Desde lo ideológico, la postura que hoy sustenta el Gobierno de pasar al Estado los aportes jubilatorios de quienes están afiliados a las AFJP merecería un debate mucho más profundo que las tres semanas de que lleva el actual proceso de imposición de un nuevo sistema previsional, plagado, además, de confusiones.

Hay que tomar en cuenta que cuando una confusión se echa a rodar adrede es, primero, subestimación y, en el fondo, lisa y llanamente una mentira. Y que cuando lo hace un gobierno, la confianza tiende a disminuir, porque aunque no reaccione, la gente no es tonta y a la corta o la larga lo factura.

Probablemente, en el renglón de la ideología buena parte de la clase política se subiría al mismo tren: los beneficios de la seguridad social deberán ser otorgados por el Estado de modo integral e irrenunciable, tal como lo dice el artículo 14 bis de la Constitución.

El punto número dos del debate debería pasar por los cada día más magros fondos acumulados de las cuentas individuales de los futuros jubilados. Hasta dónde quitárselos de un plumazo en nombre del 14 bis no quiebra el derecho de propiedad que consagra el artículo 14 de la misma Constitución, lo que privilegian otras corrientes tildadas de "neoliberales".

Entre ambos derechos laudará algún día la Corte, pero hoy y aquí la situación se enreda con la sospecha de que los fondos tienen un definido propósito fiscal. Si no, los nuevos aportes podrían haber ido a parar a la ANSeS y el stock habría quedado a nombre de cada beneficiario, por ejemplo, en una cuenta de capitalización de Nación AFJP, tal como lo había propuesto Felipe Solá.

Esos firmes indicios de vulnerabilidad del Tesoro no se alcanzan a tapar con las promesas de hacer con ese dinero colocaciones seguras y rentables, a partir de la intervención de la ANSeS. Se trata de instalar esta idea y su titular, Amado Boudou, en su interna, ha prometido que "nadie más le va a mater la mano en el bolsillo a los jubilados". Sin embargo, está bien claro que hasta ahora el organismo no ha sido nada eficiente en administrar sus excedentes. Por ejemplo, la ANSeS misma le ha prestado al Gobierno durante todo este año dinero a tasas negativas, lo que implica una licuación de los recursos de los futuros jubilados y para nada una buena administración. Bueno sería tener a mano un listado de colocaciones, para contarle las costillas al organismo, tal como se ha medido la rentabilidad de las AFJP.

Otro latiguillo del Gobierno ha sido que las Administradoras colocan el dinero de sus afiliados de modo especulativo y a la marchanta, cuando en realidad es la Superintendencia la que los controla y la que las llena de normas, circulares, resoluciones y disposiciones numeradas de las que no se pueden apartar. No se lo ha reconocido, pero lo cierto es que nada hace una Administradora sin permiso estatal. Sin embargo, la justificación más risueña ha sido aquella que decía que el Estado venía a salvar a los futuros jubilados, ya que las AFJP estaban perdiendo demasiado plata por culpa de la crisis internacional. En este aspecto, ningún miembro del Gobierno estaría dispuesto a aceptar que los problemas locales han tenido también mucho que ver con esa estruendosa caída.

Sobre los rendimientos, vale hacer algunas comparaciones bien gruesas, que demuestran que en el derrumbe de los fondos hay un componente argentino, derivado de la incertidumbre en la que entró la política y la economía durante este año: en lo que va de 2008, los bonos locales cayeron 55% y el Global 27 de Brasil perdió apenas 17%; el Merval bajó más de 50%, el Dow Jones 28% y el Bovespa 42%. Las enormes diferencias dicen mucho más que los discursos.

Desde el Gobierno se omite comentar, desde ya, que las colocaciones en títulos argentinos han sido inducidas y perfectamente autorizadas por la SAFJP.

En tren de meter ruido, hasta el ministro de Trabajo, Carlos Tomada mezcló peras con manzanas y jugó una frase tan marketinera ("si quebraban dos o tres AFJP, nos iban a venir a pedir que interviniéramos") como errada, ya que las Administradoras pueden quebrar, pero no los fondos de capitalización, a los que preserva la misma Ley.

En medio de tantos linces gubernamentales de discurso fácil, las actuales autoridades de la Unión de AFJP concurrieron al Congreso resignados y sin la fuerza necesaria como para intentar convencer a los senadores más remisos.

Lo cierto es que casi fueron a perder el tiempo, sin estrategia ni argumentos y que esto las pone en la mira de los más escépticos, sobre las ganas que tienen de salvar su negocio o salirse de él. Algunos afiliados ya planean hacerle juicios, porque las consideran excesivamente blandas.

Quizás más argumentos que los que tienen las propias AFJP podrían haber sido tirados sobre la mesa por una media docena de los actuales jubilados estatales, de la masa de aquellos (70%) que cobran la mínima, un haber que está claramente por debajo de la línea de pobreza. Aún sin esperar una reacción como aquellas lágrimas de Domingo Cavallo, bien podrían haberle dicho a los legisladores, con toda la fuerza que les da tanto sufrimiento acumulado: "muchas gracias, pero no me salven más".