Para los latinoamericanos y los
argentinos, la inseguridad ciudadana es uno de sus principales problemas
diarios; por eso, exigen soluciones.
Se ha difundido la idea de que se deben apoyar políticas de
"mano dura" y esa visión significa un tratamiento básicamente policial de todo
el problema, enfatizado en medidas como dar más facultades a la policía, bajar
la edad de encarcelamiento, acelerar los juicios, implantar penas más severas,
etc.
Sin embargo, los países que han aplicado "mano dura" han
fracasado en reducir el delito. En El Salvador, Guatemala y Honduras, que la
aplicaron, las cifras de inseguridad ascendieron y el número de miembros de las
maras (pandillas juveniles) aumentó.
¿Por qué? Hay que diferenciar diversos tipos de delincuencia. Está por
un lado el crimen organizado, las bandas del narcotráfico, el secuestro, el
tráfico de personas y otras. Es imprescindible que la sociedad se defienda y las
desarticule, aplicando el máximo peso de la ley. Ello requiere apoyar una
renovación profunda de las instituciones policiales, modernizándolas, dotándolas
de recursos y de capacidades técnicas.
Pero hay otro problema muy diferente: la delincuencia
juvenil. Los delitos de menores, que pueden comenzar por robos pequeños e ir
escalando. El fenómeno está profundamente ligado a que uno de cada cuatro
jóvenes latinoamericanos está fuera del sistema educativo y del mercado de
trabajo. Carecen, en muchos casos, también de un marco familiar. La pobreza
causó su deserción escolar y desmembró sus familias. Su acorralamiento social
los hace vulnerables al delito.
La delincuencia juvenil en América latina requiere políticas
activas de trabajo para jóvenes desfavorecidos, más educación, más protección de
sus familias y servicios.
A la misma conclusión se llegó en los EE.UU. Dice el New
York Times que "la política pública debería desestimular a los jóvenes de
formar parte de gangs, reteniéndolos en la escuela, consiguiéndoles trabajos y
dándoles programas de servicios sociales y de consejería". El Congreso
estadounidense aprobó, por otra parte recientemente, la "Ley de la Segunda
Oportunidad", que obliga al Estado a apoyar y a tratar de insertar a los que
salen de las prisiones.
La mano dura agrava el problema en lugar de solucionarlo.
Ha llevado a empujar aún más lejos de la sociedad a los
jóvenes en riesgo y a llenar las cárceles de ellos.
Los países exitosos en seguridad ciudadana no han sido los de
tolerancia cero, sino los de exclusión cero. Las menores tasas de delincuencia
las tienen países como Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Sin embargo,
tienen el menor número de policías por habitante.
Su éxito está en que han logrado abrirles plenas
oportunidades de inclusión a los jóvenes. Tienen garantizados salud, educación,
posibilidades de trabajo y hay fuerte protección a la familia.
Hay que renovar el debate nacional sobre el tema. Es
necesario pasar a políticas más integrales. Junto a fortalecer a la Policía para
enfrentar el crimen organizado, sanearla y profesionalizarla es imprescindible
plantear alternativas a la juventud excluida.
El presidente Lula termina de lanzar un programa en gran
escala en esa dirección: "Tierra de Paz". Con él se propone enfrentar la grave
situación de criminalidad en las favelas de Río, con una inversión de más de 580
millones de dólares, dedicada a inundarlas de servicios de salud, escuelas,
oportunidades de capacitación, de deportes y desarrollo cultural. En la
Argentina, el ministerio de Educación ha ofrecido a los jóvenes que no
terminaron la secundaria apoyos de toda índole para que puedan completarla; hubo
una estimulante respuesta.
América latina está en una encrucijada frente al fundamental
problema de garantizar seguridad a sus ciudadanos: mano dura, que significa "más
de lo mismo" que viene fracasando, o una respuesta integral.
Bernardo Kliksberg