Después de la dictadura militar -no casualmente denominada “Proceso de reorganización nacional”- y con el modelo de economía liberal instalado en el país, los capitales internacionales tuvieron una oportunidad más que seductora de recolonizar la región.
    Fue tal el vaciamiento, el endeudamiento y la alienación lograda, que los intentos de Raúl Alfonsín por volver a consolidar aquel Estado fuerte e industrial que Illía había logrado, fueron en vano. Ante el fracaso, no le quedó otro remedio que continuar con el recetario que el FMI y el Banco Mundial imponían, sin otro interés que el dominio político y económico sobre la región.
    Si bien adhirió al modelo, el radicalismo no profundizó –y tampoco lo dejaron- en la venta de los bienes públicos más allá de la privatización de ENTEL, que no afectó los cimientos del Estado. De hecho, el servicio que prestaba la empresa telefónica estatal era verdaderamente pésimo.
    Pero fue en el ‘89 con la carismática llegada de Menem, cuando se produjo el drástico proceso de reducción y desensamble del Estado. Consolidando el modelo neoliberal, se entregó lo último que le quedaba al Estado como base para salir del pozo: los patrimonios naturales y públicos.
    Las grandes entidades financieras, el establishment y las bancas internacionales, se relamían al ver cómo un país ahogado no mostraba más voluntad de crecimiento que la propia resignación a la dependencia del capital internacional.
    El hambre, la exclusión, la pobreza, el desempleo, las corridas bancarias y la hiperinflación, junto con la deteriorada administración del Estado de los servicios públicos, fueron condiciones más que favorables para que el discurso privatista entrara por la puerta principal.
    En ese marco, ante un Estado “ineficiente, corrupto, burócrata y lento,” se imponía el discurso de que la solución para terminar –literalmente- con él, era traspasar los patrimonios del pueblo a manos de capitales privados. Éstos se presentaban como más efectivos, confiables, dinámicos y modernos.
    Cabe destacar que no se trataba de un capricho surgido de un programa nacional. El nuevo presidente venía de la Rioja y junto con él, llegaba desde EE.UU., el Consenso de Washington o la instalación del neoliberalismo dirigido especialmente a los países tercermundistas.
    Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa con infraestructura como pocas en Latinoamérica, que además de extraer petróleo tenía un gran compromiso con el pueblo, era uno de los estandartes del Estado tanto en materia económica (aportaba la mayor parte de recaudación fiscal) como de desarrollo. Falazmente, fue tildada como la única petrolera del mundo que daba pérdidas, costosa, endeudada, ineficiente, corrupta y atrasada. Y para poder poner el total de los recursos del pueblo en manos del mercado, fue necesario diseñar y construir un complejo aparato que le de legalidad y legitimidad a lo que no tenía.


Proceso de privatización de la empresa

    Es interesante recalcar que el complejo proceso de privatización de YPF duró aproximadamente tres años si tomamos como inicio de este a la ley 23.696 de Reforma del Estado de 1989. En ella se declaraba “en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.”
    Más adelante, en el artículo 8º se aclara que las únicas empresas que podrán privatizarse serán las que estén declaradas “sujetas a privatización”. En este documento, no se autoriza aún la venta de YPF, sino que aparece como posibilidad de asociación o concesión.
    Una de las partes elementales del proceso de privatización de YPF la constituyen los tres decretos conocidos como “desregulatorios”, el 1055/89, 1212/89 y 1589/89. Tenían como objetivo la adjudicación de tierras al capital privado para su exploración; la desregulación de la comercialización, procesos de refinación y bocas de expedio; la promoción de la libre competencia mercantil; la eliminación de cuotas y la disponibilidad al capital privado de los ingresos por exportaciones.
    En 1990 la privatización de la petrolera estatal era inminente. En ese año se termina de despejar el terreno mediante el decreto 2778/90 para que pase a control privado sólo bajo las “reglas” del mercado. El mismo documento comienza de la siguiente forma: “el Ministerio de Economía por intermedio de la Subsecretaría de Empresas Públicas ha encarado con la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado la regularización de la grave situación económica y financiera de la empresa con el objeto de alcanzar una gestión eficiente y transformarla en una empresa competitiva dentro de un mercado desregulado y des-monopolizado.”
    Llaman la atención las líneas que siguen: “del análisis sobre las actuales condiciones en que se desenvuelve Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado se desprende la imposibilidad de dicha empresa para desarrollar sus actividades en el citado mercado desregulado, competitivo y abierto.”
    Cuando se refiere a las condiciones, hace referencia a la “grave situación económica y financiera de la empresa”. Vale aclarar, que por más que las condiciones de YPF S.E. hubieran –o hayan- sido prósperas, nunca podría estar en condiciones de actuar en un “mercado desregulado, competitivo y abierto” ya que el fin de una Sociedad Estatal como lo era YPF no es el lucro, sino garantizar las necesidades de la población. Es por esto que la petrolera del Estado no necesitaba competir con nadie, ni estar abierta a ninguna economía, ya que era su condición la de estar al servicio de la Nación para lo que se la requiriera en materia energética. La única regulación a la que podía estar sometida era al mismo control del Estado en la exploración, explotación, industrialización y distribución de hidrocarburos. Aquí es donde podemos ver la gran diferencia entre el discurso del modelo neoliberal con las políticas propias de un Estado en el manejo de sus recursos.
    Otra fase importante en el proceso de privatización fue la provincialización de los recursos hidrocarburos. El artículo 1º de la ley 24.145 dice: “Transfiérese el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de Doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación vigente.”
    Pero esta misma ley en su artículo 22º establecía que: “la transferencia del dominio dispuesta por el Artículo 1º de esta ley, se perfeccionará después de sancionada y promulgada la ley cuya elaboración se encomienda a la Comisión de Provincialización de Hidrocarburos por el Artículo 5º.
    En las áreas cedidas a las Provincias en virtud de lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Nº 1.055 del 10 de octubre de 1989, la transferencia establecida en el Artículo 1º de la presente, se perfeccionará al momento de promulgarse esta ley. “
    Todavía hacía falta un paso más para lograr la fragmentación del subsuelo argentino. Pero por diversos motivos esto no llegó a concretarse ya que dicha Comisión no se reunió nunca y por lo tanto no se pudo sancionar la provincialización. Vale destacar que las provincias extractoras de hidrocarburos son diez y las consumidoras catorce. Estas últimas además constituyen el 85% de la población y por lo tanto tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Obviamente se puede deducir por qué el traspaso no fue realizado hasta finales del 2006, además de su dudosa legalidad.
    La siguiente etapa de la privatización fue la aprobación del nuevo estatuto de la empresa. Con la modificación, a través del decreto 1016/93, la dirigencia de YPF pasaba a estar integrada mayoritariamente por los accionistas privados.
    Pero la parte más polémica del decreto se encontraba en el artículo 8º en el que se establecía que en caso de que YPF S.A. tuviera la obligación de saldar pasivos correspondientes a antes del 26 de marzo de 1993, el Estado Nacional era el que iba a hacerse cargo de la deuda o bien, reembolsaría la suma que YPF S.A. haya tenido que costear. Esto corresponde claramente a una política de total beneficio al capital privado a costas de los intereses de la población.
    Para favorecer el ingreso de capitales extranjeros a la adquisición de la empresa estatal, en septiembre de 1993 se ejecuta el decreto número 1853 en el que entre otras cosas se establecía que: “Los inversores extranjeros podrán efectuar inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa, en iguales condiciones que los inversores domiciliados en el país.” De esta forma, los capitales extranjeros en el mercado nacional carecían de regulación alguna dando total libertad siguiendo a rajatabla los mandamientos del Consenso de Washington.
    En suma, el artículo 5º establecía que “el derecho de los inversores extranjeros de repatriar su inversión y enviar al exterior las utilidades líquidas y realizadas podrá ser ejercido en cualquier momento”. Aquí es donde se exponen explícitamente las políticas de saqueo y vaciamiento del Estado nacional, a través de la fuga de capitales. No sólo que el sector privado lucraba con los servicios y los bienes públicos, sino que tenía la total libertad de llevar esa ganancia al exterior y no reinvertirla en el país.
    Fiel a la subyugación frente a las entidades financieras internacionales, la Argentina eligió como representantes a los bancos Merrill Lynch y el First Boston para que prepararan el proceso de privatización de la empresa, realicen la tasación y hasta elijan quiénes y cómo iban a integrar el paquete accionario. El Ministerio de Economía lo único que hacía era acatar órdenes, ya que debemos reconocer que el verdadero Ministerio no se encontraba en el país sino que en el exterior. Todas las políticas financieras eran aprobadas primero en los EE.UU. antes que acá.
    Algunos de los primeros accionistas privados de YPF S.A. fueron el Citicorp, Credit Suisse, Philiphs, Soros y Pérez Companc.
    La venta concreta de YPF S.A. se realizaría en 1998 con el desembarco de la petrolera española Repsol. De esta manera se conformaría la sociedad Repsol-YPF S.A.


Situación actual de la empresa

    Actualmente y casi desde su privatización, la empresa se encuentra en un proceso de desinversión total. La exploración de pozos petroleros fue dejada de lado para dedicarse prácticamente sólo a la extracción y venta de combustibles.
    Cuando YPF pertenecía al Estado, se exploraban unos 100 pozos al año. Hoy no llegan a 25. YPF S.E. siempre garantizó las reservas a futuro, estaba en constante expansión e inversión. Se decía que por cada barril que se extraía, se garantizaba uno nuevo debajo de la tierra. Las empresas que hoy tienen bajo su control el subsuelo nacional, no hacen más que explotarlo para su propio interés y vaciarlo sin volver a invertir.
    El negocio es redondo. A partir de los recursos que garantizó la sociedad estatal, del esfuerzo del Estado –es decir de todos los argentinos- se exprimen ganancias extraordinarias. Se está rifando el patrimonio del pueblo y lo peor es que lo hacen con total impunidad.
    Es curioso que antes de 1991, las reservas comprobables de YPF S.E. fueran de 350 millones de m3 y la compañía se vendiera a razón de 250millones de m3. El término sospechoso queda chico si mencionamos que en 1995, sin realizar nuevas exploraciones, YPF S.A. ya contaba con 350 millones de m3.
    La producción desde 1991 hasta la fecha fue de 500 millones de m3, por lo que las declaraciones, tanto de las auditorías internacionales como de Repsol YPF, no son nada claras. Actualmente, la compañía dispone de 450 millones de m3 más para explotar, en otros términos, a este ritmo quedarían unos ocho o nueve años más de petróleo. Antes de su privatización, YPF S.E. siempre garantizó más de dieciocho años de reservas.
    Previo a su venta, YPF S.E. obtenía ganancias por 500 millones de dólares con un barril que a precio internacional no llegaba a los 20 dólares. En 2007, Repsol YPF obtuvo ganancias por 1300 millones de dólares (en 2005 fueron 1800) con un barril a 90 dólares.
    Se estima que en los próximos años, el país comenzará a importar crudo. De mientras, el Estado subvenciona a las petroleras para que no se comercialice el combustible a precios internacionales, aunque el costo de extracción de crudo sea de 6 dólares por barril.


Conclusión

    La venta del patrimonio público, como lo es un recurso natural como el petróleo, constituye desde todos los puntos de vista una acción completamente ilegítima.
    El marco legal buscado por el Gobierno menemista para poder garantizar las privatizaciones no fue más que un enjambre de leyes y decretos que se contraponían a otras leyes y artículos de la Constitución. Es válido tener en cuenta que la ley 17.319 es muy clara en sus artículos:

    “ARTÍCULO 1º Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional.”
    ARTÍCULO 79º: “Son absolutamente nulos: (inciso “c”) Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta Ley.”

    No hay duda de que no sólo se violó la ley, sino que se le expropió al pueblo uno de sus patrimonios más valiosos que llevó décadas construir con el aporte de todos los ciudadanos.
    La venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales al capital privado e internacional concretó no sólo una estafa sin precedentes en la historia de la Nación Argentina, sino que violó la soberanía del pueblo como en cualquier invasión extranjera. Millones de argentinos votaron en 1989 un presidente que prometía industrialización, trabajo y crecimiento para luego ser traicionados de la manera más descarada. Todo lo que se había prometido en la campaña se hizo exactamente al revés.
    A través de un discurso falso, con la complicidad de los medios de comunicación, se logró imponer un modelo económico que no traería beneficio alguno para el pueblo. Sino que se fomentaría el enriquecimiento desmedido de un sector minoritario mediante la adquisición de patrimonio público como propio.
    La privatización de YPF S.E. representó una gran pérdida para el país. En su momento la compañía aportaba 8000 millones de dólares anuales al fisco –que hoy serían muchos más-, estaba al servicio de la población para su desarrollo e integración y, además, realizaba enormes aportes a la sociedad más allá del abastecimiento de combustibles. Hoy nada de eso queda, sólo intereses lucrativos que además de vaciar los recursos estatales, no son capaces de reinvertir a futuro.
    Sobre esto no está de más aclarar que el artículo 41 de la Constitución establece:

    “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
    Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. (…)”

    Es decir, se está violando uno de los artículos de la Constitución entregando recursos naturales productivos y agotándolos, sin cumplir con el deber de preservarlos. No se utilizan racionalmente los recursos naturales ni se preserva el patrimonio natural.
    Esto no es sólo el incumplimiento de otro derecho y garantía, sino que a todo este proceso no lo podemos denominar de otra manera que Suicidio de Estado.
    El Estado en primera medida debe garantizar lo previsto por la Constitución. Esto no se logra de otra manera que no sea el estricto control sobre la utilización y explotación de los recursos. En el caso del petróleo, no se puede permitir bajo ningún punto que las empresas privadas realicen sus propias declaraciones juradas o que extraigan crudo indiscriminadamente sin explorar más pozos. Tampoco debe correr el rol de Estado subsidiario para que la oferta sea accesible y la demanda esté satisfecha. No puede caer bajo ningún punto en el “jueguito” del mercado. El Estado está para garantizar los derechos básicos de la población y uno de ellos es la energía, patrimonio público natural. En caso que no pueda tener una empresa petrolera propia, tiene que garantizar a la sociedad el servicio de abastecimiento por parte de las empresas privadas, sin un fin lucrativo de por medio. La asignación no puede ser de ninguna manera librada exclusivamente a los intereses del capital. Menos aún, se debe permitir el vaciamiento y la fuga de capitales por parte de las empresas extranjeras como lo hizo el menemismo.
    De todos estos deberes, lamentablemente ninguno de ellos podemos decir que se esté cumpliendo. Menos, si tenemos en cuenta la prórroga de la explotación de los yacimientos de Cerro Dragón (uno de las zonas hidrocarburíferas más ricas) hasta el año 2047, concebida por los Gobiernos de Chubut, Santa Cruz y el Nacional.
    Cuando entendamos que el Estado no es un ente abstracto y que en realidad está encarnado en nosotros mismos, tal vez tomaríamos conciencia de que aquí no se ha vendido una empresa, sino nuestra propia soberanía. La venta del Estado no es más que la venta de nosotros mismos.
    Vale la pena ser repetitivo para aclarar que la soberanía no se vende. Y como soberanos, es nuestro deber comenzar a ejercerla y recuperar el Estado que nos han evaporado.

Mariano Gaik Aldrovandi

Fuentes consultadas:

BERNAL, Federico: Petróleo, Estado y Soberanía: Hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos, Biblos, Buenos Aires, 2005

HERRERO, Félix: Argentina no dispone de su energía. Los caminos hacia la autonomía energética, http://www.info-moreno.com.ar/notas/247/247-2.php

HIDALGO, Enrique: “Hidrocarburos: algunas referencias históricas sobre las competencias de la Nación y las provincias y las formas de explotación del recurso en la Argentina”, http://enriquehidalgo.wordpress.com/2007/09/17/hidrocarburos-algunas-referencias-historicas-sobre-las-competencias-de-la-nacion-y-las-provincias-y-las-formas-de-explotacion-del-recurso-en-la-argentina/

“Defendiendo la Constitución”, http://www.info-moreno.com.ar/notas/notas_documentos/182-1.php

“Mosconi descuartizado” http://www.info-moreno.com.ar/notas/editorial/162-1.php

SOLANAS, Fernando, Félix HERRERO y CALLEJA, Gustavo: “¿Y la renta petrolera?”, http://www.info-moreno.com.ar/notas/petroleo/124-4.php

LAHOUD, Gustavo: LA PRIVATIZACIÓN DE YPF Sociedad del Estado CRÓNICA DE LA ARGUMENTACION DEL DESPOJO, http://www.reconstruccion2005.com.ar/0707/privatizacion_ypf.htm

Memoria de las privatizaciones, “Normas jurídicas básicas”, “Empresas privatizadas, liquidadas y/o disueltas”, Decretos: 1055/89, 1212/89, 1589/89, 1106/93, 1225/93, decreto 1853/93, Leyes: 17.319, 24.145, 23.696 http://mepriv.mecon.gov.ar/

Constitución Nacional de la República Argentina