El Gobierno estaba prisionero de un doble
jaque. Con el telón de fondo de un dólar a 4 pesos, pedido a voz en cuello por
la dirigencia industrial y resistido a pie firme por las huestes de Hugo Moyano,
desde la UIA y desde la CGT lo presionaban para que, a la vez, mejore la
competitividad y proteja el empleo.
Más allá de las medidas que involucran a la obra pública y a
los fondos de las AFJP, que van por otro carril, aunque en la misma dirección,
Cristina Fernández de Kirchner usó otra vez ante los industriales el factor
sorpresa, hizo un gambito, compró tiempo y momentáneamente salió del
encierro con tres medidas anticrisis que resultan toda una señal destinada a
sostener el nivel de actividad.
Aunque una de ellas, la exteriorización y repatriación de
capitales, pueda despertar cierta suspicacia, ya que se trata de un
controvertido esquema de ingreso de fondos no declarados al circuito, que
definirá una ley que no debería salir del Congreso a mata caballo.
Por lo demás, la Presidenta ha buscado alentar la creación de
empleo, con medidas que seguramente ayudarán mucho más que prohibiciones o
rumores de doble indemnización. Por ejemplo, a las Pymes más chicas, el Gobierno
les prometió un total perdón impositivo, a cambio de pasar de negro a blanco a
10 trabajadores y para el resto de las empresas adelantó una suerte de
regularización tributaria y previsional, aún si están en juicio con la AFIP, lo
que, por otra parte, no deja de ser irritativo para aquellos que habitualmente
pagan en tiempo y forma sus deudas con el Fisco.
La cuarta medida, la puesta en marcha de un ministerio de la
Producción, suena más a producto del marketing o al deseo de privilegiar a
los industriales, que a una necesidad efectiva de "vender" y de abrir mercados
externos, como dijo la Presidenta, ya que algunos de ellos fueron
brutalmente cerrados en estos meses por decisiones de política económica,
destinadas a la protección del mercado interno.
De corazón industrialista, Débora Giorgi, una ministra que lo
será de toda la Producción, deberá a su vez intentar despejar algunos prejuicios
que le llegarán desde la cúpula del poder, desde donde abominan del rubro
servicios, porque lo asimilan a los años '90. La nueva funcionaria no podrá
prescindir tampoco de la potencialidad del campo, por más que el matrimonio
Kirchner le haya hecho políticamente la cruz.
Justamente, el discurso del titular de la UIA incluyó a estos
dos sectores clave a la hora de pedir "diálogo y consenso", guante que luego
recogió la Presidenta. En los anuncios no quedó afuera ninguna actividad, pero
ya se verá si la amplitud de ese diálogo abarca a todos los sectores o si vuelve
a imponerse la impronta kirchnerista de atender sólo a los que piensan igual.
Pero el tema más crítico, sin dudas, son las facilidades que
se darán para generar una corriente de fondos que lleguen desde el exterior. Las
dudas en este aspecto pasan, no tanto por saber si los que tienen dinero afuera
tendrán la valentía de traerlo a un país que no es de los más equilibrados en
materia de seguridad jurídica y estabilidad tributaria, sino porque una medida
de este tipo puede alentar, sin dudas, el ingreso de una montaña de plata non
sancta, dispuesta a usar la facilidad como un lavado legal.
Como ocurre con todo el paquete que anunció la Presidenta,
habrá que ver en este caso la letra chica del proyecto de ley y sobre todo el
papel que se le asignará a la Unidad de Información Financiera, que
depende del ministerio de Justicia, dedicada a la lucha y prevención del Lavado
de Dinero. Los expertos en estos temas tan delicados sostienen que no sea cosa
que, por conseguir los dólares que reemplacen a los que probablemente dejarán de
ingresar desde el costado comercial, se permita libremente una operatoria que
termine luego perjudicando a otros países, a la hora de la nueva salida de esos
capitales, convenientemente blanqueados con un pago de 6% u 8%.
Hugo Grimaldi