La sanción de la ley de condonación de
multas, suspensión de acciones penales tributarias, exteriorización de moneda y
bienes del exterior y promoción de empleo en pymes, conocida como el
"blanqueo de capitales" es Ley formal, pues fue aprobada por ambas Cámaras del
Congreso y será prontamente promulgada por el Ejecutivo.
En consecuencia, hay en curso una Ley que cumple con las
formalidades de un estado de derecho, pero que mueve a una pregunta central:
¿se cumple con el derecho de los ciudadanos de aspirar a tener un Estado?
No resulta suficiente que los legisladores de la oposición
compartan parte de la norma y parte no, o que voten en general a favor y en
especial se abstengan de votar o voten en contra, porque son triquiñuelas para
justificarse luego.
Un solo aspecto debería ser reflexionado y es la suspensión
de las acciones penales tributarias ante el acogimiento al plan de facilidades
de pago que la misma ley de blanqueo ofrece.
Hay que tener presente que no se trata de morosos o, como se
mencionó, aquellos que sufrían la mochila fiscal, consecuencia del tsunami
económico de fines de 2001 y el año 2002. Los que quedaron tienen poco de la
mochila y el resto desapareció o son piqueteros o tienen planes de subsistencia
que el propio Gobierno les entrega. La medida, para esos fines, era útil en
el año 2003, pero no ahora.
No se está ante morosos, sino en muchos casos ante la
presencia de hechos delictivos. No son casos en los que se atrasaron en pagar
impuestos o aportes y contribuciones sino que, mediante estafas al Fisco —como
facturas truchas o apócrifas— no pagaron lo que debían pagar.
Para ello, funcionarios de la AFIP y de los Tribunales
especializados han trabajado enorme cantidad de horas, para obtener pruebas
documentales que acrediten los delitos.
Es de imaginarse cómo pueden sentirse esos ciudadanos si
luego de meses de trabajo y cuando han logrado acumular suficiente cantidad de
elementos como para hacer una denuncia o probar un delito, les dicen que no debe
hacer nada más porque el presunto delincuente pagará lo que estafó y, además, en
120 meses con una tasa de interés ridícula. Toda una frustración y una enorme
impotencia. La consecuencia directa es el descreimiento.
Pero, por lo visto, la recaudación está antes que el derecho.
Quienes pagan todos sus impuestos en tiempo y forma pueden reclamar a sus
legisladores que lo que han votado no se corresponde con el derecho básico que
tienen los ciudadanos de tener un Estado que cumpla no formalmente como lo hecho
con la Ley del blanqueo, sino en lo real y sustancial o sea tener un Estado con
igualdad de derechos y obligaciones para todos, con premios y castigos y no con
impunidad por dinero.
Se ha provocado una herida de muerte a parte de los
ciudadanos del país que estaba en formación, a partir del cumplimiento de
obligaciones fiscales. ¿Qué explicará la AFIP ahora en las escuelas? ¿Qué
responderá cuando los alumnos de primaria le pregunten si es cierto que con
dinero todo se soluciona? Ese es el Estado que nuestros legisladores han
dejado después de haber aprobado la Ley del blanqueo. Aquellos que han pagado
sus impuestos con mucho esfuerzo y lo siguen haciendo por convicción cívica
tienen el derecho de tener otro Estado. Mientras tanto fueron estafados.
Sería dable esperar que se derogue la Ley Penal Tributaria y
se dicte otra presupuestaria, para que la AFIP controle el gasto público, de
igual forma que controla el gasto y los ingresos de privados.
Jorge Haddad