Los tribunales retomarán su ritmo de trabajo normal a partir del próximo lunes, tras el fin de la feria veraniega de enero, y se aguarda con expectación el avance de varios temas, entre ellos el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
    Además, la Corte también va a terminar recibiendo este año el expediente que definirá si represores deben seguir o no detenidos mientras no sean sometidos a juicio oral.
    Al respecto, la Cámara Nacional de Casación Penal tiene pendiente de resolución la apelación que presentó el fiscal Raúl Pleé para evitar que salga en libertad un grupo de ex militares, entre los que están los marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, acusados de delitos de lesa humanidad en la dictadura.
    Precisamente, la Sala II de Casación había dictado esas excarcelaciones por el tiempo que llevan ya tras las rejas sin sentencia —desde 2003—, pero la apelación del fiscal se presentó sobre el final de la feria judicial y congeló momentáneamente esa salida.
    Según fuentes judiciales, si la Cámara rechaza la medida los represores tendrían que salir en libertad, más allá de que la Fiscalía quede habilitada, por el recurso de la queja, a llegar hasta la Corte Suprema.
    En los tribunales se está intentado concretar este año varios de los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos.
    En la Corte Suprema, en tanto, el fallo más esperado gira en torno a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, donde, si bien se analizará un hecho puntual, el fallo sentará jurisprudencia.
    El máximo tribunal también tiene previsto para mediados de febrero una audiencia pública en la que se debatirá sobre la tala indiscriminada de bosques en Salta, en el marco de un planteo presentado por comunidades indígenas que presentaron un amparo contra la provincia de Salta y el Estado Nacional para frenar los desmontes.

Luis Tarullo