Daniel Osvaldo Scioli nació el 13 de enero de 1957, en el barrio de Villa Crespo, en el seno de una familia acomodada, en una vivienda cercana a la Av. Corrientes y Humboldt. Hijo de Esther y José Scioli, su abuelo poseía una casa de materiales eléctricos que luego se convertiría en casa de electrodomésticos, negocio que representaría por años la empresa familiar con varias sucursales y que terminó en un escandaloso cierre.

Cursó sus primeros estudios en el colegio Ward de Ramos Mejía, donde se había mudado hasta los 17 años, luego estudió en el Colegio Carlos Pellegrini, egresando como perito mercantil con uno de los mejores tres promedios y se licenció en comercialización en la UADE.

Siempre se sintió atraído por los deportes de agua: ya a los 11 años fue campeón de natación escolar. Su madre también practicaba deportes, aunque lo suyo era la equitación. Y su padre jugaba al básquet.

Se casó con la modelo y empresaria Karina Rabolini, una bella joven que estudió en el Colegio Jesús María de Recoleta.

Hasta su accidente motonáutico, ocurrido el 4 de diciembre de 1989 en el Río Paraná, su vida no tuvo grandes sobresaltos; pero logró reponerse de este grave accidente y continuó navegando gracias a una prótesis, llegando a competir con las mejores embarcaciones del mundo y logrando importantes premios. Como deportista, su carrera fue un ejemplo de superación.

Fuera de el plano deportivo, la historia nos devuelve a un hombre que rara vez se ha hecho cargo de alguna responsabilidad, la quiebra de la firma familiar y las denuncias de contrabando parecieron ser sólo una responsabilidad paterna, cuando la realidad era que la firma la integraban varios del grupo familiar incluido Daniel Scioli. Luego vivió el incendio de su piso en avenida Callao al 2.000, casi Posadas, el cual le costara la vida al encargado del edificio al intentar salvar a una joven y destruyera la vivienda superior del señor Maradán. En esa oportunidad, los daños rondaban los 200.000 dólares y dicen que Scioli se declaró insolvente. Las denuncias que el ahora gobernador nunca salió a responder, indicaban que había construido un quincho en un área ilegal y que un descuido originó el fuego. Nueve años después, el domingo 15 de diciembre de 1996, un nuevo incidente de fuego se registra en el domicilio de Scioli cuando unos amigos de Daniel y Karina se encontraban realizando un asado en el quincho y una brasa ardiente despertó la alerta, que no pasó a mayores, salvo por lo anecdótico y por un nuevo descuido. Sí es interesante destacar que, en esa oportunidad, quien se dirigió a los medios para explicar el hecho fue Marcel Bacque, asistente de Scioli en el negocio de los electrodomésticos, lo que confirma que su participación en el rubro siempre fue activa. Además de asados y electrodomésticos, también los liga la afición por los deportes náuticos y el campo.

Por el lado de su pareja, se le ha criticado el haber designado a la misma como presidente de la Fundación del Banco Provincia cuando Karina supo tener una enorme deuda con el mismo, que superaba los 2 millones de dólares. Si bien hoy dicen que las cuentas fueron saldadas y se remataron incluso algunas propiedades de la firma, no quedan muy claros los datos que aportara el hoy gobernador en su declaración jurada patrimonial siendo vicepresidente. Lo interesante es que por este tema —como a tantos otros funcionarios—, nunca nadie de la Oficina Anticorrupción le pidió explicaciones.

Si de manchas hablamos, muchos recuerdan la actitud del actual gobernador de no reconocer a su hija María Lorena sino hasta que el caso tomó estado público por una nota de la revista Gente.

Se lo ha criticado por haber pasado de una línea del PJ a otra, de haber estado con Carlos Menem, con Adolfo Rodríguez Saá, con Eduardo Duhalde, formó parte de la Comisión de Investigación para el Lavado de dinero que encabezó Elisa Carrió y luego acompañó a Néstor Kirchner.

Si bien existe una idea de que es alguien acostumbrado a “acompañar” a los padrinos políticos, quienes lo conocen saben que tiene proyectos propios y que sus intenciones políticas suelen enmascarar ambiciones personales.

Hasta aquí, una breve reseña del hombre, el político, el deportista y el empresario.


Scioli Gobernador

El 10 de diciembre del 2007, Daniel Scioli asume el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, un baluarte codiciado por diversa clase de políticos dada la injerencia en las elecciones que aporta la provincia. Elegido por el ex presidente Néstor Kirchner para representar los intereses del Frente para la Victoria, fue objeto de varias objeciones, entre ellas la de no tener residencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, algo que fue solucionado con la construcción de una vivienda que, si bien no estaba habitada —por no estar terminada—, le permitió a Scioli sortear ese impedimento. Se lo acusaba de no conocer la provincia de Buenos Aires y sus necesidades, pero durante su campaña recorrió diversos barrios mostrándose interesado en aportar un cambio con la ayuda económica de la Nación.

En esto jugó un papel importantísimo el aparato kirchnerista y en especial el Ministerio de Desarrollo Social: se desplegó una costosa campaña, y el clientelismo volvió a ser la vedette más codiciada especialmente en los partidos donde la gente tiene más necesidades. Así, muchos de los intendentes que apoyaron en su momento a Chiche Duhalde con carteles que rezaban “Queremos a Chiche”, se alinearon a los vencedores Néstor y Cristina obteniendo favores económicos para sus distritos y mejoras para sus imágenes desgastadas por la mala gestión y la derrota política.

Scioli asumió en una provincia cruzada por enorme problemas, un poder judicial saturado, corrupto, ineficiente y una policía con idénticas características, hechos que estiraron al máximo la tolerancia del orden. Pero la responsabilidad de la situación no tenía otro origen que la política: años de gestiones ineficientes, de manoseos políticos e intereses personales, degradaron instituciones tan necesarias para una gobernabilidad creíble y eficaz; ergo, el caos era algo inevitable, sea Scioli, o quien fuera el jefe del ejecutivo. El destino era el mismo, no se puede detener un tren sin control empujado por años de desmadre ni siquiera por un buen piloto.

No hay dudas de que nadie quiere hundirse en su propio barco, pero el inicio de su gestión no ha sido de las mejores. En distintas áreas, los problemas lejos de mejorar se han acentuado, tal vez no tanto por su propia acción, si no por —como lo decíamos— el desgaste de años de desidia.

Los hospitales se encuentran en una crisis terminal y no hay foto de entrega de ambulancias o inauguraciones que tape esta realidad.

En cuestiones sociales, muchos de los planes implementados no se están cumpliendo, y otros anunciados aún no están instrumentados, con lo cual, en ambos casos, sólo algunos pocos se benefician de ellos, si podemos llamar “beneficio” a la caridad.

Y hablando de subsidios, la entrega de estos sigue sin control, encontrando en el camino a aprovechadores que, sin necesidad económica, los perciben. Tan absurdo es el mecanismo irregular, que en algunos casos se otorga “planes” a mano de obra barata como el caso de integrantes de barras brava de clubes, que luego acuden a actos políticos, bien para alentar o en épocas de elecciones, como fuerza de choque.

En materia económica, la provincia arrastra un déficit que no se mejora ni con las mejores ocurrencias de Santiago Montoya, un funcionario cuestionado por exigir pagos tributarios, algo que —de acuerdo a sus propios antecedentes—parecía desconocer.

El Ministerio de Trabajo provincial es otro de los puntos débiles de la gestión, poca iniciativa, poco trabajo y mucha publicidad, pero de “hacer” poco y nada. Desde este medio hemos realizado varias denuncias por mal desempeño de funcionarios de esa cartera y todo parece ser demasiado lento, incluso una inspección por irregularidades laborales —por citar un ejemplo— lleva esperando ya 11 meses. ¿La excusa? la falta de inspectores, en este caso uno podría pensar, bueno, que contraten gente y baje el desempleo en la provincia de Buenos Aires, pero más no siempre es mejor, como es el caso de los inspectores de ARBA que, paradójicamente, se encuentran realizando medidas de fuerza por falta de pagos.

En cuanto a educación, la gestión no ha podido desanudar la problemática con los gremios y, si bien cada uno lleva agua para su molino, la realidad es que el nivel en las escuelas públicas es preocupante. En el mismo sentido, ya podemos considerar alarmante el nivel de deserción escolar. Si bien los recursos son escasos, varios Consejos Escolares de la provincia han tenido sendos escándalos por el uso discrecional de esos dineros.

En el ítem Justicia, la cosa se pone más oscura, las políticas implementadas años antes no han dado resultados satisfactorios y, como no hay nada mejor que un buen cachetazo para el inconsciente policíaco del argentino, era de esperar que se propusieran medidas polémicas para satisfacer ese espíritu de venganza de algunos que piensan, “si un pendejo chorro me afanó, que los metan presos a todos, y si ese no fue, también antes de que lo sea”. Estas medidas “huérfanas” no alcanzan para mejorar el sistema judicial, esto lo han dicho hasta el cansancio los juristas y profesionales. ¿Para qué tener las mejores medidas, si luego no se aplican? Es decir, se corre el mismo riesgo que hasta el momento: criminalizar la pobreza, alentar las “revanchas” mafiosas de quienes utilizan la ley como método de intimidación y castigo, pero por sobre todas las cosas, se terminan arruinando vidas de inocentes que “pagan” por los pecados de otros.

Por ello, deben existir reglas claras, pero también debe existir igualdad, el juez, el fiscal, el defensor, el policía, el político que no cumple con la ley o su función, debe tener responsabilidad.

De lo contrario parecería que los chicos delincuentes nacen delincuentes, y por eso entonces no tienen derechos, mientras que a funcionarios corruptos, se les concede arrestos domiciliarios, falta de mérito por el beneficio de la duda y otras comodidades a las que no todos acceden.

Parece que nadie se anima a mencionar que la verdadera fábrica de delincuentes surge de la mala política, de los “protegidos” que son todo servicio de políticos, de los funcionarios corruptos que proliferan creyendo que lo que no roben ellos vendrá otro y lo hará. De los desvíos de mercadería y fondos destinados a los más necesitados que aparecen a la venta en Paraguay, Santa Fe, Chaco y las fronteras del norte.


La inseguridad, esa “cosa rara” en boca de Scioli

He dejado el tema del Ministerio de Seguridad bonaerense para lo último, no porque sea lo más importante, sino porque es lo más visible: es lo que inquieta a la gente y hace que los políticos se equivoquen al hablar y, peor aún, en las medidas tomadas.

Scioli no es el responsable de la galopante inseguridad, mal que le pese a muchos. Podría escribir culpándolo de lo que ocurre por ser el gobernador, pero no deja de ser una víctima más de este entramado político peligroso, ha heredado una policía corrompida desde sus orígenes y, si el gobernador es responsable de asesorarse mal, nadie pretende que sea un experto en seguridad, pero sí debe tener la capacidad de darse cuenta que se han burlado de él.

Cuando Scioli accedió a un pedido de los jefes policiales de que les devuelvan sus jerarquías, ya que muchos añoraban el título de Comisario, se equivocó en el discurso, dijo –“quiero que la policía vuelva a sus años de gloria y que cada uno sepa quién es el comisario”, la realidad es que la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene un historial de gloria, sino todo lo contrario. Por años ha sido objeto de criticas y sospechas, y esto no desmerece a aquellos policías que sí son héroes, pero la realidad es otra, hay que empezar a decir las cosas por su nombre y en el día a día, la policía es corrupta. Ese nivel de corrupción, potenciado con la impunidad, ha llevado a que algunos efectivos crucen la delgada línea de la legalidad.

Se han intentado muchas fórmulas para depurar la institución —que debería ser garantía de seguridad y orden—, pero todas han fallado, porque se ve el árbol pero no el bosque.

Cuando uno dice corrupción, no habla de la corruptela del policía “manguero”, del que le cobra al quinielero, a la prostituta, al “transa” del barrio o el que les cobra peaje a los delincuentes de poca monta. Hay cosas que pocos periodistas parecen saber y que los políticos simulan desconocer, y más grave aún, ningún funcionario judicial quiere investigar. Hablamos de narcotráfico, secuestros, robos a entidades bancarias, trata de personas, operaciones ilegales sobre ciudadanos para intimidar, zonas liberadas y hasta vinculaciones con el terrorismo.

Ya se hablaba de lo difícil que era controlar algunas actividades non sanctas de los efectivos policiales cuando Felipe Solá luchaba con algunos miembros de la Justicia federal por desfederalizar las causas por infracción a la Ley 23.737, medida que por lo bajo se creía iba a permitir que “los muchachos” tuvieran una nueva caja chica con esas causas y aflojaran la ola de secuestros que tenía en jaque al gobierno provincial. Es decir, si la queja de la Justicia era la cantidad de causas que se acumulaban, no se entendía para qué sumar más trabajo, en realidad se buscaba darle más poder a la policía bonaerense y además una participación en las investigaciones por drogas. Poco a poco se comenzó a ver a la policía bonaerense en los medios, realizando operativos antidrogas, algo que históricamente realizaban las fuerzas federales. Como era de esperar, no tardaron en llegar los escándalos, las denuncias y las sospechas, pero muchos miraron para otro lado.

Los aprietes, secuestros y mejicaneadas no es algo nuevo en la policía bonaerense, como tampoco lo son los pases de factura.

Si la Auditoria de Asuntos Internos, realmente funcionara como una auditoria, encontraría que muchos efectivos policiales no pueden justificar sus bienes, su nivel de vida y mucho menos sus ascensos. No hace mucho, el periodista Ricardo Ragendorfer escribió un artículo —tímido a mi gusto— sobre los policías sospechados e involucrados en el secuestro del empresario Leonaldo Bergara, mencionó la relación de un comisionado con secuestros y personal a sus ordenes involucrado y hasta refirió que algunos jefes policiales pagan por sus destinos. Ahora bien, ¿alguién cree que esos pagos por destino son los ahorros de ese policía, gastados por el solo hecho de ir a dónde le gusta? no hay que ser muy inteligente para entender que sólo se trata de una inversión que se recuperará como sea.

Lo que nadie ha desmentido ni explicado en la denuncia del colega, es quién y cómo permite que esto pase, evidentemente fallan los controles.

Carlos Stornelli debe estar pasando uno de los peores momentos en su labor profesional, su prestigio —más allá de alguna objeción— se está dilatando con cada hecho de inseguridad y peor aún, se acelera con cada policía involucrado en un delito.

La policía de la provincia, al igual que los menores y los delincuentes, no se corrige con medidas efímeras, la mano dura no hizo más que alentar corrupción en la propia policía. Vale recordar en ese sentido el allanamiento a la Auditoria de Asuntos Internos, donde se denunciaba que se cobraban coimas para mejorar la situación de algún efectivo sometido a investigación.


Conclusión

El gobernador Daniel Scioli, tiene la invalorable oportunidad de pasar a la historia, asumiendo el riesgo de sanear, con criterio, los poderes del Estado provincial. Si no, seguirá brindando discursos momentáneos para los medios en los cuales nada de lo hecho ha dado resultados positivos.

Señor gobernador, usted tiene la obligación de asesorarse por gente honesta, por gente que no esté contaminada por el submundo de acuerdos y negocios impuros.

Hay demasiados intereses en juego en la provincia de Buenos Aires, no muy lejos de donde apareció Bergara existen lugares donde hay prostitución infantil desde hace años y nadie hace nada. Berazategui mismo es un partido signado por la droga y aún así es poco lo que se hace. Igual Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora.

Y en esto también hay una enorme hipocresía, ¿cuántos policías son adictos a las drogas?

En la policía, como en todos los órdenes de la vida, existe una línea que divide a los de abajo y a los de arriba.

Los pobres se drogan y venden “paco”, son perseguidos, mejicaneados y extorsionados por los de abajo, los policías que en muchos de los casos viven en los barrios de ellos o se han criado con ellos.

Los empresarios de los delitos, los narcos, negocian con jefes, funcionarios judiciales y políticos y rara vez terminan procesados o detenidos, salvo cuando alguien de más arriba cambia el juego.

Estoy convencido de que esta es su peor carrera señor gobernador, no dudo de su empeño, tampoco de su capacidad de superación; pero cuando una provincia involucra en sus decisiones la salud, la seguridad y la educación de los habitantes, los deseos sólo pueden ser el reconocimiento tácito del fracaso.