La situación en Transportadora de Gas del Norte (TGN), ahora denunciada penalmente por "graves irregularidades", permite reforzar la conclusión de que la gestión de contralor del Estado en la Argentina hace agua por los cuatro costados.
    Como esos bomberos que llegan tarde y mal a todos los incendios y que no tienen otra que inundar o romper lo poco que queda en pie, los entes de control están literalmente dibujados y le dan pasto a quienes han comenzado a defender los procesos privatizadores de los años '90, desde la óptica del "no es que hayan sido inapropiadas, sino que no se controló como se debía".
    Pero ahora, sin neoliberalismo a la vista, las cosas siguen igual o peor. O bien son casos recurrentes de impericia colectiva, mezcla de desidia y viveza de funcionarios ávidos en tener un puestito que asegure un buen pasar o bien se trata de algún Plan Maestro de malévolas intenciones y pautas recurrentes para demostrar que lo privado no funciona bajo ninguna circunstancia o para que las compañías pasen a manos de socios más confiables para el Gobierno.
    Pruebas al canto, hay cuatro casos de los últimos tiempos que se inscriben en una misma matriz: controles tardíos y de mala calidad. Por ejemplo, cuando saltó el caso Skanska se hicieron remociones en el Enargas, el mismo ente oficial que parece que ahora no tiene nada que decir sobre sus tareas de auditoría en el caso TGN.
    También hay que contabilizar la situación de Edelap, que saltó a la primera plana de los diarios sin que el ENRE tuviera nada que aportar como contralor natural de la distribuidora platense privatizada. O no pasaba nada o el ministro Julio De Vido sobrepasó con sus comentarios el parecer del ente eléctrico, aunque hay que consignar que finalmente la empresa no fue intervenida sólo por la extrema presión que hizo el gobierno de los Estados Unidos.
    El caso Aerolíneas Argentinas ha sido la sinrazón total, tras un período de administración compartida y de seudo-intervención judicial que nunca se supo a qué conclusiones llegó. Y todas estas acciones con el telón de fondo de la secretaría de Transporte jugando su partido en contra de Marsans, con los gremios como aliados, dejando de lado el Acta que se firmó con los españoles y que los ex dueños habrán de hacer valer en el CIADI y sin considerar las pérdidas millonarias que día a día tienen (y tendrán) que soportar los contribuyentes, como contrapartida para volver a tener una línea de bandera estatal.
    Por último, está el caso de la Superintendencia de las AFJP, la que se encogió de hombros como si no hubiera tenido nada que ver con las inversiones que se hicieron en el exterior o como si no hubiese sido quien le daba a las Administradoras precisas instrucciones para que éstas priorizaran el financiamiento del Estado, antes que a proyectos productivos, obras de infraestructura o préstamos a las Pymes.
    Más allá de los derechos que dicen tener quienes tenían sus ahorros en la jubilación privada, estos días demostraron que la ANSeS ha comenzado a invertir los fondos sin control alguno, aunque la Ley manifiesta la promesa de que se constituirá una Comisión que verificará el destino de los fondos. Con diputados y senadores de vacaciones, en el verano parece impensable que se arme este nuevo ente de contralor, que amenaza con tener los mismos vicios que todos los demás.
    Mientras tanto, una parte del dinero ha sido colocado a tasa negativa, en el comienzo de una película que ya se ha proyectado en alguna ocasión. Cuando lleguen los bomberos, una vez más, podría volver a ser tarde.

Hugo Grimaldi