Miguel Angel Loizaga tiene 62 años y hace 26 que edita Heraldo del Oeste, un pequeño periódico quincenal con base en Luján, provincia de Buenos Aires. No está afiliado a ningún partido, dice que no votó a Cristina Kirchner y asegura que nunca se le pasó por la cabeza poner plata para la campaña de la Presidenta. Pero su nombre, junto con su número de documento, figura en la nómina de aportantes que el kirchnerismo presentó ante la justicia electoral.
    "No tengo la menor idea de por qué aparezco ahí. Yo no puse un peso", dijo a La Nación Loizaga (DNI 4.734.284), que figura con una donación de 10.000 pesos.
    El suyo no es el único caso de aportantes "fantasma". En un control al azar hecho durante los últimos días, La Nación descubrió otras cuatro situaciones idénticas: tres personas y una empresa que aparecen en los listados de aportantes, con número de documento y de CUIT, pero que aseguran no haber donado nada ni tener relación con el kirchnerismo.
    Los fondos proselitistas de la Casa Rosada ya estaban bajo sospecha luego de que en el juicio que se sigue en Miami por el caso de la valija se denunció que los 800.000 dólares decomisados en Aeroparque eran para la campaña kirchnerista.
    Este año, además, se supo que una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, al que la Justicia vincula con el narcotráfico, figura entre los aportantes a la campaña. Era Damián Forza, dueño de una droguería, rubro del que provino el 36,5% de las donaciones al kirchnerismo. Las dudas se potenciaron cuando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuestionó los vínculos del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, con empresas del área acusadas de graves delitos (una de esas firmas era SeaCamp, de Forza). Capaccioli fue el principal recaudador de la candidata Cristina Kirchner.
    Los responsables legales del financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, negaron a La Nación la existencia de aportantes fantasma y aportaron documentos para comprobar la transparencia las donaciones. Marcela Lombardi, una diseñadora gráfica de la Capital, se sorprendió ante la consulta de La Nación. "Debe de haber un error, yo no aporté nada", dijo. En los registros dice que usted puso 8000 pesos, preguntó La Nación. "No, yo no puse nada", dijo Lombadi. ¿Su documento es 17.867.148?, insistió este diario. "Sí, pero yo no puse plata", expresó.
    Respuestas similares dieron Francisco Navas (DNI 5.088.793), un empresario de Lobos que tiene un taller de reparaciones de motores y que figura con 50.000 pesos, y Claudio Omar Antunovich (DNI 16.236.294), periodista y dueño de Para Todos, un mensuario de la zona norte del Gran Buenos Aires, que aparece con 11.000.
    La Nación se entrevistó también con un empresario de la industria farmacéutica que desmintió el aporte que, a nombre de su compañía, figura en las cuentas del oficialismo. El empresario acreditó su identidad, pero sólo aceptó contar su caso con la condición de que no se revelara su nombre, por temor a una represalia.
    "Creo que usaron a mi empresa para blanquear un ingreso de dinero poco claro", especuló.
    Para probar la existencia de los aportes bajo sospecha, Gramajo envió a La Nación copias de las boletas de los depósitos bancarios. Son documentos que no comprueban la identidad de los aportantes ni su consentimiento. "Son donaciones que recibimos por intermedio de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que nos daban el nombre del aportante, el número de CUIT y el comprobante del depósito. No hablamos con cada aportante, pero fuimos absolutamente serios para chequear que la boleta de depósito correspondiera con el dinero que entraba en nuestra cuenta", explicó Gramajo.
    Para probar el aporte de Navas, Gramajo envió a La Nación una copia del cheque y del depósito por medio del cual se hizo la donación. "Hay un cheque a su nombre, con el número 72.977.098, que demuestra que esa persona hizo el aporte", argumentó. Anoche, La Nación volvió a comunicarse con Navas para aclarar la situación. El empresario se sorprendió, volvió a negar la donación y pidió ver una copia del cheque, que comprometió ver en cuanto tuviera una computadora a su alcance. "Estoy seguro de que yo no hice ese aporte, a no ser que haya perdido la memoria", dijo.
    El caso de Navas y el del empresario farmacéutico que no aceptó que se publicara su nombre pueden resultar decisivos. A comienzos del mes pasado, una auditoría de la Cámara Nacional Electoral encontró irregularidades en la rendición de cuentas del Frente para la Victoria y le recomendó a la jueza María Romilda Servini de Cubría, la encargada de controlar el financiamiento de las campañas, que consultara a 10 de las 179 personas y 10 de las 160 empresas que figuraban entre los aportantes del Frente para la Victoria si habían hecho las donaciones que la agrupación les atribuía. El empresario farmacéutico y Navas están entre los aportantes que la magistrada debería consultar.


Reforzar los controles

    La confirmación del consentimiento de algunos de los aportantes es una medida que el cuerpo de auditores de la Cámara aplica por primera vez, como parte de una decisión del tribunal para reforzar los controles sobre el financiamiento de las campañas. Ese mecanismo de auditoría se podría transformar en el mayor obstáculo para que la Justicia apruebe la rendición de cuentas del kirchnerismo.
    Loizaga, miembro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra), dijo que no tendría problemas en desmentir el aporte ante la Justicia.
    Antunovich, otro de los que desmintieron haber puesto plata, se mostró bastante preocupado. "Con esto me ensuciaron y tengo miedo", contó.
    Lombardi es la única que reconoció haber votado a Cristina Kirchner. "Yo no puse plata, pero la verdad es que no me sorprende. Hay un mercado negro de comercio de datos de documentos", evaluó.

Gabriel Sued y Paz Rodríguez Niell
La Nación

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066089&pid=5312348&toi=6256