaciones de las necesidades políticas, sea más bien dudosa.
    No ha sido la causa del egoísmo, precisamente, sino la del cansancio de que le metan la mano en el bolsillo de modo recurrente, lo que ha impulsado a más de 3 millones de personas a cubrirse con la acumulación de ahorros propios dentro la jubilación no estatal y a creer, erróneamente, que de esa manera iban a poder estar a salvo de los estropicios de destino incierto que habitualmente produce en sus vidas y haciendas la larga mano del Estado, estafa tras estafa.
    No en vano, el esquema privado, que con graves defectos de costos para el afiliado y con la espada de Damocles estatal a la hora de regular a su favor el menú de inversiones, logró una importante manifestación de confianza cuando, desde la ANSeS -y con toda la publicidad a favor- se empujó una Ley para lograr el pasaje voluntario de afiliados al Estado y sólo 1,3 millones decidieron volver.
    Pero lo que no se puede decir bajo ningún punto de vista para justificar el eventual fin de las Administradoras es que, si hay un nuevo manotazo, éste tenga que ver con la preocupación del Estado para proteger el dinero de los afiliados, debido a la caída de rentabilidad de los fondos acumulados durante este último mes, cuya culpabilidad, se ha dejado trascender, tal como mandan los libros del kirchnerismo, corresponde a la crisis internacional.
    En realidad, cuando se dice de modo tan pueril que el pago de las AFJP hacia los futuros jubilados no está "garantizado", eso significa lisa y llanamente una vez más la admisión del default, es decir que no se puede "garantizar" que los bonos públicos en poder de las AFJP sean atendidos en tiempo y forma, ya que éstas tienen invertidos más de la mitad de los ahorros de los afiliados (U$S 30 mil millones) en esos títulos emitidos por el Estado nacional.
    Por otro lado, hay que anotar que las caídas estrepitosas de los precios vienen desde mucho antes de la crisis, por manejos equivocados de la política económica, desde los tiempos en que el mercado le bajó el pulgar a la manipulación del INDEC. Para tomar una referencia en perspectiva, en diciembre de 2007, cuando la rentabilidad acumulada de las AFJP desde que se inició el régimen era de 15,33 anual, el Riesgo-País estaba en 410 puntos, indicador que se fue deteriorando cada vez más en medio de la crisis del campo y que hoy se mueve alrededor de 1.300 puntos, 230% por encima que entonces.
    La contrapartida de esta monumental escalada ha sido la pérdida de los bonos del Estado, de casi 40 por ciento promedio desde entonces que, junto a una parecida debacle accionaria (las AFJP tienen 15% de los ahorros invertidos en papeles privados y Fondo Comunes de Inversión) ha reducido, es verdad, la rentabilidad acumulada por los afiliados a 13,9% anual, a fines de setiembre.
    Las encuestas dicen que la gente quiere más Estado, pero seguramente un Estado neutral, ya que un Estado que regula a su favor es tan malo o peor que el Estado que no controla. Ya pasó en 2001, con aquellos bonos que compulsivamente tuvieron que tomar las AFJP que luego cayeron en default; y sigue ocurriendo en estos últimos meses con los constantes aportes de la ANSeS al Tesoro, más allá de los recursos que sumará el nuevo presupuesto a partir de los cambios en las Cartas Orgánicas del BCRA y el Banco Nación (U$S 8 mil millones).
    Si se concreta finalmente la idea de la defunción definitiva de las AFJP, que permitirá sumar para el Estado los aportes de todos los trabajadores sin excepción a la bolsa de reparto de la ANSeS unos $ 1.000 millones mensuales, habrá que ver qué pasa con los fondos acumulados durante todos los años de vigencia del régimen y si se les habrá de respetar a cada afiliado lo que ha logrado reunir y quién se lo pagará en el futuro. Desaparecidas las Administradoras quedarían sin trabajo nada menos que 10 mil personas, todo un logro.
    Raúl Alfonsín permitió la hiperinflación a partir de la emisión descontrolada; Carlos Menem y Fernando de la Rúa cocinaron la crisis de 2001 con un endeudamiento atroz; Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde generaron el default y la pesificación asimétrica; Néstor y Cristina Kirchner están ahora preparando la chequera para 2009. El Estado no tiene dueños, sólo necesidades de los gobernantes en su nombre, a costa de los contribuyentes.

Hugo Grimaldi