Los reclamos que durante años llevó adelante la CGT de Hugo Moyano para que se dejara sin efecto la denominada "Tablita de Machinea" tuvieron al fin su resultado, con la aprobación unánime de las dos cámaras del Congreso Nacional de la ley que elimina un instrumento que a lo largo de sus nueve años de vigencia fue objeto de críticas de todos los sectores.
    No hubo otro aspecto de la realidad laboral que haya sido abordado con tanta insistencia por la central sindical en los últimos años, lo que da la pauta de la importancia que se le asignó para resguardar el poder adquisitivo de la población. Al menos, esa debería ser la preocupación primaria de quienes asumieron el rol de representar los intereses de la clase trabajadora.
    Sin embargo, en torno de las discusiones sobre los perjuicios de la "tablita" en los ingresos de los empleados que se generó en los primeros días de diciembre, se percibía un curioso fenómeno: todos estaban a favor de la eliminación de ese instrumento, pero al mismo tiempo eran muy pocos los que estaban alcanzados por él.
    Los propios datos aportados por diferentes funcionarios del Gobierno dan cuenta de ello: los trabajadores afectados por las deducciones de la tablita son aproximadamente unos 330 mil, esto es el 5 por ciento de los empleados registrados. Ese porcentaje sería aún más bajo —quizás la mitad— si se considerara en ese universo también a quienes se desempeñan en la informalidad. Y desde luego que fue inferior a ese 2,5 por ciento cuando se puso en vigencia en diciembre de 1999, si se tiene en cuenta los efectos que desde entonces causó la inflación.
    Esa paradoja lleva inevitablemente a preguntarse por qué la CGT reclamó durante tanto tiempo y con tanto empeño por una medida que solo le interesaba a uno de cada veinte trabajadores en el país. Y por qué no dedicó las mismas energías a pedir por instrumentos que abarcasen a franjas más amplias de la población y a sectores más postergados. Cada una de las periódicas crisis que golpearon a la Argentina dejo un nuevo escenario como punto de partida. De ese barajar y dar de nuevo, algunos sectores terminan más favorecidos que otros. Es el particular caso del gremio de camioneros, al que una sucesión de circunstancias lo llevó a una situación de privilegio dentro del conjunto de trabajadores. El desmantelamiento del transporte ferroviario de cargas y, en menor medida, del aéreo y el fluvial, dejó a los camioneros con el control casi absoluto de la circulación de todo tipo de mercaderías. El ex presidente Néstor Kirchner conocía muy bien esa situación y sabía que tener a Moyano en contra podría implicar la parálisis total del país. Quizás eso explique el tratamiento preferencial que un reciente fallo de la Corte Suprema amenaza hacer tambalear, pero que aún continúa vigente. Quizás también explique la vista gorda de las autoridades laborales ante los avances de los camioneros por sobre otros sindicatos menos favorecidos por las manos del poder.
    Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que fueron los camioneros junto a otros pocos sindicatos los favorecidos por la eliminación de la "tablita". Y que la mayoría de los trabajadores, sindicalizados o no, perciben ingresos que los ubican por debajo del umbral de afectados por esas deducciones.
    La historia es rica en ejemplos de lo que en su momento Kautsky y Lenin denominaron "aristocracia obrera", un concepto cuyo significado fue variando con el transcurso de los años. Si en un principio se refería a las ventajas que los trabajadores de los países centrales recibían de la explotación que las empresas ejercían sobre el proletariado de la periferia, posteriormente se la aplicó a las diferencias dentro de un mismo país entre los sectores asalariados de altos ingresos y los más postergados.
    Tal vez en la segunda caracterización sea que la CGT encuentre su espejo.

Marcelo Bátiz