La llave para abrir las puertas a la pluralidad sindical fue finalmente proporcionada por un poder del Estado al que suele acudirse cuando los otros dos poderes no dan respuestas adecuadas o suficientes a las demandas y los derechos de la sociedad.
    Así, como ocurrió en varias otras ocasiones en los últimos años, el Poder Judicial, y específicamente la Corte Suprema, dio su sentencia inapelable en una controversia que estaba extendiéndose en demasía, fundamentalmente por razones políticas.
    El fallo de los ministros del máximo tribunal condena la hegemonía del unicato sindical en la representación de los trabajadores, permitiendo también la participación de aquellos que no pertenezcan a la organización con personería gremial en determinada actividad.
    El caso en cuestión sobre el que debieron pronunciarse los jueces es una situación particular en el sector del Estado —un litigio entre el sindicato del personal civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) y ATE, que quiere tener también delegados pese a no contar con personería gremial en ese ámbito—, pero, como todos los fallos que sientan jurisprudencia, es aplicable a situaciones análogas.
    Lógicamente, la resolución de la Corte provocó la reacción de la CGT, que durante largas décadas logró mantener el esquema que le permitió gozar de exclusividad y, en consecuencia, monopolizar el poder.
    En ese inusitadamente extenso período, hubo gobiernos de distinto signo, tanto democráticos como dictatoriales, que amagaron con la intención de imponer la pluralidad, pero, o bien se quedaron en las palabras, o bien asistieron al derrumbe de sus iniciativas, como ocurrió durante la administración del ex presidente Raúl Alfonsín, cuando la maquinaria del peronismo y del gremialismo del mismo signo hizo naufragar la llamada "Ley Mucci".
    Además de los lógicos rechazos de los dirigentes cegetistas, se escucharon argumentaciones y respuestas donde incluso se percibió un cuestionamiento hasta atrevido a los jueces de la Corte, una institución que, como no ocurría en muchos años, demuestra un equilibrio notorio en cuanto a su independencia y una excelencia realmente trascendente.
    También suena ofensivo para la inteligencia no ya de los magistrados sino de los ciudadanos todos, el argumento de que el fallo es sólo para un caso particular y en el ámbito del Estado. Es obvio, pero una sola acción, básica en el Derecho, transforma en pueril y derrumba enseguida la pretensión de que ello se sostenga mucho tiempo: cualquiera que demuestre que afronta una situación similar a la que analizó y resolvió la Corte puede hacer su reclamo en los tribunales y eventualmente conseguir una respuesta judicial idéntica.
    Por cierto que habrá discusiones e interpretaciones a raudales, más en casos complejos y sensibles como estos, donde lo jurídico debe ser equilibrado con lo político. Pero de ninguna manera puede haber simplificaciones, ni para un lado ni para el otro.
    Sucede que durante todos estos años los intereses políticos pudieron más que hasta las obligaciones emanadas de resoluciones de organismos internacionales como la OIT y las tendencias mundiales.
    El convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical debía ser de aplicación efectiva, e incluso el organismo reiteró no hace mucho la intimación para que se diera cumplimiento a ese objetivo. Pero ello siguió sin concretarse, y cayeron permanentemente en saco roto las reclamaciones de la central sindical CTA para ser reconocida por el Gobierno. Si se hubieran abierto las compuertas de manera real, aunque sea gradualmente, quizás la cuestión no hubiera llegado a esta instancia donde la Justicia tuvo que dar su palabra.
    Ahora aparece una posibilidad tangible para que esa organización y las que están agrupadas en ella —reivindicadas inicialmente por la administración Kirchner pero luego desechadas por su rápido pacto con la CGT y Hugo Moyano— puedan ver concretada su aspiración.
    La CGT pide al Gobierno una salida política. Obviamente, el reclamo apunta a que el Congreso ponga freno al fallo de la Corte vía el nuevo artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales que deberá ser aprobado en reemplazo del declarado inconstitucional por el alto tribunal: el 41, que institucionalizaba el monopolio gremial.
    De todas maneras, también es una realidad que, más allá de las aperturas inéditas que puedan aparecer en el campo del trabajo, el sindicalismo tradicional tiene suficiente poderío como para neutralizar, en muchas actividades, las intenciones de "desbancarlo" o de introducirse en su terreno por parte de sectores no afines con su tradicional ideología peronista.
    Un poderío que, así como por un lado, ya no contaría con la garantía absoluta que significa el monopolio o unicato, por otro parece acrecentarse a la luz de decisiones recientes, como el cambio de timón en la Superintendencia de Servicios de Salud.
    Como consecuencia de una fuerte disputa política con Graciela Ocaña, la ministra de Salud de la Nación, el dirigente Héctor Capaccioli debió resignar la titularidad de la Superintendencia. En su lugar fue designado Juan Rinaldi, un hombre del riñón de Moyano.
    Ergo, resultado a favor de Moyano y sus aliados, con el handicap que da manejar un ente poderosísimo en materia política y económica, y en estrecha vinculación con las obras sociales, la eterna base de poder de los gremios.
    La movida fue otra muestra de la alianza entre Moyano y el Gobierno, quienes cada vez se necesitan más. Por eso el camionero bajó los decibeles a la reaparecida crisis en algunas actividades, con despidos, suspensiones y recortes de jornadas laborales y de horas extras, poniéndose a tono con el mensaje de la administración. Aunque finalmente, con diferencia de horas, Néstor Kirchner y Moyano reconocieron que hay problemas.
    El titular de la CGT, se sabe, no da puntada sin hilo: sobre el pucho dijo que los empresarios que despidan deben ser sancionados con el pago de doble y hasta triple indemnización a los trabajadores cesanteados. Una advertencia-reclamo previsible de su parte, tan previsible como la respuesta negativa que seguramente recibirá del sector patronal.
    Pero mientras el oficialismo político y sindical acomoda los tantos después del mandoble de la Corte, otro sector con influencia y reconocimiento en la sociedad salió a hacer escuchar su voz. En sólo una semana, la Iglesia Católica emitió dos pronunciamientos con mensajes claros.
    Uno de ellos tuvo destinatarios dentro y fuera de la institución. Con tono conciliador, el presidente del Episcopado, cardenal Jorge Bergoglio, exaltó y exhortó a practicar la "mansedumbre sacerdotal", pero aclaró que ello no debe confundirse con una "permisividad indolente". También enfatizó que "la mansedumbre sacerdotal es fuerte y no negocia la verdad".
    El otro pronunciamiento incluyó los ya permanentes llamados a la erradicación de la pobreza y la corrupción, las críticas a la concentración del poder, las advertencias sobre los problemas de la educación y, como refuerzo del indudable tono político del documento, una referencia directa al endeudamiento externo del país y el reclamo de un programa agropecuario y agroindustrial.
    Prácticamente, consignas que bien podrían integrar la plataforma de un acuerdo con las que muy pocos discreparían y en consecuencia, tales como las señales, los mensajes y las resoluciones de otros sectores, ideales para reflexionar en los anocheceres de estos días agitados.

Luis Tarullo