Los anuncios para la industria pesquera auguran 80 millones de dólares para las empresas destinados a prefinanciación de exportaciones. La noticia la dio la Presidenta Kichner hace pocos días desde Mar del Plata. Esta ayuda estatal será complementada “con la dotación de capital operativo” implementada a través de créditos del Banco Nación. La idea de la Presidenta es “seguir sosteniendo la actividad” para las empresas “que adquieran el compromiso de conservar la planta de personal” para “ayudar fuertemente al sector a superar la crisis”.
    Las empresas que actualmente exportan, en su mayoría, producen en buques factoría, no utilizan mano de obra nacional en tierra, exportan materia prima directamente a sus centrales en el extranjero, y como bonus track podrán subvencionar la falta de competitividad de nuestro sector productivo frente a los precios internacionales, y sostener la rentabilidad que durante todos estos años ha sido impresionante ya que los costos de captura en nuestro territorio carece de controles, y la decisión de la base tributaria queda en manos de los empresarios que hoy recibirán ayuda estatal. Por años han sido favorecidos por una política que descuida la tributación en perjuicio del eslabón mas pobre del sector que son los fileteros y peones del filete.
    El compromiso de conservar el personal en planta no exige un gran sacrificio empresarial, ya que la mano de obra se encuentre hace años “cooperativizada”, hoy sinónimo de pauperización, miseria y desprotección. Un éxito de la gestión de Felipe Sola que nadie se digno revertir a pesar de los fuertes embates que protagonizaron los trabajadores del sector, cuyos reclamos no fueron atendidos ni recibieron ninguna ayuda estatal “articulada” desde la presidencia de la Nación. “Les pedimos un esfuerzo para seguir sosteniendo el trabajo de los argentinos”, increpaba Cristina a quienes nada sostienen con la anuencia de nuestros gobernantes.


El control en la actividad pesquera

    Junto los anuncios “cristinistas”, tan abundantes en estos días, el subsecretario de Pesca de Nación, Norberto Yauhar, lanzó un “plan estratégico para el mar argentino… de contingencia, de coyuntura”, es decir circunstancial. La estrategia es fortalecer los controles sobre la captura de especies con “un sistema de parte de pesca electrónico, que va a estar en funcionamiento a partir del 30 de marzo; un sistema de abordaje a través de Prefectura y de la Armada”; como así también, un “sistema de monitoreo de cámaras que tienen los barcos”.
    Que se esboce un plan es más que alentador siempre que el mismo cumpla con el mandato legal de sustentar los recursos marítimos, y contemple que nos encontramos en emergencia pesquera. Se proyecta también dotar “de la mayor eficiencia tecnológica posible” a los organismos de investigación. Estos organismos de investigación han dado una y otra vez sus informes que alertan sobre las situación de nuestro mar ante la apatía de los responsables del sector.
    Que se pretenda profundizar en la fiscalización de la actividad reconoce que los controles actuales han fallado, no por falta de estrategia o planificación sino porque la actividad pesquera se basa en la depredación y en la ilegalidad. Según lo ordenan nuestras leyes, cada buque hoy debería ser observado por un inspector abordo, controles en alta mar, y fiscalizaciones “transparentes” en el control de descargas al arribo a puerto, tema que ninguna tecnología aplicada podrá revertir, la honestidad de nuestros funcionarios.
    Tanto un parte de pesca electrónico como un sistema de cámaras a bordo, cumplirían su cometido si primero se sanea la ilegalidad de los permisos de pesca. Esta rectificación puede ser implementada inmediatamente, sin necesidad de esperar un período de puesta en marcha de ningún control tecnológico, ya que la información para llevarla a cabo se encuentra en el propio gobierno, que es quien otorgó y otorga hoy estos permisos, y permitiría en primer lugar, declararlos nulos, y aplicar las multas y sanciones correspondientes.
    Otra de las medidas esbozadas desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación, es la aplicación del artículo 27 de la Ley Federal de Pesca que ordena cuotificar las especies de captura por buque. Este artículo a la fecha no se ha aplicado puesto que hay cantidad de buques con permisos de pesca con dictámenes de nulidad. Por ello, la inaplicación de este artículo, el cual se debe aplicar sin dilaciones, exige primero el saneamiento ut supra mencionado. El otorgar cuotas de captura a buques ilegales significa ratificar un derecho adquirido ilícito hasta el momento incoado desde el propio gobierno, que hoy insiste con avalar su conducta depredatoria.
    La base para un Plan Estratégico para el mar argentino es la aplicación de la ley vigente, sin prebendas, orden jurídico que impone condiciones de sustentabilidad e impulsa el trabajo en tierra y la mano de obra nacional, y se enlaza con un bloque de legislación nacional, como la Ley General de Medio Ambiente, e internacional, que el mismo gobierno ha firmado, ratificado y se ha comprometido en respetar.


Juez ordena a la SAGPyA a aplicar Plan Sustentable

    Si un Juez Federal ordena que el Estado Nacional elabore un plan de protección y recuperación de una especie (merluza hubssi) es porque se ha incumplido por parte de las autoridades del ejecutivo nacional la Ley Federal de Pesca e impulsado la administración fraudulenta de recursos naturales de la Nación, hasta el colapso biológico. Año a año los informes científicos muestran el agravamiento depredatorio que sufre nuestro caladero, y ese agravamiento es sinónimo de corrupción, ya que queda científicamente demostrado que en todos estos años se ha pescado ilegalmente en nuestro mar, desoyendo también las auditorías efectuadas por la AGN, SIGEN y PTN.
    Estos informes científicos y auditorias elevados al Consejo Federal Pesquero, subsecretarios de Pesca de turno y Comisión Bicameral Permanente Revisora de Cuentas, nunca impulsaron la acción penal que por ellos se habilita. Nunca una investigación, un responsable, ni siquiera el apartamiento de los buques triangulados del caladero. La total anomia y responsabilidad compartida, que demuestra la asociación entre administración y administrado, nos ha llevado a la situación actual, mostrándonos empresarios ostentosamente millonarios con el pescado de todos los argentinos y funcionarios enriquecidos e impunes, el caladero vacío y miles de desocupados.
    La resolución judicial fue dictada hace días y dispone de un “plazo perentorio e improrrogable” de 60 días, que de no cumplirse daría lugar a una multa diaria. Se espera que la decisión contribuya a evitar el colapso de la merluza común y la consecuente crisis social, económica y ambiental que este hecho ocasionaría.


El hambre es un crimen

    “Vamos a sacar una normativa donde todo lo que es el pescado que sube a bordo, tiene que ser traído a puerto para su procesamiento en las distintas etapas”, dijo oportunamente el Gobernador de Chubut, Mario Das Neves. La normativa existe dentro de la Ley Federal de Pesca que prohíbe arrojar pescado al mar, en consonancia con la CONVEMAR, la Ley General de Medio Ambiente, el Código de Pesca Responsable de la FAO… Seguramente el Subsecretario de Pesca de la Nación, desconoce la ley o cree que nosotros no la conocemos. Conocemos las leyes y los medios institucionales para aplicarla o para juzgar su inaplicación.
    El Plan Estratégico para el mar argentino es bienvenido, pero no suficiente para evitar la muerte por hambre de mas de 8 niños argentinos por día en un país que arroja 2 millones de dólares al mar al año en proteínas que ningún hambreado ingerirá jamás. Los anuncios de la Presidenta nombran cifras de varios dígitos, pero hoy la cifra que debería guiar su gestión es la de los 8 niños. Además de salvar empresas debe detener este genocidio.
    Sobre el hambre: “La piel cambia de color y de textura. Las defensas del organismo bajan abruptamente. Los deseos de comer desaparecen y por último, el sueño se adueña del cuerpo para siempre”. (Basado en informes del Cesni y de profesionales del Hospital Luisa de Gandulfo de Lomas de Zamora)
    Lo que vemos... “El cerebro es el órgano que más rápidamente crece, en los primeros meses lo hace a un ritmo de 2 mg. por minuto. Pesa 350 gr. cuando nace el ser humano y llega a los 900 gr. en 14 meses. Este peso equivale al 80% del peso del cerebro del adulto. Cuando hay desnutrición infantil no sólo se detiene el crecimiento cerebral, sino que además hay una atrofia del cerebro y el espacio es ocupado por líquido cefalorraquídeo”. (Dr. Abel Albino, CONIN)

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador