El intento del testaferro kirchnerista, Cristóbal López de ingresar a la actividad lúdica en la provincia de Buenos Aires, ha cobrado raudo protagonismo en estos días a partir de la posibilidad de que ingrese un proyecto de ley que modificaría el régimen del juego provincial. A ese respecto, el diputado de Coalición Cívica Walter Martello señaló que “a través de la iniciativa se estaría promoviendo el negocio por el cual ingresan a la Provincia de Buenos Aires más de 5.000 millones de pesos anuales, un bocado apetecible para subsanar el déficit bonaerense, pero que violaría el artículo 37 de la Constitución provincial que establece que esos fondos deben ser destinados a salud, educación y acción social”.

Según Martello, a través del proyecto se autorizaría “la instalación de nuevas salas de bingo en la provincia, con la posibilidad de que sean habilitadas en distritos donde hoy no está permitido, ya que la decisión correría por cuenta del Poder Ejecutivo provincial”.

Por otra parte, “se le otorgarían superpoderes al actual interventor de Lotería de la Provincia, Luis Peluso, para que determine la cantidad de máquinas tragamonedas que tendrían no sólo las nuevas salas sino las que ya se encuentran funcionando”, afirmó Martello y agregó “además la cantidad de máquinas instaladas no iría en relación a los puestos de trabajo generados”.

Es dable recordar que Peluso es un personaje ampliamente denunciado por Periódico Tribuna por sus desaguisados en favor de sus "amigos", uno de los cuales es el mencionado Cristóbal López.

Según Martello, la nueva ley derogaría el artículo 7 de la Ley Nº 13063 que establece que las salas de bingo deberán tener al menos un empleado por máquina, como condición para mantener la autorización para funcionar.

Sobre la distribución de los fondos que ingresan por el juego en la Provincia, el diputado señaló que “la nueva ley insistiría con el perverso sistema de destinar sólo el 35% de las utilidades brutas en salud, educación y acción social, mientras que cerca del 65% termina en las arcas del Instituto Provincial de Lotería y Casinos”.

Cabe recordar que según el decreto 356/2004, “por cada 100 pesos que se juegan, 10 se los queda el operador y 5 son para el fisco. Y solamente $1 va a educación, $ 0.25 centavos para los municipios, $0.55 son para rentas generales, $1,25 son para programas de empleo, $0.95 centavos están destinados a asistir a los hipódromos y solo 1 peso es para la policía”.

Martello afirmó que si el Ejecutivo provincial impulsara la sanción de esta nueva ley “favorecería el bolsillo de los empresarios del juego, en perjuicio de miles de bonaerenses que ven afectadas sus vidas por estas actividades lúdicas”.

Más claro, echarle agua.