El poco creíble fundamento oficial para el anticipo de las elecciones legislativas sostiene la necesidad de atender los desafíos que enfrenta el país frente a la crisis internacional y, por ello, la inconveniencia de tener que afrontar una extensa campaña electoral.
    Como ya parece una costumbre, esta iniciativa del actual Gobierno obligará a repetir argumentos contradictorios a algunos de sus referentes, quienes en su momento defendieron como una mejora de la calidad institucional la reforma de 2004 que propició Néstor Kirchner y que ahora tendrán que fundamentar su cambio.
    Uno de los defensores de aquel proyecto, el senador Miguel Angel Pichetto, el 10 de noviembre de 2004 se refirió en la Cámara Alta a la iniciativa gubernamental de establecer una fecha fija de elecciones nacionales, como algo basado "fundamentalmente con un criterio de ordenamiento institucional, de prudencia institucional".
    El actual jefe de la bancada oficialista agregó también que en ese momento se propiciaba el proyecto de unificación de la fecha electoral "porque consideramos que es conveniente a los intereses del país para evitar el dispendio y para que no se tenga jaqueada a la comunidad con un debate electoral durante todo el año".
    Pero además, al señalar que será "por única vez y con carácter excepcional", el actual proyecto deja la puerta abierta para otras manipulaciones, ya en la Argentina eso significa todo lo contrario: probablemente, como otras medidas similares, el cambio propuesto se convertirá en algo habitual.
    Si el fundamento del Gobierno fuera lógico, en Chile y Uruguay, que tienen elecciones presidenciales y legislativas a fin de año, y campañas más largas, deberían hacer lo mismo. No lo hacen porque desde el punto de vista institucional son más previsibles que la Argentina, pues al igual que los Estados Unidos sus constituciones establecen una fecha fija para las elecciones que alcanza a todos los cargos nacionales, con lo cual se impide que el gobierno de turno intente manipular la fecha de votación, de acuerdo a su conveniencia política.
    Lamentablemente, los constituyentes de 1994 no tuvieron la misma previsión para la Argentina, ya que el artículo 95 de la versión reformada de la Constitución Nacional dispone, solamente para el presidente y vicepresidente de la Nación, que "la elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio", sin incluir el resto de los cargos electivos nacionales: diputados y senadores.
    En todo caso, está demasiado claro que el objetivo real de modificar el Código Electoral Nacional, en el que se establece que las elecciones nacionales se realizarán el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, es evitar que el kirchnerismo sufra en esa fecha un importante contraste, pues para ese entonces podrían sentirse mucho más los efectos del desempleo y la pobreza.
    De todas formas, no deja de resultar paradójico que se pretenda modificar ahora una de las pocas leyes sensatas sancionadas con un amplio consenso durante el kirchnerismo.
    Alguien más coherente que el senador Pichetto, seguramente ha sido su colega socialista Rubén Giustiniani, cuyo partido rechazó a la propuesta de adelantamiento de las elecciones. En efecto, cuando se introdujo la reforma de la fecha en 2004, Giustiniani sostuvo que "el sistema político argentino, como cualquier sistema político, necesita de un grado de racionalidad, de previsión y no de manipulación, como hemos estado acostumbrados en nuestra historia".
    También vale la pena recordar algunos de los argumentos que se volcaron por entonces a favor de la medida del Ejecutivo. Por ejemplo, el diputado riojano Julio César Martínez (UCR) consideró que "esto es nada más y nada menos, lo que hacen otros países desde hace mucho tiempo. Esto atañe a la calidad institucional y debe ser imitado. No se trata de una cuestión de derecha o de izquierda, sino que atañe al sentido común y a la racionalidad que debemos adoptar", señalaba.
    Por su parte, la diputada Lilia Puig de Stubrin se anticipaba, sin saberlo, a "pegarle por izquierda" a la actual iniciativa de Cristina de Kirchner, advirtiendo que "no se construyen racionalidades institucionales desde perspectivas económicas, salvo que se adhiera a las concepciones conservadoras de la teoría económica de la democracia".
    En definitiva, esta iniciativa que pretende una vez más alterar las reglas del juego en la Argentina, arrima además argumentos a quienes piensan que su puesta en marcha se debe a la mezquindad del gobierno nacional, que así estaría demostrando su desprecio por la calidad institucional del país y, a la vez, que estaría reconociendo implícitamente las debilidades de su política económica.

Gabriel Salvia