Durante la segunda semana de enero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene previsto viajar a Cuba con una agenda de temas bilaterales relacionados con energía, salud y educación, a los cuales hay que sumarle un programa comercial que incluirá una delegación de empresarios argentinos a la isla.
    Oficialmente es lo que se sostiene desde la órbita oficial, pero sin embargo, se especula con que el tema central de la visita presidencial a La Habana es traer a la Argentina a la disidente Hilda Molina, para que pueda reunirse aquí con su familia.
    El reclamo argentino por la médica impedida de salir de su país, que encabezó Néstor Kirchner en 2006 con una carta-pedido entregada a Fidel Castro en Córdoba, ha perdido fuerza desde la designación de Juliana Marino, una ex diputada nacional y legisladora de la ciudad públicamente adicta a la dictadura cubana, como embajadora política en La Habana. Ni siquiera Marino ha visitado a Molina alguna vez y hasta el diplomático argentino que fuera asignado al seguimiento del caso por el anterior embajador, pasa en estos días por su casa con habitualidad.
    Es notorio también que durante la gestión de Jorge Taiana la Cancillería argentina siempre ha evitado referirse al delicado tema de los derechos humanos en la isla y a la represión que allí se produce sobre la oposición cívica no violenta.
    Por eso mismo, o porque no hay seguridad de cumplir con el objetivo, trasciende sólo hasta ahora que la visita de Cristina a Cuba estaría limitada a los temas mencionados, vinculados a lo comercial. Si esto es así, el viaje sería cuestionable desde dos aspectos, ya que hacer negocios en Cuba es muy riesgoso y por otro lado, para un gobierno que levanta como lo hace el argentino la bandera de los derechos humanos, no sería posible abstenerse de mencionar la situación de los mismos en Cuba.
    En primer término, si el viaje tiene como epicentro el aspecto comercial, se observa entonces un típico ejercicio de voluntarismo o de considerable ingenuidad al pretender darle contenido económico a la visita, aún con muchos empresarios argentinos anotados para acompañar a la Presidenta, pero en un escenario financiero decidídamente falto de divisas.
    Al respecto, ni siquiera el Banco de la Nación financia exportaciones argentinas a la isla caribeña porque los cubanos no pagan la abultadísima deuda a la Argentina, que es el segundo gran acreedor de Cuba, después de Japón.
    Por eso, cabe preguntarse: ¿cómo van a financiar las exportaciones los argentinos a una Cuba que no paga, que no tiene recursos y que padece de una iliquidez crónica? Hasta en los últimos días del año pasado, los cubanos no autorizaban o demoraban bastante los giros y transferencias de utilidades al exterior, una suerte de virtual corralito. ¿Saben esto los empresarios que acompañarán a Cristina a la isla? Descartadas las posibilidades de que las crónicas periodísticas reflejen cierto éxito comercial en un país donde la situación económica, la inseguridad jurídica y el clima de negocios no son muy favorables a las inversiones, el viaje de la Presidenta a la isla de los hermanos Castro tiene que tener un sentido claramente político.
    Entonces, si se reafirma la hipótesis del viaje para conseguir el traslado de Hilda Molina a Buenos Aires éste debería complementarse con un reclamo por la apertura democrática y por la liberación de los más de doscientos presos políticos.
    Un gobierno argentino dispuesto a tratar dignamente la relación con Cuba debería priorizar la situación política en la isla, denunciar la falta de libertades y cuestionar la ilegitimidad de sus autoridades, ya que no han surgido de elecciones libres y multipartidarias y, al mismo tiempo, reclamar el pago de la deuda de más de dos mil millones de dólares, pues esa suma es hoy muy importante para atender muchas necesidades sociales en la Argentina.
    Y por supuesto, queda otra deuda que reclamarle a la revolución cubana: su complicidad en apoyar a la dictadura militar argentina, incluyendo el bloqueo a la condena en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra entre 1976 y 1983.
    Si al igual que la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que fue sistemáticamente condenada en Ginebra y debido a esas denuncias se pudieron salvar vidas, los militares argentinos hubiesen recibido la misma repulsa internacional, entonces es muy probable que las víctimas de la represión en la Argentina hubieran sido menores si Cuba, la Unión Soviética y el resto de los países del Movimiento de los No Alineados apoyaban la propuesta de condena promovida entonces por los Estados Unidos.
    Como puede verse, el viaje de Cristina Kirchner a Cuba deberá tener necesariamente un contenido político, pues lo económico resulta muy secundario y más con las condiciones desfavorables que ofrece el régimen gobernado ahora por Raúl Castro.

Gabriel Salvia
Titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina