El mundo está más que revuelto y la Argentina otro tanto. Mientras la crisis global no cesa de escalar, los signos son cada vez más desastrosos y ya han comenzado a escucharse predicciones casi apocalípticas de un cierre generalizado de las economías, de pobreza extrema y hasta de guerras nucleares y mientras aquí la sociedad observa como los jóvenes buscan llamar la atención de los adultos y reproducen masivamente en la Costa las conductas violentas que a diario se verifican en todas partes, el gobierno nacional hace como que mira para otro lado.
    Disimular la realidad se ha convertido en una religión para la administración de Cristina Fernández de Kirchner, un poco por falta de equipos técnicos, pero en buena parte porque de esa manera se quiere operar desde lo más alto del poder: mostrar una actitud ganadora, voluntarista si se quiere, para generar así un sentimiento de optimismo y de confianza que le dé impulso al consumo interno, con la esperanza de que ello evite las pérdidas de puestos de trabajo, aunque en el medio aparezcan las discusiones paritarias que exijan la adecuación de los salarios.
    En ese sentido, fue que la Presidenta dijo durante la semana que los trabajadores, música para los oídos de Hugo Moyano, "tienen que acceder a un salario digno para poder seguir consumiendo". El argumento, que estuvo casi en línea con las manifestaciones de los líderes cegetistas sobre la necesidad de no tener ni pisos ni techos en las paritarias o con la pretensión de sostener el poder de compra de los trabajadores y mantener el nivel de empleo, caras contrapuestas de una misma moneda, marca claramente que la Casa Rosada se está alineando con la tradicional concepción peronista de cerrar la economía y de privilegiar el mercado interno.
    En estos tiempos de crisis, quienes están preocupados por las dificultades a nivel global observan que, en el extremo, si todos los países producen el cierre de sus economías, casi como en el juego del dominó cuando quedan fichas en la mano que nadie puede colocar en la mesa, desaparecería el comercio mundial y sobrevendría el caos por apropiarse de lo que no se consigue de modo racional. Este fue el motivo central, por el cual Brasil desactivó inmediatamente una decisión que sorprendió al mundo y a sus socios del Mercosur en particular, de poner licencias previas de importación a buena parte de los productos que compraba al exterior, entre ellos muchos de la Argentina.
    La situación fue explicada como un cortocircuito entre dos ministros, un día después que un funcionario brasileño pareció abrir el paraguas cuando dijo en Buenos Aires que la balanza comercial brasileña y la bilateral con la Argentina iban a caer 40% en enero, cifra que los funcionarios argentinos buscaron rectificar a toda costa, aún negando lo que los grabadores reproducían, para no pinchar la ola de buenas noticias que todos ellos tienen la obligación de comunicar. Casi un remedo de Fernando de la Rúa.
    En este pequeño detalle casi trivial, que no deja de ser una apretada más hacia la labor de la prensa, se notó de manera muy clara no sólo las diferencias en el modo de encarar la crisis, sino la de los estilos, ya que mientras aquí la gran preocupación es que si hay miseria, que no se note, Brasil no esperó que la situación se le escapara de las manos y en 24 horas volvió para atrás, pese a que la caída del comercio los tiene contra las cuerdas.
    Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez quien llamó por teléfono a su par brasileño para pedirle que recapacite, mientras la Cancillería argentina, paralizada, sólo dejó trascender que quizás al día siguiente el tema podría llegar a merecer una queja formal y un comentario crítico de la Presidenta, olvidando que algunos sectores locales hoy están protegidos con mecanismos parecidos a los que había sido decididos por Brasil.
    En verdad, los grandes promotores de la marcha atrás del gobierno brasileño fueron los industriales paulistas, ya que muchos de ellos son importadores de insumos que procesan y luego venden al mundo, quienes observaron que un cierre de la economía de su país podía exponerlos a represalias del exterior. Así se lo dijeron desde San Pablo al presidente Lula, quien en 24 horas arregló el desaguisado con una vuelta atrás inolvidable. Probablemente, el mayor realismo de Lula y el hecho de sentir que hoy Brasil juega en las grandes ligas le hizo pronunciar palabras que marcan una preocupación que no parece advertirse en el gobierno argentino, en línea con lo que había charlado telefónicamente un día antes, durante más de media hora, con el presidente Barack Obama: "el proteccionismo va a agrandar la crisis, no a resolverla. Es importante que los países ricos no olviden nunca que han sido ellos los que inventaron esta historia de que el comercio podía fluir libremente". Hay conciencia internacional de que la recuperación deberá darse a nivel global y Brasil, junto a México conductores de la región, se acaba de alinear en ese sentido.
    Pese a todos estos movimientos en el tablero internacional, que la Argentina sigue boquiabierta desde la tribuna, los temas domésticos parecen preocupar al Gobierno más que las consecuencias de la crisis. La Argentina sigue insistiendo en que la protege una suerte de blindaje y hoy la obsesión mayor del kirchnerismo pasa antes por las elecciones de octubre. Para su actual estrategia en ese sentido, cualquier otro problema deberá ser subordinado a la necesidad de no perder la mayoría en el Congreso, aunque esta decisión sea aprovechada por algunos sectores (obras sociales sindicales, gobernadores, eventuales aliados) para sacar partido de esa necesidad.
    Esta es también la explicación del por qué Cristina ha sido sometida en estos días a una serie de apariciones públicas que la mostraron proactiva y preocupada por acercarse al campo, por ejemplo, y por inyectarle demanda a la economía. Por otro lado, quienes dicen cuidar la imagen de la Presidenta suponen que su presencia permanente ante las cámaras es una buena manera de mostrarla en tareas de decisión ejecutiva, para amortiguar cierta creencia que se ha instalado de que quien le escribe los libretos es su esposo, lo que explicaría por qué se preocupó tanto en aclarar que las mujeres son "doble turno" y que ella misma es funcionaria y ama de casa.
    Pero, lo cierto es que en ningún lugar del mundo, un presidente (o presidenta) sirve tanto para un barrido como para un fregado como aquí, situación que, agregada a su propia pasión por improvisar los discursos, la expone a fallidos, equivocaciones o a que se desmerezca su investidura. El caso más notable de la semana fueron los anuncios que ella mismo hizo sobre el canje de calefones, termotanques, cocinas y lavarropas a pedido de "muchas mujeres", con detalle preciso de modelos, precios, cuotas y hasta con el costo de los gasistas matriculados para desinstalar e instalar los artefactos nuevos.
    En general, pese a que se notó que la Presidenta estaba realmente divertida, la prensa o bien se mostró proclive a esconder los anuncios desnudando cierto pudor por su discurso, lo que fue criticado desde el Gobierno como si no haber publicado la noticia en las primeras planas fuese un boicot a la propuesta, o bien se ensañó de modo caricaturesco con el símil del "llame ya" que representó Cristina en su papel casi de promotora de casa de electrodomésticos. El lunes, en medio de un anuncio dedicado a la firma de un Convenio para la ejecución de obras públicas, la Presidenta decidió avanzar con la Emergencia Económica para el campo, con un difirimiento impositivo de un año, entre febrero y julio, para tres impuestos y la anulación de las Cartas de Porte, una decisión tomada sólo para irritar a la Federación Agraria de Buzzi y de Angelis. El tema, tal como fue presentado, indignó a los productores de quienes temen nuevas agachadas de quienes tienen que instrumentar el operativo, tal como manda la Ley. Para los que siguen con atención las cuentas fiscales, el tema conlleva también un sacrificio impositivo importante, que le restará capacidad de fuego a las arcas del Tesoro en $ 2.500 millones aproximadamente, ya que otra cifra similar deberá ser absorbida por las provincias, las que no están en general en condiciones de resignar recaudación. Como en 2009 se considera que todo peso sobrante tendrá destino electoral, es bien importante como señal política de acercamiento al campo lo que ha ocurrido.
    La cuestión fiscal tiene otra arista, que surge de los aumentos de la electricidad que el Gobierno se ha decidido defender a capa y espada, apelando la presentación judicial promovida por el Defensor del Pueblo que, por ahora, sólo prohíbe los cortes. Más allá de que el malhumor de los afectados va en aumento, entre ellos muchas familias humildes que necesitan electricidad para accionar la bomba que les provee de agua, los incrementos irán a bajar subsidios que se entregaban a las distribuidoras. Después de cinco años y sin ponerse colorado, el ministro Julio De Vido coincidió con muchos de sus críticos y dijo que no consideraba "lógico ni justo que el Gobierno, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, estuviera subsidiando este consumo" y que esos fondos se hacían necesarios para otras prioridades como salud y educación.
    La prioridad de financiar estos mismos ítems fue la que defendió la Presidenta el día del discurso de la línea blanca, cuando en relación al canje de deuda dijo que pagar significaba "sustraer recursos de otros sectores de la economía y normalmente los más vulnerables, a los que tiene que defender el Estado. Está sustrayendo recursos de la obra pública o de la salud o de la educación para aplicarlos al pago de la deuda", lo que podría significar que las deudas no deberían pagarse nunca si las malas administraciones no hacen lo que deben por los más postergados. Justamente, el canje de bonos fue otra de las cuestiones empujadas desde el Gobierno para demostrar confianza, ya que se presentó una postergación como un rotundo éxito, debido a que los bancos (muchos oficiales) y la ANSeS consiguieron excelentes condiciones para sacarse de encima los títulos presuntamente garantizados por la recaudación. Todo un acto de prestidigitación en línea con el hop-hop gubernamental, que sirvió para justificar casi un default.

Hugo Grimaldi